Iniciativa parlamentaria que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Armada de México, y Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos., de 14 de Noviembre de 2007
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y DE LAS LEYES FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO, Y ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MANUEL SALVADOR SALGADO AMADOR Y GLORIA LAVARA MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Manuel Salvador Salgado Amador y Gloria Lavara Mejía, diputados a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de los Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro sistema jurídico se sustenta esencialmente en los preceptos que, los sujetos encargados de expedir normas, nos otorgan.
De ahí que cualquier ordenamiento legal tiene fuerza vinculatoria para todos los sujetos porque en cualquier sociedad civilizada el convencionalismo y el orden en el que todos participan y de común reafirman en su convivencia, establecen los parámetros para sancionar u obligar a aquellos que, de alguna manera, transgreden el orden social. Los principios o fundamentos de las normas de derecho deben, en todo momento, prevalecer sobre la actuación libre y voluntaria de los sujetos.
La Constitución política, como resultado de nuestro pacto social , más allá de sus orígenes revolucionarios o teorías que explican su estructura, es la norma máxima en que los sujetos (todos) deben sujetar su actuación.
Las garantías individuales, como instrumento de defensa de los derechos humanos, nos permiten hacer frente al actuar arbitrario de la autoridad. De ahí su importancia como medio procesal, pero no único, frente a la violación de derechos fundamentales como la vida, la propiedad privada y la libertad, entre otros. El Estado mexicano, como estado de derecho debe, en cualquier momento actuar conforme a sus facultades; siempre velando por el respeto y protección de la persona humana y de sus derechos.
Como elemento del Estado, el pueblo, el individuo, el centro de imputación normativa, el sujeto de derecho; en suma, la persona humana es el elemento esencial o existencial de aquel, por ello deben ser salvaguardados sus derechos en lo individual y en lo colectivo, frente al ejercicio del poder público a través de sus entidades u órganos.
Quedando clara la importancia de los medios de defensa que se nos han otorgado, es necesario entender la obligación constitucional que el Estado tiene, de otorgar seguridad pública a sus ciudadanos.
El Estado a través del gobierno tiene a su cargo diversas acciones a fin de mantener el orden y la paz social. De ahí que con la evolución de la sociedad se determinó que un tercero, al que se le dotara de autoridad y poder, dirimiera las controversias, defendiera y en su caso sancionara a quien o quienes actuaran fuera de lo pactado.
De este compromiso entre las partes se determinó que el monopolio en la aplicación de la fuerza, quedara reservado al Estado. Ejemplo claro lo encontramos en el artículo 17 de nuestro máximo ordenamiento cuando el Constituyente determina que: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
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... Con este fundamento, del monopolio de la fuerza por parte del Estado, éste adquiere la obligación de aplicar justicia y de proteger, a través de las fuerzas de seguridad pública, a los ciudadanos.
Hoy día el índice de delincuencia ha ido aumentando peligrosa y alarmantemente. El Estado y los instrumentos legales que tradicionalmente ha tenido para hacer frente a dicho fenómeno, ya no son suficientes. En ocasiones, en aras de cumplir con su obligación de proteger y garantizar la seguridad personal de las personas, actúa extralimitándose en sus facultades. Acción de gran peligro para cualquier sociedad moderna, pues basta recordar los hechos sucedidos en...
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