Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, en materia de declaración de ausencia y presunción de muerte., de 8 de Diciembre de 2020
Que reforma y adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, Ana Ruth García Grande, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 705 del Código Civil Federal, conforme a la siguiente Exposición de Motivos
En los últimos meses, en nuestro país, agobiado no solo por las cifras de víctimas de la pandemia que vive el mundo, nos enfrentamos a cifras de terror por cuanto a personas desaparecidas derivado de la comisión de delitos diversos como desapariciones forzosas, secuestro, privación ilegal de la libertad, trata de personas y otros, que hacen estimar en hasta más de 77 mil desaparecidos al mes de octubre de este año 2020, según cifras de diversos medios de comunicación.
La cifra oficial de personas desaparecidas en México, al concluir 2019, ascendería a 52 mil, según expresiones de quien estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien señalaría que, de acuerdo al cálculo realizado con base a la última cifra oficial, de 40 mil desaparecidos al año anterior (2018), y estimaciones dadas por la funcionaria de un crecimiento de 30%, nos llevaría a la cifra proyectada para el presente año y, además, abundó que en el territorio nacional se estima que existen al menos unas 3 mil 600 fosas clandestinas, tomando en cuenta sus propios datos del mes de agosto del mismo año, en los que refirió que en ellas se encontrarían cerca de 5 mil cuerpos, lo que calificó como “un dato abrumador, terrorífico” (noticiario Perspectivas, 7 de octubre de 2020).
Aun cuando las cifras oficiales evidentemente podrían reñir con las que integran la “cifra negra”, no dejan de ser cifras de alarma en un escenario de escalada de violencia que estas mismas confirmarían y de la que no podemos ser ajenos dado que todos los días los medios noticiosos dan cuenta de ellas.
Al margen de que esta situación por sí misma es un lamentable lastre, no solo porque las cifras han venido mostrado una tendencia a la alza, sino también en razón de que la comisión de las conductas que la generan envuelven violaciones amplias a los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro país que resultan víctimas de la misma, y debe decirse que, concomitantemente, hablan de una realidad innegable de la necesidad de acciones inmediatas de toda índole institucional, no solo para atajarla en aras de generar un espectro garantista y de seguridad del bien más preciado para el ser humano, la vida misma, sino para atender todas las consecuencias jurídicas, muchas de ellas perniciosas, que trae aparejada la situación propiamente dicha, como la garantía de atención del fenómeno con mayor enfoque y el establecimiento de políticas públicas para contribuir a disminuirlo, entendiendo su origen multifactorial, por lo que en el caso del poder legislativo indudablemente estaríamos refiriéndonos a acciones que tiendan a la adecuación de las normas a dicha problemática y época actual, en un ejercicio de armonización realidad-constructo normativo, destacando aquellas que establezcan esquemas eficaces para la tramitación de acciones legales diversas ante el lamentable hecho de que, como sucede en muchos casos relacionados con delitos de acto impacto, se desconoce el paradero o ubicación final de las víctimas de este tipo de atentados que se asumen graves y pluriofensivos, por atentar no solo contra la libertad personal, la integridad física y, en muchos casos, según revelan las cifras, con la vida.
En estos telos , uno de los más importantes desafíos en México está estrechamente ligado con este fenómeno, por cuanto hace al problema de la desaparición de personas y, una de las tareas más delicadas que enfrentan las instituciones del Estado, en acompañamiento con los familiares y con las organizaciones de víctimas de desaparición, es la construcción de una política integral que atienda las necesidades y los desafíos en políticas públicas y en avances normativos que esta problemática impone, tal como ya ha venido reconociendo nuestro país ante la propia...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba