La creación de una instancia de conciliación en materia tributaria previa al juicio de nulidad fiscal
| Autor | Dr. J. Arturo Sánchez Aceves |
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La jurisdicción administrativa, catalogada como el grado más elevado de la protección jurídica del gobernado frente a la Administración Pública, no es el único camino que actualmente tiene el particular para impugnar actos administrativos que sean considerados ilegales. Se cuenta ahora con la regulación del procedimiento administrativo, la responsabilidad económica de la administración, el control de la Informática, y el Ombudsman.1
Desafortunadamente, en nuestro país, los últimos tres instrumentos mencionados con anterioridad, fueron olvidados completamente de las normas constitucionales y legales durante largo tiempo, y no fue sino hasta de manera muy reciente, en que se han comenzado a desarrollar sus instituciones.
Basta mencionar que todas estas figuras fueron introducidas formalmente a nivel federal con el inicio del presente siglo. Así, tenemos que el artículo 113 constitucional que viene a establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, apenas entró en vigor en el año de 2004, aunque para 2003 ya estaba en vigor el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que contempla al Instituto Federal de Acceso a la Informática (IFAI), fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
Por último, La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que viene a introducir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es de 4 de septiembre de 2006, Sin Page 2 embargo, este órgano no ha podido todavía iniciar sus labores propiamente, debido a la impugnación de diversos preceptos a esta Ley, por parte principalmente de la Procuraduría General de la República.2
Estos medios de defensa del gobernado, han tenido desafortunadamente una evolución lenta, y desafortunadamente dejan todavía mucho que desear, sin embargo, es tiempo de comenzar a buscar fórmulas para poder aprovechar a estas Instituciones y evitar que se conviertan en "elefantes blancos".
En este trabajo, se propone crear una instancia de conciliación tributaria, en donde el tercero conciliador sería la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, actuando como un ombudsman tributario, situación que pensamos se justifica plenamente, pues este órgano público, reúne las características adecuadas para llevar a cabo una encomienda de esta naturaleza, si bien se requeriría realizar reformas legales para ampliar su competencia, por un lado, y por el otro, otorgar a las autoridades fiscales facultades para que puedan llegar a acuerdos de esta naturaleza con los contribuyentes.
Dos finalidades principales tendrían la creación de este tipo de medio alternativo de solución de controversias. En primer lugar, otorgar a los contribuyentes con menor capacidad económica, un nuevo medio de defensa, a través del cual, con ciertas limitantes, y de manera excepcional, podrían llegar a un arreglo amistoso con las autoridades administrativas, de manera rápida, ágil y segura.
La segunda, constituirse como una forma indirecta de paliar el grave problema que representa para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la fuerte carga de trabajo por las grandes cantidades de demandas que se han venido presentando en los últimos años.
Creemos que en los tiempos por venir, será necesario encontrar fórmulas novedosas, a través de medios alternativos, que permitan a los gobernados, especialmente a los que tienen escasa capacidad económica, encontrar una manera más fácil y económica de defender sus intereses, y que mediante diferentes medidas, se evite poner en riesgo el cumplimiento del precepto constitucional de justicia pronta, completa y expedita, por parte de los tribunales mexicanos.
No se debe pensar, como ha medida sucede, que la jurisdicción administrativa y los recursos administrativos, son los únicos medios de la justicia administrativa. Page 3
Siguiendo las ideas de Héctor Fix-Zamudio, tenemos que existen también otros instrumentos jurídicos de protección de los gobernados frente a la Administración Pública, como son: la regulación del procedimiento administrativo, la responsabilidad económica de la administración, el control de la Informática, y el Ombudsman.3 A continuación desarrollaremos de manera somera cada una de estos instrumentos.
Sin lugar a dudas, el instrumento de protección más importante que los gobernados tienen frente al actuar de la administración pública, es el de la jurisdicción administrativa, toda vez que el establecimiento de tribunales administrativos, vino a revolucionar en su momento, a nuestro sistema jurídico.
Lo característica de estos tribunales de lo contencioso administrativo, además de su particular naturaleza, al no haber sido introducidos dentro del Poder Judicial, "estriba en la existencia de un litigio entre particulares y la administración".4
La importancia de la justicia administrativa radica en la posibilidad que tienen estos tribunales administrativos de decidir en forma definitiva los conflictos entre gobernado y autoridades administrativas, pero en un ámbito jurisdiccional.
De esta manera, tenemos que en un país que se precie de contar con verdadero estado de derecho, resulta indispensable que se regule de manera precisa, a las autoridades administrativas, tanto las facultades que se otorgan de forma reglada, como las discrecionales, a fin de otorgar al gobernado seguridad jurídica frente a la administración, y que en el supuesto de que éstas no obren de conformidad con las normas legales, entonces el particular podrá acudir a los tribunales administrativos, en contra de ese ilegal actuar de las autoridades, para que de manera imparcial, y mediante una sentencia de índole jurisdiccional, se protejan sus intereses.
Se trata pues del instrumento de justicia administrativa que asume la mayor eficacia para la protección jurídica de los gobernados.
De particular importancia también es la regulación del procedimiento administrativo, pues a través de ésta, se otorga seguridad jurídica al gobernado, para que conozca cuáles son y qué alcances tienen las facultades y competencias de las autoridades administrativas.
De esta manera, cuando las autoridades administrativas realizan actuaciones fuera del marco legal, los gobernados podrán acudir ante éstas, a través de los recursos administrativos. Page 4
Estos medios constituyen "... un procedimiento legal de que dispone el particular, que ha sido afectado en sus derechos jurídicamente tutelados por un acto administrativo determinado, con el fin de obtener de la autoridad administrativa una revisión del propio acto que emitió, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de que ella encuentre demostrada la ilegalidad del mismo a partir de los agravios esgrimidos por el gobernador".5
En teoría, este instrumento debe observarse, no sólo como una forma más de defensa de los gobernados, sino también como una oportunidad que tienen las autoridades administrativas, para que revisen su actuar, por lo que no es una manera litigiosa de resolver conflictos.
Otro instrumento que es mencionado en...
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