Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a efecto de brindar asistencia social y atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica., de 28 de Octubre de 2010

Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3122-VI, jueves 21 de octubre de 2010 Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3122-VI, jueves 21 de octubre de 2010 Iniciativas Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN Que adiciona el artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma los artículos 32 y 37 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma los artículos 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN Iniciativas Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma el 74, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de Motivos

Las migraciones son un hecho natural que ocurren con base en las necesidades de las poblaciones humanas, las que se encuentran en constante movimiento en aras de satisfacer sus requerimientos de subsistencia.

El Banco Mundial reconoce que la migración internacional se debe a la necesidad que tienen las personas de mejores condiciones de vida, aunque ello implique el abandono geográfico del país de origen. Los inmigrantes logran con ello incrementos salariales, los países de destino se beneficiaron de aumento en la oferta de mano de obra, y los países de origen vieron disminuir las presiones en el sector laboral. 1

Nuestro país ha presentado desde sus orígenes un fenómeno migratorio complejo. Somos una nación expulsora de migrantes, principalmente hacia los Estados Unidos de América, a la vez que somos receptores de migrantes centro y sudamericanos, algunos de manera permanente y otros en tránsito hacia nuestro vecino del norte. Finalmente, contamos también con una compleja migración interna, del sur hacia el norte y del campo hacia las ciudades.

En el caso de la migración de México a Estados Unidos, estamos ante un fenómeno económico y humano, con todo lo que tiene de tragedia y complementariedad de beneficios y perjuicios para ambas sociedades, de mitos y prejuicios culturales. Las de estos dos países son economías que de facto funcionan de manera compenetrada y cuya oferta o demanda de empleo conoce sinergias inocultables, históricas y estructurales. 2

De conformidad con estimaciones de Conapo, cerca de 12 millones de mexicanos residen actualmente en los Estados Unidos, de los cuáles cerca del 53 por ciento, es decir, alrededor de 7 millones, cruzan la frontera de manera irregular, lo que los pone en una posición de vulnerabilidad frente a las detenciones arbitrarias, vejaciones y maltratos. 3

Asimismo, quedan fuera de esta cifra los migrantes centro y sudamericanos en tránsito hacia el norte, y cuya cantidad es difícilmente cuantificable, pero muy voluminosa como lo puede advertir cualquier persona que visite la frontera sur.

El fenómeno migratorio ha ido evolucionado con el paso de los años, y recientemente se ha vuelto mucho más complejo debido a la influencia que el cáncer de la delincuencia organizada ha dejado sentir en todos los sectores de la sociedad.

Ya no solamente se debe de lidiar con traficantes inescrupulosos que ponen en peligro la vida de los migrantes al exponerlos a condiciones inhumanas de viaje, sino que se debe temer la intervención de grupos de delincuentes que roban, secuestran, extorsionan, asesinan y trafican con migrantes inocentes cuyo único delito es buscar mejores condiciones de vida para sí y sus familias.

Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Migración en los años recientes han cometido una sucesión de omisiones y errores que hacen urgente la intervención del Poder Legislativo como un auténtico contrapeso respecto del Ejecutivo federal.

En su 4º informe de labores, el secretario de Gobernación manifiesta haber apoyado a 1.8 millones de mexicanos que retornaron al país durante el periodo mediante el programa Paisano. Asimismo, manifiesta que por conducto de los Grupos de Protección a Migrantes (Grupos Beta) se brindó orientación a 216,705 migrantes, localizó a 170, brindó asistencia social a 201,424 y asistencia jurídica a 287 personas, independientemente de su nacionalidad. 4

Finalmente, se manifiesta haber asistido a 469,369 mexicanos que fueron repatriados por los Estados Unidos, mediante la ampliación de la cobertura del Programa de Repatriación Humana. Sin embargo, no obstante estas cifras, en realidad no se han definido políticas públicas que se traduzcan en una protección efectiva a los migrantes.

Cabe recordar que la Secretaría de Gobernación es, de conformidad con el artículo 4º de la Ley General de Población, la encargada de definir las normas y políticas públicas en la materia, así como de coordinar los esfuerzos de todas las dependencias federales que intervengan de acuerdo a su competencia.

Sin embargo, es evidente la franca descoordinación que existe no sólo entre las distintas dependencias, sino incluso al interior de ellas mismas.

El Instituto Nacional de Migración, como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, tiene a su cargo la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. 5

Sin embargo, los funcionarios que encabezan ese instituto se han mostrado débiles y carentes de argumentos para negociar con los Estados Unidos de América una reforma migratoria que satisfaga las necesidades de ambos países en la materia: la protección de los derechos de los mexicanos por nuestra parte, y las garantías de seguridad que resultan primordiales para ellos.

Las autoridades fueron incapaces de responder de manera firme y enérgica ante la aprobación de medidas antiinmigrantes francamente violatorias de los derechos humanos en el estado de Arizona, que ha llevado a la criminalización de los migrantes.

Finalmente, los hechos recientemente acontecidos en Tamaulipas en que 72 migrantes centro y sudamericanos perdieron la vida, tras haber sido interceptados por un grupo de la delincuencia organizada, ha llamado poderosamente nuestra atención para exigirnos redoblar los esfuerzos tendientes a proteger la integridad física de estos migrantes, a la vez que nos ha mostrado la ineficacia de las autoridades federales para atender esta problemática.

Esta soberanía debe actuar de manera responsable frente a la ciudadanía, y vigilar de manera cercana la actuación del Ejecutivo, en ejercicio de la función de control en la que reside la esencia de los parlamentos.

Los desaciertos, la falta de conocimiento de la problemática que aqueja al fenómeno migratorio, la descoordinación y la ineficacia de las políticas diseñadas en la materia, nos obligan a intervenir de manera urgente en favor de los migrantes, adecuando las normas, instituciones, programas y apoyos destinados para su atención.

Durante la presente administración, el titular del Ejecutivo federal de manera reiterada ha hecho mal uso de la facultad potestativa que tiene para nombrar a sus colaboradores en las distintas dependencias de la administración pública federal, atendiendo a compromisos y compadrazgos en vez de elegir los perfiles adecuados para cada responsabilidad.

Sin...

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