Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios., de 14 de Noviembre de 2017
Con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para un gobierno sin privilegios, presentada por el ciudadano Carlos Augusto Morales López Ciudad de México a 26 de septiembre de 2017. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura
Presente
Con fundamento en la fracción VII del artículo 35 y fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 2, incisos d), e), i) del artículo 32, el numeral 1, inciso u) del artículo 51 y los numerales 1, inciso n), numeral 3, incisos a), b), e) y d) y numeral 4 incisos a), b), e) y d) del artículo 54, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; los criterios del Registro Federal de Electores en materia de verificación de apoyo ciudadano para la consulta popular; los artículos 130 al 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 1, inciso s) del artículo 5 y el numeral 1, incisos n), y o) del artículo 45, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y ejerciendo nuestro derecho, Transformando Somos Más AC, entrega a usted la iniciativa ciudadana Gobierno Sin Privilegios, la cual propone la modificación de nueve artículos constitucionales y engloba cuatro puntos principales que son: reducir sueldos a altos funcionarios, incluido el presidente; retirar los seguros de gastos médicos mayores de gobernantes; desaparecer el fuero y eliminar pensiones que gozan los expresidentes.
Cabe mencionar que cumplimos con lo expuesto por el artículo 71 de nuestra Carta Magna, el cual estipula reunir firmas de apoyo ciudadano, equivalentes al 0.13% de la lista nominal de electores, presentando el día de hoy, dicho instrumento de participación ciudadana con 220 mil 316 firmas de apoyo.
Confiamos en que dicha iniciativa sea estudiada y dictaminada por el Congreso de la Unión, para evitar los despilfarros que se dan actualmente en el gobierno y generar con ello ahorros, que pueden ser utilizados en emergencias como la que se está viviendo actualmente nuestro país.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo. Carlos Augusto Morales López (rúbrica) Presidente Nacional de Transformando Somos Más, AC
Con fundamento en los artículos 8, 35 fracción VII, 71 fracción IV y 73 fracción XXIXQ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de este Órgano Legislativo la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentación
En las sociedades democráticas de la actualidad el respeto a las libertades, la igualdad y la solidaridad, constituyen temas referenciales en la estructuración de su respectivo sistema político y el diseño institucional del mismo. En tal sentido, cuando se hace evidente la existencia de privilegios de los que disfruta la clase política, lejos de cumplir con la más auténtica finalidad del servicio público y el bienestar común, se erige en una casta privilegiada que vive a costa de los recursos públicos, cuyo origen son las contribuciones a cargo de los ciudadanos en general.
En tal virtud, al hablar de igualdad debemos tener presente la preexistencia de la concepción de diferencia. Conforme a la definición del jurista Guillermo Cabanellas Torres la igualdad consiste en lo siguiente: “ Conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. / Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de un todo. / Trato uniforme en situaciones similares. / ANTE LA LEY. La propia generalidad de la ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equiparar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que concurra identidad de circunstancias”. 1
Por otra parte, la diferencia se entiende como “la cualidad o aspecto por el cual una persona o cosa se distingue de otra”. Complementando la dicotomía igualdad/diferencia, encontramos el concepto de privilegio, que implica una categoría no generalizada, es decir, a la que pocos tienen acceso.
La palabra privilegio deriva del latín “ privilegium” y se encuentra conformada por la suma de tres claros componentes: “ privus”, que es sinónimo de “privado”; “ legalis” , que es equivalente o “relativo a la ley”; y, finalmente, el sufijo “ ium”, que puede traducirse como “indicativo de relación”, la relación existente entre lo privado y la ley, que deviene en un absurdo en el entendido de que una ley no puede ser privada o privativa, sino general y abstracta. En el ámbito del derecho, el privilegio se define como la prerrogativa o gracia que se concede a una persona, liberándole de carga o gravamen, o confiriéndole un derecho del que no gozan los demás. 2
En este orden de ideas, el momento histórico que vive México reclama una activa y amplia participación de todos los sectores de la sociedad. Los excesos cometidos por la clase política en el ejercicio del poder plantean una serie de problemas que han llevado a la corrupción del servicio público, transformándolo en un mero botín para quienes acceden a él, olvidándose de los principios básicos de compromiso social, honradez y eficacia en el desempeño del encargo público. En esto radica el interés de la presente iniciativa ciudadana, concebida bajo el rubro general: “Por un Gobierno sin Privilegios”.
