Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para eliminar la tarifa eléctrica para las escuelas y crear las condiciones para que el costo de las tarifas eléctricas disminuya de forma paulatina., de 16 de Julio de 2014
Que reforma los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, recibida del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2014
El suscrito, diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, conforme al siguiente
Planteamiento del problema
La iniciativa busca eliminar la tarifa eléctrica para las escuelas, y crear las condiciones para que el costo de las tarifas eléctricas disminuya de forma paulatina. Exposición de Motivos
La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX.
La primera planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil La Americana. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.
En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la población era de mayor capacidad económica.
No obstante, durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas “de arco” en la Plaza de la Constitución, cien más en la Alameda Central y comenzó la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México.
Algunas compañías internacionales con gran capacidad vinieron a crear filiales, como The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, en el centro del país; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente.
A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 megawatts (MW), propiedad de empresas privadas. Para 1910 eran 50 MW, de los cuales 80 por ciento los generaba The Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones.
En ese periodo se dio el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz.
Fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública.
En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas privadas.
En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, debido a que esas empresas se enfocaban en los mercados urbanos más redituables, sin contemplar a las poblaciones rurales...
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