Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, en materia de protección de los trabajadores por firmar documentos en blanco., de 18 de Marzo de 2021
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, en materia de protección de los trabajadores por firmar documentos en blanco, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, diputada en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de diputados; somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, en materia de protección a las y los trabajadores por firmar hojas en blanco, con base en la siguiente Exposición de Motivos
Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, planeación que debe ser democrática y participativa, que conlleve solidez, competitividad, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, donde recoja las aspiraciones y demandas de la sociedad que debe incorporar al plan y los programas de desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo es el documento rector del Poder Ejecutivo Federal, a través del cual el Gobierno de México explica cuáles son los objetivos y estrategias prioritarias del desarrollo integral y sustentable del país durante el sexenio.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se precisa que uno de los objetivos más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que para el 2024 la población de México viva en un entorno de bienestar donde se establezcan políticas sociales como servicios universales y gratuitos de educación y salud, vacaciones pagadas, jornada máxima de trabajo y los salarios mínimos. A dos años de este Gobierno ya se han tenido grandes avances en algunos de estos aspectos, sin embargo, aún no es suficiente y es trascendental que desde cada trinchera todas y todos hagamos aportaciones para alcanzar estos objetivos en beneficio de toda la sociedad mexicana, pero sobre todo, en beneficio de los sectores que por años han sido los más vulnerables: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, entre otras.
Los gobiernos neoliberales se encargaron de desmantelar durante años los derechos laborales, derechos sociales, las instituciones públicas, todo en beneficio propio, velando únicamente por sus intereses y los de sectores privados. A diferencia de lo anterior, en el gobierno actual se fomenta la participación de la sociedad, se trata de construir desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie, éstas son las bases de ésta Cuarta Transformación.
El Estado debe ser garante de derechos, porque los derechos son irrenunciables y universales; debe de dejarse atrás la idea de que el Estado solamente es gestor de oportunidades, porque éstas con temporales y discrecionales, que se presentan solamente a unos cuantos.
Uno de los derechos que se dejó gravemente abandonado por años fue el derecho al trabajo, en nuestro país las condiciones de empleo siempre han sido precarias, y más aún para las mujeres, quienes hemos tenido que luchar arduamente por ser reconocidas, visibilizadas, tomadas en cuenta, a pesar de ser quienes más aportamos a la economía del país, aún nos queda gran camino por recorrer para abatir las brechas de desigualdad.
Es necesario reflexionar sobre las violaciones a los derechos laborales en las que constantemente incurren los patrones y avanzar en la regulación que proteja a las y los trabajadores, avanzar de una manera más rápida y eficiente en el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan sus derechos, porque es la fuerza laboral la que ayuda a impulsar en gran medida la economía de nuestro país.
Adicionalmente, sabemos que las mujeres somos parte muy importante para el crecimiento económico incluyente en nuestro país. El Gobierno Federal ya ha entablado mesas de diálogo donde han sido partícipes el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de reflexionar acerca de las brechas de desigualdad a las que continuamos enfrentándonos las mujeres en el ámbito económico.
Se ha resaltado lo indispensable que es generar oportunidades de empleo para toda la diversidad de mujeres, ya que solo 4 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral, ello sin considerar que en zonas rurales esta participación aún disminuye. Pero no solo se trata de generar más empleo para las mujeres, sino de garantizar que las condiciones de trabajo bajo las cuales sean contratadas sean óptimas, apegadas al marco legal, erradicando las brechas salariales, proporcionando condiciones justas y equitativas.
Los representantes de la OCDE aseveran que nuestro país enfrenta varios desafíos aún en el ámbito laboral, y que menos de la mitad de las mujeres que se encuentran en edad para laborar tienen trabajo, representando la segunda tasa más baja de todos los países de la OCDE, y muy inferior a la tasa de hombres mexicanos activos en el mercado laboral que es del 82%. 1
Este descuido generalizado a los derechos de las y los trabajadores ha tenido como consecuencia que los patrones o sus representantes lleven a cabo prácticas vejatorias donde se les exige y/o condiciona, para el acceso a un empleo, a la renuncia de derechos fundamentales.
Algunos ejemplos de éstas exigencias y/o condicionamientos ilegales a las que son expuestas las y los trabajadores son la firma de renuncia anticipada (renuncia en blanco), firma de falsos reconocimientos respecto a que el trabajador no ha padecido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, desistimientos de ejercer cualquier acción legal en contra del patrón en el supuesto de que existiera alguna controversia derivada de su relación laboral, entre otros.
Estas prácticas son muy generalizadas y sistemáticas, y podría asegurar que al menos una sola vez todas y todos fuimos sometidos a alguna de éstas durante nuestra trayectoria laboral.
Una de nuestras funciones como legisladores es dar respuestas positivas y constructoras a estos años de abandono y exclusión de las que han sido víctimas las y los trabajadores, donde se les ha mantenido imposibilitados a participar, sin ser escuchados, sin atender sus demandas.
Lo anterior, no sin antes considerar que quienes más...
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