Hoy, el Presidente de la República, diputados, senadores, secretarios, ministros, magistrados, jueces, los integrantes de los órganos autónomos y en general todos los servidores públicos denominados de alto nivel, gozan de ostentosos privilegios, injustificables, inadmisibles e inexistentes en otros países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En contraste con la mayoría del pueblo mexicano, que está sumergido en la espiral invertida que constituye la pobreza en un contexto de crisis cíclicas, que encadenan el destino de ciudadanos honestos y trabajadores a caminos de explotación interminable y destinos cada vez más siniestros.
Queremos un gobierno sin privilegios y vamos a luchar por él. Queremos un país en donde los altos funcionarios vean por el bienestar del pueblo, por el desarrollo económico del país, por la innovación tecnológica, por disminuir las profundas desigualdades sociales, por combatir la delincuencia. Queremos gobernantes que sean el ejemplo del buen ciudadano ante la sociedad, ante los niños; en lugar de ocupar los primeros lugares en los índices de corrupción mundial. Queremos gobernantes honestos, no cínicos funestos. Queremos diputados y senadores que se ajusten los sueldos y disminuyan sus privilegios, que el Congreso sea la casa del pueblo.
La ciudadanía está cansada de ver a los altos funcionarios dilapidar el futuro de la nación. En las últimas décadas los presidentes, ex presidentes y sus séquitos han incrementado sus privilegios como si no existiera fin. Son los primeros en desfalcar al país, cuando deberían de ser los primeros en velar por el destino de todos. Con los privilegios que se autoasignan a costas del pueblo, los altos funcionarios de México se parecen más a la corte de una decadente monarquía en tiempos cercanos a una revolución, que al gobierno progresista de un gran pueblo que está a punto de emerger.
Por lo anterior, nos permitimos formular la presente iniciativa ciudadana bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un gobierno sin altas percepciones
Si bien resulta lógico y hasta deseable que, tanto los ingresos como los egresos proyectados para cada ejercicio fiscal, en términos generales, evidencien un incremento, también lo es que los ajustes presupuestales que se aplican cada año mantengan una clara orientación social y de servicio público. Esto no sucede así, ya que mientras el gasto corriente mantiene cierta estabilidad e incluso tiende a aumentar cada año, la inversión en rubros como el desarrollo social, el desarrollo económico o la ciencia y la cultura, suelen ser los que experimentan recortes o ajustes a la baja cada vez que el gobierno se encuentra con una situación económica critica.
A manera de ejemplo, se puede señalar que mientras para el ejercicio fiscal 2016 se proyectó un monto total de egresos por 4 billones 753 mil 874 millones de pesos, para el 2017 se ha establecido un total de 4 billones 888 mil 892 millones, lo que implica un incremento de 135 mil 018 millones. Esto nos permite establecer la existencia de un incremento, tanto en los ingresos como en lo egresos, del presupuesto federal. No obstante, todavía no tenemos claro donde se aumentará el gasto y en que rubros, por el contrario, sufrirá una reducción considerable.
De acuerdo con el Análisis del Paquete Económico 2017, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre 2010 y 2016 los ingresos del Sector Público Presupuestario registraron un crecimiento promedio anual del 4.3% en términos reales, al pasar de 2 billones 960 mil 443 millones de pesos en 2010 a 4 billones 664 mil 300 millones de pesos esperados para el cierre del ejercicio fiscal de 2016. 3
No obstante, en cuanto a la clasificación funcional del gasto para el ejercicio fiscal 2017, destacan las reducciones que se...
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