Iniciativa parlamentaria que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federales del Trabajo; y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional., de 13 de Enero de 2021

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federales del Trabajo; y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Araceli Ocampo Manzanares , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos: 71, fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 179 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional , al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos

Vivimos un momento crucial tanto a nivel internacional como local, ya que debemos afrontar las consecuencias de diversa índole, pero sobre todo económicas, que conlleva la actual crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Los efectos provocados por esta crisis son de largo aliento y afectan con particularidad a las economías, y, en consecuencia, a las políticas públicas asumidas por los Estados en todos los países, incluido el nuestro.

Kristalina Georgieva, actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha señalado que, producto de esta pandemia, la economía mundial entrará en la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. 1 Esto afectará a los países más pobres; en palabras de la propia directora del FMI: “Hace solo tres meses esperábamos aumentos en el ingreso per cápita de más de 160 países en 2020. Hoy, ese número se ha invertido: proyectamos que más de 170 naciones experimentarán una disminución del ingreso per cápita este año”. 2

Para el Banco Mundial, en su reciente informe, los efectos de la pandemia generarán “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita”. 3

Las estimaciones más optimistas luego del estallido de la Covid-19 preveían que la tasa de crecimiento de la economía mundial disminuiría al 1 por ciento o menos. A medida que la pandemia se fue extendiendo, las previsiones fueron reduciendo el crecimiento esperado: por ejemplo, Goldman Sachs (al 24 de marzo de 2020) indicaba caídas anuales del PIB de 9 por ciento en la zona del euro y el 2.1 por ciento en el Japón. 4

Para el caso de Estados Unidos y China, los mayores socios comerciales de nuestro país, el panorama no es más alentador: mientras que Estados Unidos tendría una contracción de un 30 por ciento de su crecimiento para segundo trimestre (un 5 por ciento en el total de 2020), 5 en el caso chino, su PIB cayó en el primer trimestre por primera vez desde 1976, como consecuencia de la pandemia, a un 6.8 por ciento interanual. 6 Este es un escenario de recesión mundial; más aún, las economías podrían incluso enfrentarse a una contracción de mediano plazo sin una rápida recuperación, pero que sería totalmente adverso este 2020. 7 Para el caso de Estados Unidos, el Banco Mundial prevé la caída en un 6.1 por ciento, un 9.1 por ciento para el área euro, y un 8.1 por ciento para Japón. 8

El panorama no es mejor para Latinoamérica. El FMI estima que la actividad económica en América Latina y el Caribe se reducirá un 5.2 por ciento este año, por los efectos de la crisis sanitaria mundial que afecta las cadenas de suministro y la demanda interna y externa, entre otros factores, aunque espera que se recupere parcialmente en 2021 y crezca un 3.4 por ciento. 9 Por su parte, el Banco Mundial prevé, en su informe de junio, un duro golpe para las principales economías de la región, con una contracción de 12 por ciento en Perú, 8 por ciento en Brasil, 7.5 por ciento Argentina, 7.4 por ciento en Ecuador, 5.9 por ciento en Bolivia, 4.9 por ciento en Colombia y 4.3 por ciento en Chile. 10

Los economistas de la ONU estiman que el virus podría costar a la economía mundial 1 billón de dólares como mínimo este año, tal vez mucho más. 11

Esto se profundiza enormemente a nivel laboral. Las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican un aumento del desempleo mundial de entre 5.3 millones de personas y 24.7 millones de personas, con una base de 188 millones de personas desocupadas en 2019. En un escenario “medio”, el aumento del desempleo sería de 13 millones de personas. 12 El ente internacional dedicado a temas laborales indica que son los grupos de población vulnerables quienes trabajan en el sector informal y los trabajadores migrantes, los que más sufran los efectos de la recesión económica, el aumento de la informalidad y el desempleo, además del empeoramiento general de la calidad de vida, las crisis sanitarias y las deficiencias de los sistemas de protección social, entre otras consecuencias adversas de la crisis. 13

Este panorama, refleja la importancia del rol del Estado en temas sociales y especialmente laborales, lo que es una de las esencias del constitucionalismo social instaurado por nuestra ya centenaria Constitución federal vigente, y uno de los roles claves asumidos con particular énfasis a propósito de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos.

