Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para sancionar a quien ilícitamente descargue aguas residuales o desechos provenientes de granjas y rastros animales, o las establezca en zonas naturales protegidas., de 9 de Marzo de 2023
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEMLa que suscribe, diputada Janine Patricia Quijano Tapia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente inciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , al tenor de la siguiente: Exposición de MotivosMéxico es uno de los 150 países que ha incorporado a su Constitución el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, en ese sentido, el propio Estado garantizará el respeto a ese derecho y, en consecuencia, el daño y deterioro generará responsabilidad para quien lo provoque.Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el pasado 28 de julio de 2022 que, todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable, de ahí la importancia de frenar su deterioro. “En una resolución aprobada en la mañana del jueves 28 de julio, en la sede de la ONU en Nueva York, los Estados Miembros de la Asamblea General afirmaron que el cambio climático y la degradación ambiental hacía parte de las amenazas más urgentes para el futuro de los seres humanos. Se solicitó a los Estados Miembros que redoblen sus esfuerzos para garantizar que todas las personas del planeta cuenten con acceso a un “medio ambiente limpio, saludable y sostenible”. 1Pero, pese a ser un derecho fundamental, y que nuestro país cuenta con un marco legar para la protección del medio ambiente, vemos aún que, en la práctica, se siguen ocasionando de manera indiscriminada, daños permanentes en el medio ambiente, en los ecosistemas, en la fauna, en la calidad del agua, etcétera.Si bien en todos los países existen leyes nacionales diseñadas para limitar la contaminación, proteger las plantas y los animales, y contrarrestar el cambio climático, estas reglas no siempre se hacen cumplir al cien por ciento y, cuando no se respetan dichas normas, los ciudadanos a menudo pasan por serias dificultades para hacer que los gobiernos y las empresas rindan cuentas al respecto.En el plano nacional, la declaración de un medio ambiente saludable como derecho humano debería permitir que las personas impugnen las políticas que destruyen el medio ambiente basándose en la legislación de derechos humanos, la cual está bien definida en gran parte de países”. 2De acuerdo con el estudio del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, que mide si en la práctica las empresas cumplen con la normatividad y si las autoridades realizan las investigaciones correspondientes y aplican las sanciones derivadas del incumplimiento, nuestro país tiene una regulación medioambiental débil.
“Este indicador es el subfactor 6.1, que mide si, en la práctica, las empresas cumplen con la normatividad y si las autoridades las investigan y sancionan cuando incumplen con dicha normatividad. Esta cifra se compone de evaluaciones en el cumplimiento de las regulaciones en materia laboral, ambiental, comercial y de salud pública. Los resultados muestran desafíos en todas las formas de regulación incluidas en el Índice, pero se debe prestar especial atención en la medioambiental, ya que en 22 estados del país es la que se aplica de manera menos efectiva, mientras que en los 10 restantes es la segunda menos efectiva, solo detrás de la regulación en materia laboral. Específicamente, ningún estado del país logra sobrepasar una calificación de 0.4 en una escala de 0 a 1, donde 1 significa un mayor cumplimiento regulatorio en materia medioambiental. En este aspecto, Querétaro (0.37), Colima (0.34), Baja California Sur (0.33), Coahuila (0.33) y Quintana Roo (0.32) registran los...
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