Iniciativas 'congeladas
De los 32 estados, sólo 14 cuentan con una legislación que permite la apertura de datos.
El PAN ha denunciado que varios proyectos estatales se encuentran en la congeladora por falta de voluntades políticas. En Chiapas, la iniciativa se analiza desde mayo del 2001; en Oaxaca, desde julio del 2002; en Puebla, desde abril del 2002; en Tlaxcala, desde febrero del 2002; en Quintana Roo, desde noviembre del 2002 y en Guerrero desde junio de este año.
La aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del DF, aprobada el 17 de diciembre del 2002, se ha visto empantanada por la oposición del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a instalar el consejo.
Al vetar oficialmente la ley, el 29 de enero, López Obrador envía observaciones entre las que destaca su negativa a crear otra estructura burocrática más.
Los diputados de la ALDF deciden ignorar las observaciones de López Obrador y aprueban el nuevo dictamen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 18 de febrero.
Un día después, el Jefe de Gobierno acepta la ley y afirma que sí la publicaría.
El 8 de mayo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entra en vigor tras ser publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Cumplido ese requisito legal, la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF inicia el 17 de junio la búsqueda de miembros del Consejo de Información Pública del DF, órgano que regulará la entrada en vigor de la ley entre periodistas, ex funcionarios del gobierno de la Ciudad y expertos en derecho administrativo.
Inconforme con la integración del organismo, el gobierno capitalino presenta el 15 de julio una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que acusa a la Asamblea Legislativa de extralimitarse en sus facultades.
López Obrador exige además que los consejeros no cobren salario por desempeñar su función, y anuncia que no liberará los fondos para instalar el consejo hasta que la SCJN resuelva su demanda.
Luego, el 4 de agosto anuncia que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información está vigente más allá de la integración del consejo del ramo, por lo que cualquier ciudadano puede apelar a ese ordenamiento para requerir datos de la administración local.
En un intento por salvar la situación, la Asamblea Legislativa ofrece al gobierno a principios de agosto volver a realizar el proceso de selección de consejeros si retira la impugnación.
El 14 de noviembre, la Suprema Corte de...
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