Iniciativa Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
| Fecha de publicación | 07 Noviembre 2003 |
| Fecha de registro | 06 Noviembre 2003 |
| Autor de la iniciativa | Ejecutivo Federal |
| Legislatura | LIX |
| Emisor | Cámara de Diputados |
| Sesión | 1° Ordinario |
| Estatus | DESECHADO EN PLENO ORIGEN, Desechado, 11/12/2003 |
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS
DISPOSICIONES FISCALES (MISCELANEA FISCAL)
Ciudadano
Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente.
En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la consideración del
Honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona,
Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales.
El Ejecutivo Federal comparte con las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, la preocupación
respecto al desempeño de la economía, la reducción en la generación de empleos y la difícil situación actual que
enfrenta nuestro país.
La permanencia de un entorno económico poco favorable a nivel internacional y la falta de dinamismo de recursos
internos, ha generado una situación de desaceleración económica y de empleos insuficientes, aun cuando el
Ejecutivo Federal ha promovido diversos mecanismos para fomentar la inversión productiva. El Estado dispone de
recursos muy limitados para atenuar los efectos negativos derivados de esta situación. El país está perdiendo
competitividad, lo que se muestra en la baja captación de inversiones; mientras la sociedad para superar esta
problemática acude a una economía informal, la cual se extiende.
México es hoy el 7° exportador mundial y la 10ª economía del mundo. Sin embargo, de acuerdo con reportes
internacionales, ocupamos los lugares 45 en competitividad, el 54 en índice de desarrollo humano de las Naciones
Unidas y el 66 en PIB per capita.
En proporción al tamaño de su economía, México tiene una de las recaudaciones fiscales más bajas del mundo, lo
que le impide hacer frente a los graves rezagos sociales y a la exigencia de inversiones en infraestructura física y
social, que son indispensables para recuperar el desarrollo.
La debilidad de las finanzas públicas y las fuertes presiones sobre las mismas, están obstruyendo el crecimiento
económico y limitando la capacidad del Estado para desplegar políticas dirigidas a elevar el bienestar de los
mexicanos.
Es indispensable crear las condiciones institucionales para recuperar el crecimiento económico, generar más
empleos, y fortalecer la capacidad del Estado para atender sus responsabilidades sociales.
Ciertamente, México es débil en sus finanzas y en su hacienda pública, pero cuenta ahora con una renovada
fortaleza en su vida democrática. Hoy, todas las fuerzas políticas y los actores productivos están comprometidos
con el desarrollo económico, político y social del país. Todos han expresado su voluntad de construir nuevos
acuerdos. Todos han expresado su compromiso para impulsar los cambios necesarios para fortalecer las finanzas
públicas, con sentido federalista y visión de Estado, con corresponsabilidad política y patriotismo, y con claro
compromiso social a favor de México.
En la nueva y cada vez más vigorosa democracia mexicana, tenemos la oportunidad de concretar los cambios que
son indispensables para construir el desarrollo nacional y hacer frente a la competencia internacional y a las
presiones que nos impone la globalización.
Los poderes de la Unión, cada nivel de gobierno, cada fuerza política y grupo parlamentado, al igual que las
organizaciones de la sociedad, compartimos la visión de un México próspero y de bienestar, con oportunidades y
satisfactores para todas y todos los mexicanos.
Es la hora de los acuerdos, porque todos tenemos un compromiso compartido para el crecimiento. Este
compromiso es una propuesta con visión de Estado. Tiene como propósito fundamental generar el acuerdo, el
respaldo y la corresponsabilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, los partidos políticos y sus grupos
parlamentarios.
La propuesta surge a partir de un intenso diálogo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los partidos
políticos y los legisladores, así como de una amplia participación de los sectores productivos, cuyos resultados, el
Ejecutivo Federal ha analizado y considerado para integrar y enviar esta Iniciativa.
Este compromiso busca construir una hacienda pública moderna y eficiente, que le permita al Estado contar con los
recursos necesarios para promover:
• El crecimiento económico y la generación de empleos;
• Las acciones para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado con la educación
y la capacitación para el trabajo;
• La salud y la seguridad social;
• El desarrollo del campo y el combate a la pobreza rural y urbana;
• El fortalecimiento de las finanzas públicas federales y estatales, así como la capacidad de gestión de los
gobiernos locales;
• La modernización y ampliación de la infraestructura física indispensable para el desarrollo, y
• El fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos.
Esta Iniciativa se ha integrado cuidando que sus contenidos sean técnica, financiera, jurídica y políticamente
viables. Se ha cuidado que sus objetivos estén en clara sintonía con el propósito de fortalecer la capacidad del
Estado para promover el desarrollo que en México comparten todas las organizaciones sociales e instituciones
políticas.
La Iniciativa está claramente orientada a fortalecer la responsabilidad social del Estado con la educación, la salud,
la seguridad social de los trabajadores, el desarrollo del campo y el combate a la pobreza.
