Iniciativa Que reforma la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
| Fecha de registro | 04 Octubre 2001 |
| Fecha de publicación | 04 Octubre 2001 |
| Sesión | 1° Ordinario |
| Estatus | PUBLICADO EN D.O.F., Aprobado, 20/12/2001 |
| Autor de la iniciativa | Ejecutivo Federal |
| Emisor | Cámara de Senadores |
| Legislatura | LVIII |
OFICIO CON EL QUE REMITE INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL.
SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
MÉXICO, D.F., 3 DE OCTUBRE DE 2001.
CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN
PRESENTES.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a
ustedes Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro
Documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración.
Atentamente
El Director General de Gobierno
LIC. M. HUMBERTO AGUILAR CORONADO
C. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE
SENADORES DEL H. CONGRESO
DE LA UNION
Presente.
En nuestro país, la seguridad social ha estado indisolublemente vinculada con las aspiraciones de bienestar de la
población. En particular, desde su fundación en 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido el pilar
fundamental de la seguridad y la solidaridad sociales, como expresión del esfuerzo y el trabajo de millones de
mexicanos, y como muestra tangible de una fructífera y ejemplar concurrencia entre los sectores productivos en la
consecución del bienestar general de sus derechohabientes y la sociedad en general.
El Instituto es hoy la mayor institución en la atención de la salud y en la protección social de los mexicanos.
Combina la excelencia en la investigación y la práctica médica, con el servicio a sus derechohabientes y la
administración de los recursos para el retiro de sus asegurados. Atiende a casi el 50% de la población en sus
distintos servicios; realiza el 25% de la investigación médica nacional y casi tres cuartas partes de los trasplantes de
órganos vitales; posee el 37% de las camas hospitalarias; cubre, asimismo, las pensiones de un millón 900 mil
jubilados y pensionados; atiende diariamente a más de 100 mil niños en sus guarderías; como segunda autoridad
fiscal del país, recaudará en el 2001 alrededor de 90 mil millones de pesos por concepto de cuotas obrero-
patronales; posee el 50 por ciento de las acciones de Afore XXI y cuenta, por el momento, con 23 mil millones de
pesos constituidos en reservas de garantía para los distintos ramos de aseguramiento.
Como instrumento básico de la seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, verdadero orgullo
nacional, ha vivido distintas etapas, acordes al ritmo de desarrollo del país y al crecimiento previsible de la
economía. Para responder a las circunstancias siempre cambiantes, el marco legal, administrativo y operativo de la
institución ha debido adaptarse de tiempo en tiempo, con la opinión de su Asamblea General y Consejo Técnico, la
convicción del Ejecutivo Federal y la decisión del Poder Legislativo.
En 1995, el Congreso de la Unión determinó la necesidad de emitir una nueva Ley del Seguro Social, decidiendo
que, por su trascendencia, se dispusiera de un año
y medio, para difundir sus alcances y realizar las adecuaciones de carácter operativo y procedimental
indispensables.
Esta nueva Ley representó el inicio de una etapa de consolidación para el Instituto Mexicano del Seguro Social y
significó un paso más en su afirmación co mo organismo de carácter público, de integración tripartita y con una
orientación decidida hacia la solidaridad social y el bienestar de la población.
La nueva Ley del Seguro Social permitió generar la gran arquitectura de la seguridad social para el nuevo siglo.
Los cambios introducidos representaron avances indudables. La reforma proporcionó a los derechohabientes mayor
certidumbre en el régimen de pensiones, estableciendo cuentas individuales de retiro y garantizando la cobertura de
las pensiones de más de 10 millones de trabajadores comprendidos en el apartado "A" del Artículo 123 de nuestra
Carta Magna, con derechos de retiro conforme a las disposiciones legales; generó nuevas condiciones para otorgar
mayor seguridad y motivó la prevención de riesgos laborales, al establecer el cálculo de la prima de Riesgos de
Trabajo de conformidad con un índice de siniestralidad acorde al esfuerzo e inversión realizado por los patrones
para prevenir accidentes y enfermedades en los centros laborales, y propició una mayor equidad de género, al
consolidar el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.
De igual forma, se dispuso la reorganización del Seguro Social, estableciendo el seguro de Enfermedades y
Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, e incorporando
como Seguro al de Guarderías y Prestaciones Sociales. Al mismo tiempo, se mantuvo el concepto de reservas
suficientes para garantizar a los derechohabientes incorporados al nuevo régimen jurídico, su disfrute de derechos,
mismas que empezaron a ser fondeadas con recursos presupuestales a partir del año de 1999.
Con el establecimiento del Seguro de Salud para la Familia, el fortalecimiento del régimen de incorporación para
Trabajadores Estacionales del Campo y la administración que, por cuenta del Gobierno Federal, el Instituto hace
del programa IMSS-Solidaridad, los grupos más desprotegidos de la sociedad disponen también de un mecanismo
de acceso a la seguridad social. Estas vertientes han permitido la incorporación a algunos de los ramos de
aseguramiento de importantes núcleos de población indígena, campesina, jornaleros agrícolas y otros sectores
ubicados en actividades no formales de la economía.
