Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 2o., 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de transparencia y fiscalización., de 14 de Abril de 2016
Que reforma los artículos 2o., 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Juan Romero Tenorio, diputado en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXV Bis al artículo 2 y reforma la fracción II, primer párrafo e incisos a), b) y c); la fracción III, párrafo primero, inciso a), b) y c); la fracción VI, párrafo segundo; la fracción VIII, incisos a), b) y f), del artículo 42 y, el párrafo primero; la fracción I, párrafo segundo e incisos a), b) y c); la fracción II y el quinto párrafo del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
Propósito de la iniciativa
La presente iniciativa tiene tres grandes propósitos. El primero de ellos busca incorporar a los conceptos de gastos fiscales, los impactos que tienen los acuerdos para evitar la doble tributación y las políticas de atracción de empresas trasnacionales, poniendo especial énfasis en las del sector energético, considerando, sobre todo, que México participa de los acuerdos del G 20 y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para evitar la Erosión de la Base Tributaria y la Transferencia de Beneficios, que es una práctica que permite a las trasnacionales eludir o de plano evadir impuestos, en una masa de recursos que a escala mundial se estima entre 100 mil y 240 mil millones de dólares al año.
Como segundo objetivo, se propone actualizar la información que en materia de ingresos se proporciona al Congreso de la Unión como parte de los mecanismos de comunicación y coordinación entre los Poderes, particularmente en la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación. Para ello se propone incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación de proporcionar al Congreso de la Unión, en la información que debe entregar a más tardar el 30 de junio, el Presupuesto de Gastos Fiscales, incorporando en ese documento el análisis del impacto que tienen esos gastos en el desempeño de la economía.
El tercer propósito de esta iniciativa busca mejorar la cantidad y la calidad de la información que se proporciona al Congreso de la Unión en lo referente al desempeño de las finanzas públicas y en materia de ingresos y gastos, estableciendo la obligación de proporcionar un mayor desglose y comparación con lo observado durante el año en el que se discute el paquete para el siguiente ejercicio. Asimismo se propone que la información presupuestal que se proporciona en septiembre, del paquete para el año siguiente, contenga el Proyecto de Presupuesto con el desglose del analítico de claves a nivel de partida, en comparación con el aprobado, el avance a junio y el estimado para el cierre del año en curso.
Se considera que en conjunto, esa información permitirá un mejor análisis de la propuesta del Ejecutivo, tanto en lo relativo a ingresos como a gasto, lo que permitirá a los legisladores desarrollar mejor sus funciones. Para ello se propone reformar básicamente los artículos 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, en MORENA consideramos indispensable que el Congreso y la sociedad en general dispongamos de más y mejor información acerca de las estrategias que llevan a cabo las empresas para evitar el pago de impuestos y las medidas que se adoptan para contar con un régimen tributario basado en la equidad y la justicia.
Finalmente, incluye dos transitorios. El primero, para que, en un plazo de noventa días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHC) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), proporcionen un diagnóstico del gobierno federal de la implementación de las 15 acciones acordadas para evitar la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios, las medidas que se deben poner en marcha y plazos, la respuesta de los agentes económicos obligados y las metas en cuanto a los avances normativos y el estimado que gracias a ello se logrará en lo que se refiere a la recuperación de impuestos.
El segundo, para que Hacienda publique en su página la información de ingresos y gastos con el desglose, el primero, en relación con el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación, y los gastos hasta el nivel de partida, como se propone en esta iniciativa.
Con retraso, México podría fortalecer su política hacendaria
Desde 1994 México se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio y también de acuerdos para evitar la doble tributación. No obstante, contra lo que se pregona, eso no ha permitido mejorar nuestro desempeño económico, ya que hasta 2014, 46.2% de los mexicanos estaba en condiciones de pobreza 1 y mantiene en la informalidad y precariedad laboral a casi 60% de la Población Económicamente Activa.