Educación
La educación es una prioridad en la que todos los mexicanos coincidimos, y es una condición indispensable para
lograr el desarro llo económico, social y político de México. Fortalecer el sistema educativo nacional, dotado de
mayores recursos, ampliar su infraestructura y elevar la calidad de la educación que se imparte, es uno de los
consensos más sólidos en nuestro país.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar educación pública de calidad, gratuita,
laica y democrática, con sentido federalista y equidad. Muchas generaciones de mexicanos lograron construir una
infraestructura educativa que llega a todos los rincones del país. El magisterio mexicano ha realizado un esfuerzo
extraordinario para fortalecer la educación pública y cumplir las obligaciones constitucionales.
El gobierno federal y los gobiernos estatales han asumido a la educación como una de las principales prioridades
nacionales.
Sin embargo, el sistema educativo nacional no está a la altura de los desafíos que impone la era de la información,
la globalización y la competitividad mundiales, y no lo está, porque el Estado no cuenta con los recursos necesarios
para desplegar una nueva hazaña educativa como la que se logró en algunos momentos del siglo XX mexicano.
La educación es esencial para el desarrollo y crecimiento económico de los países, ya que a través de ella se puede
inferir su grado de desarrollo. Por ello, elevar el nivel educativo y su calidad, constituye un elemento esencial
dentro de la estrategia de crecimiento de nuestro país, ya que ello permitirá aumentar el esfuerzo en el trabajo y,
por ende, la productividad que se refleja en salarios más elevados y en una mayor aportación al desarrollo nacional.
No obstante su importancia, la educación presenta severos problemas, entre los que se encuentran: un retraso
significativo de las zonas rurales, respecto de los centros urbanos; desigualdad en el gasto entre los niveles
escolares; la correlación entre el nivel de ingreso de las familias y el gasto que realizan en educación, lo que
profundiza las diferencias entre familias con altos y menores ingresos; el explosivo crecimiento poblacional de
mediados de los setenta, que agravó los problemas para ofrecer educación con suficiencia y de mejor calidad, y el
nivel de escolaridad promedio que resulta insuficiente para competir en el mercado laboral, ante la acelerada
innovación tecnológica y la competencia internacional en una economía más globalizada.
Lo anterior, conlleva a que los objetivos de la educación no se alcancen satisfactoriamente, como lo es el propósito
de mejorar las oportunidades de movilidad social intergeneracional, el cual consiste en lograr que el nivel escolar
de los hijos sea igual o mayor al de sus padres, lo que permitiría reflejar ese nivel escolar en mayores ingresos y,
por ende, en su posición social; sin embargo, ello no se ha alcanzado adecuadamente.
Esta Iniciativa, tiene como uno de sus criterios fundamentales incrementar de manera justa y equitativa los ingresos
fiscales para estar en condiciones de destinar recursos crecientes a la educación; a la formación, actualización y
profesionalización del magisterio; a la investigación científica y tecnológica; a la infraestructura física y
equipamiento de las escuelas de educación básica, de las universidades y de los centros educativos de nivel medio,
técnico y superior; a la educación en zonas indígenas y rurales, y a políticas dirigidas a elevar la calidad de la
educación.
Salud y seguridad social
La salud y la seguridad social son derechos de los mexicanos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud son orgullo de nuestro
país. Gracias a estas instituciones millones de mexicanas y mexicanos tienen acceso a servicios médicos y, en el
caso de las dos primeras, además, a servicios sociales, culturales y a una pensión para el retiro y, en el caso de la
primera, a créditos personales e hipotecarios.
A pesar de su ya larga presencia y de los esfuerzos enormes que las tres instituciones han realizado durante toda su
historia, México está lejos todavía de contar con un sistema nacional de salud de calidad para todos los mexicanos,
independientemente de su condición social y económica, y del lugar en el que habitan.
Democratizar la salud y abatir sus costos, llevar los servicios médicos a todas las comunidades del país, garantizar
a todas y todos los mexicanos el acceso a servicios de salud de calidad y bajo costo, sigue siendo una asignatura
pendiente.
Fortalecer el sistema nacional y los sistemas estatales de salud, dotar de mayores recursos a la Secretaría de Salud,
modernizar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, es prioridad de los tres niveles de gobierno y es un propósito compartido por todas las
fuerzas políticas.
En materia de seguridad social, la situación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y su sistema de pensiones es prácticamente insostenible. El Instituto atraviesa por la más grave crisis de su
historia. Debido a sus problemas estructurales, tiene fuertes limitaciones para cumplir plenamente con sus
obligaciones legales y, adicionalmente a ello, el financiamiento del Instituto bajo el modelo actual se ha convertido
ya en un grave problema para las finanzas públicas del país.
De no llevarse a cabo una reforma, durante este sexenio los subsidios fiscales para financiar el déficit del fondo de
pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, alcanzarán una cifra
superior a los 140 mil millones de pesos y, más grave aún, esos recursos no van a resolver el problema estructural
que crece exponencialmente. De no realizarse la reforma en este sexenio, al próximo gobierno le costará más de
330 mil millones de pesos de hoy, por encima de sus contribuciones regulares, la obligación de financiar el déficit
del sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.
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