Es indudable que el Instituto sigue siendo un elemento fundamental para la redistribución del ingreso nacional,
mediante la generación de ahorro interno y la protección de la salud de cerca de la mitad de la población, además
de otorgar cobertura solidaria a 11 millones adicionales de campesinos e indígenas en las zonas rurales. Es por ello
indudable que la seguridad social y la persistencia del Instituto Mexicano del Seguro Social como una institución
fundamental en esta materia, se encuentran en un lugar preponderante en la agenda de mi Gobierno, de los partidos
políticos y de sus grupos parlamentarios.
La legítima preocupación del Congreso de la Unión por asegurar que el Instituto Mexicano del Seguro Social
disponga de las capacidades suficientes para seguir respondiendo a las expectativas de sus derechohabientes y de la
sociedad en su conjunto, generó en los últimos años varias iniciativas de modificaciones a la Ley del Seguro
Social, algunas de ellas aprobadas por la Cámara de Diputados, relativas, entre otras temáticas, al monto de las
pensiones en curso de pago, a personas con discapacidad, la valoración de los riesgos de trabajo y la posibilidad de
contratación de servicios operables de manera externa.
A efecto de considerar la problemática en su conjunto" en diciembre de 2000 el Senado de la República adoptó un
punto de acuerdo, en el cual se difirió la votación de I~s minutas pendientes de resolución, estableciéndose el
compromiso de realizar estudios tendientes a considerar la problemática de las pensiones, los servicios y las
prestaciones que otorga el Instituto a todos sus derechohabientes, en todas sus dimensiones, a efecto de evitar que
una posible solución a uno de sus problemas, afectara al conjunto de obligaciones institucionales que se pretende
garantizar. Entretanto se realizaran los estudios pertinentes, la Cámara de Diputados determinó incluir en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001, un pago único en apoyo a la economía de
jubilados y pensionados, el cual se cubrió en tiempo y forma por el Ejecutivo. Federal en el pasado mes de mayo.
Ha existido plena coincidencia entre el sentir del Legislativo, la preocupación de los Sectores Obrero y Patronal y
la visión y convicción del Ejecutivo a mi cargo, para apoyar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Como lo
señalara el pasado mes de marzo, en ocasión de su Octogésima Octava Asamblea General, nuestro objetivo es
inyectarle al Seguro Social un segundo gran impulso para, juntos, Legislativo, Sectores y Gobierno, trabajando en
equipo, colocarlo a la vanguardia
de los sistemas de seguridad social en el mundo y convertirlo en un eficiente ariete para superar la marginación e
injusticia que aún laceran a nuestro país.
De ahí que, para consolidar lo que se ha logrado y afirmar el carácter solidario y redistribuidor del ingreso del
Instituto, se hace necesario persistir y profundizar en los propósitos fundamentales establecidos por el Legislativo
en la propia Ley del Seguro Social, a efecto de que el Instituto disponga de los recursos y las capacidades
necesarias para garantizar sus deberes, proporcionar servicios de calidad y expandir la cobertura conforme a las
necesidades de la población derechohabiente.
En correspondencia con este sentir concurrente del Legislativo, el Ejecutivo y la representación obrero-patronal, el
Consejo Técnico del Instituto dispuso la realización de los estudios actuariales necesarios para dimensionar la
problemática y adecuar al Instituto a sus nuevas circunstancias.
Asimismo, la Asamblea General, en la Octogésimo Octava sesión ordinaria, aprobó la realización de un programa
de trabajo para elevar la calidad y calidez de los servicios del Instituto, fortalecer el Primer Nivel de Atención,
modernizar el manejo presupuestal, introducir tecnologías de la información en los procesos institucionales,
profesionalizar y adecuar la administración de personal y establecer un régimen más transparente para la creación
de reservas de los distintos ramos de aseguramiento.
En este sentido, si bien la salud financiera del Instituto no constituye un fin en sí mismo, se percibe como el medio
indispensable para que el Seguro Social alcance sus propósitos. Si se quiere llevar al Instituto hacia la cobertura de
servicios con la calidad y calidez que la población exige; si se pretende que siga siendo garantía para un retiro
digno y una pensión segura; si se busca que el Instituto extienda su manto solidario a mayores núcleos de
población; si se necesita que persista como una institución solidaria y viable en el presente siglo, es indispensable
enfrentar los retos y fortalecer al Instituto, removiendo los obstáculos y proveyendo las condiciones indispensables
para garantizar su sustentabilidad y operación en el largo plazo.
El Instituto se enfrenta a los desafíos propios de una sociedad madura, profundamente urbana, democrática y
participativa. El país está viviendo una transición demográfica y epidemiológica; su realidad socioeconómica está
experimentando significativas transformaciones; y la sociedad, informada y demandante como es, no sólo exige un
servicio completo, sino que demanda mejores opciones, calidad e información suficiente y oportuna.
La pirámide poblacional ha cambiado de manera definitiva. Pasamos de ser un país con una población
eminentemente joven, a ubicarnos en el umbral de una situación intermedia en la cual, por vez primera en la
historia, el segmento de población que crecerá más rápido en la presente década, será el de 65 años y más. Esto es,
la población del país empieza a adquirir un perfil demográfico con mayores núcleos de población en edad de retiro.
Adicionalmente, como resultado de un rezago en la afiliación de importantes núcleos de trabajadores, es previsible
que en el futuro inmediato, el ritmo de afiliación a la seguridad social crezca de manera más acelerada que el
propio crecimiento de la economía. Esto es, el ritmo de crecimiento necesario para el Instituto en los próximos
años habrá de ser significativamente mayor que el crecimiento esperado de la economía y de la población, debido
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