Pero, además, México es uno de los países con menor recaudación en comparación con otras economías del continente y también en relación con los países integrantes de la OCDE. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que considerando sólo los ingresos tributarios, la recaudación de México alcanzó apenas 9.7% del PIB en 2013, el porcentaje más bajo de la región, 2 donde Argentina, el segundo con menor captación recauda 11.0% del PIB y Chile, el más alto, llega a 16.7% del PIB.
A su vez, la OCDE estima que los ingresos fiscales 3 de México, incluyendo los pagos por seguridad social, apenas representaron 19.5% del PIB en 2014, abajo del promedio de la organización que alcanza un porcentaje de 34.4% y, por supuesto, muy lejos del porcentaje de 50.9% alcanzado por Dinamarca.
Esa es una de las razones por la cual en México se buscan alternativas para aumentar la recaudación. Sin embargo, los últimos gobiernos deliberadamente han puesto especial interés y destinado esfuerzos en aplicar impuestos al consumo o a los pequeños contribuyentes, aunque ello impacte en los estratos de menores ingresos. En contraste, como se observó en la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, la actitud del gobierno fue muy permisiva y flexible para el cobro de impuestos a las trasnacionales.
Esa posición del gobierno mexicano era contraria a la preocupación que creció en los países desarrollados, ya que se estaba generando una situación insostenible, de empresas que ganaban y crecían mucho pero no pagaban impuestos ni en sus países de origen ni en los países receptores, dando lugar a una inaceptable concentración del ingreso. Por eso, adoptan nuevas estrategias y ahora una de las alternativas a las que se ha comenzado a dar cada vez más importancia, es la que impulsan en conjunto los países integrantes de la OCDE/G20, 4 y 5 con el propósito de combatir la erosión de las bases tributarias y la transferencia de beneficios, conocida como BEPS (base erosion and profit shifting, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la OCDE, 6 se estima que la pérdida recaudatoria provocada por la erosión de la Base Tributaria y la Transferencia de Utilidades (BEPS) representa entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por impuestos sobre sociedades, es decir, al menos entre 100 y 240 mil millones de dólares estadounidenses anuales (Acción 11). Teniendo en cuenta que los países en vías de desarrollo tienen mayor dependencia en la recaudación de este impuesto, se estima que el impacto sobre los países en desarrollo representa un mayor porcentaje del PIB.
Como lo señala la OCDE, después de publicar siete informes provisionales en septiembre de 2014, todos ellos avalados por los líderes y los ministros de finanzas del G20, se reunieron los resultados finales en un solo paquete, que recoge los informes para cada una de las 15 acciones identificadas en el Plan de Acción BEPS, reemplazando a los informes de septiembre de 2014. No en todos los casos se tuvieron resultados concluyentes, pero los informes y la decisión de actuar de manera coordinada deben permitir afinar las soluciones y evitar que algunos países resulten afectados por el interés de las trasnacionales de preservar sus utilidades.
El lenguaje de los expertos no deja lugar a dudas de la necesidad de comprometerse con el paquete de acciones. Así, señalan que una vez que entren en vigor estas medidas, los beneficios se comenzarán a declarar en donde se realicen las actividades económicas que los producen y donde se genere el valor. Las estructuras BEPS, conocidas por todos los participantes y sustentadas en normas anticuadas o en la falta de coordinación entre ordenamientos internos, deberán quedar sin efecto. El paquete completo de medidas fue presentado en la reunión de los líderes del G20 en Turquía, los días 15 y 16 de noviembre de 2015, a la que asistió Peña Nieto.
Informes de actividades 1 Abordar los desafíos de la tributación en la economía digital. No es posible delimitar con precisión la economía digital, dado que hoy en día ésta tiende a confundirse con la propia economía en su conjunto. El informe analiza los riesgos BEPS que se ven exacerbados en la economía digital, y presenta el impacto esperado de las medidas desarrolladas a lo largo del proyecto BEPS. 2 Neutralizar impactos de productos híbridos. Se ha desarrollado una metodología que contribuirá a prevenir la doble no imposición mediante la eliminación de los beneficios fiscales derivados de dichos desajustes y pondrá fin a las costosas deducciones múltiples por un único pago, a las deducciones en un país sin el correspondiente gravamen en el otro y a la generación de múltiples créditos...
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