Como bien nos ha recordado, en su momento, Mario de la Cueva, sería el alemán Otto von Gierke quien, en 1868, incluye al Derecho social como una categoría diferenciada y complementaria del Derecho público y del Derecho privado, en el que el Estado asume sus obligaciones de contrapeso en el ámbito de las relaciones de trabajo (y los derechos de estas derivados), por considerar a la persona “no como persona plenamente individual, sino en sus relaciones con el cuerpo social”. 14

Esta afectación se da en particulares circunstancias en nuestro país, dado que, como se sabe, el 56.7 por ciento de los trabajadores se encuentran en la economía informal, según datos del Inegi actualizados al 2017, y aportan el 38.4 por ciento de la actividad económica de nuestro país. 15 Esto impacta directamente en la posibilidad tanto de establecer una cuarentena absoluta, como de eventualmente proyectarse a conseguir un empleo formal.

Pero no debe observarse únicamente el panorama del empleo informal, sino que, inclusive, el ámbito del empleo formal significa una realidad compleja, en momentos en que el país pretende superar el modelo neoliberal, que nos llevó a profundos rezagos en materia social, en los más amplios ámbitos.

Nuestro país tiene una tradición ya centenaria, reconocida a nivel mundial en el ámbito del derecho, y del derecho constitucional, en particular, de haber aportado a la humanidad el constitucionalismo social, y de contar con una legislación laboral progresista, la Ley Federal del Trabajo, que este año cumplió 50 años de vigencia. 16 No obstante, aún existen ámbitos en donde se vulneran derechos laborales, los que, como arriba se describió, de por sí serán profundamente afectados por la actual crisis sanitaria.

A lo anterior, debe agregarse que las limitaciones a la libertad sindical contribuyeron históricamente a construir un aparato estatal basado en el corporativismo, que tenía por objetivo controlar a los diferentes sectores sociales, entre ellos a la clase obrera. De esta manera, las organizaciones gremiales pasaron a ser aparatos de disciplinamiento, control y contención de los trabajadores, en lugar de ser herramientas de lucha por el mejoramiento de las condiciones laborales y la emancipación del proletariado.

En México abundan los ejemplos del llamado “charrismo” sindical, pues desde los gobiernos de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, se promovieron y toleraron las prácticas políticas sustentadas en las relaciones personales, los compadrazgos y el cacicazgo, para el beneficio de unos cuantos líderes sindicales.

Pese a que la cuarta transformación ha avanzado hacia la democratización de la vida sindical, continúan existiendo limitaciones legales y funcionarios medios que pretenden detener el ascenso de las clases populares, porque ven afectados sus intereses particulares.

En ese sentido, se pueden mencionar múltiples casos de hostigamiento, despidos injustificados y obstrucción arbitraria de los derechos de las y los trabajadores, denunciados por las organizaciones gremiales como el Sindicato de Petroleros Mexicanos (Petromex), el Sindicato Independiente de Trabajadores Ferrocarrileros y Asociados de México (Sintfam), el Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del Issste (SnadetIssste), el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, entre muchos otros. Asociaciones de reciente creación que pugnan por la democracia y libertad sindical en favor de la clase trabajadora, que se han enfrentado precisamente a diversos obstáculos y lagunas legales que son utilizadas por los funcionarios para impedir el avance de la organización obrera.

A lo anterior, debe agregarse que las limitaciones a la libertad sindical contribuyeron históricamente a construir un aparato estatal basado en el corporativismo, que tenía por objetivo controlar a los diferentes sectores sociales, entre ellos a la clase obrera. De esta manera, las organizaciones gremiales pasaron a ser aparatos de disciplinamiento, control y contención de los trabajadores, en lugar de ser herramientas de lucha por el mejoramiento de las condiciones laborales y la emancipación del proletariado.

En México abundan los ejemplos del llamado “charrismo” sindical, pues desde los gobiernos de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, se promovieron y toleraron...

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