Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Protección Civil, y del Sistema Nacional Anticorrupción, para crear comisiones sociales ciudadanas que fiscalicen los recursos públicos que, a la declaratoria de emergencia extraordinaria por desastres naturales, se destinen a las zonas afectadas., de 7 de Diciembre de 2017
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Protección Civil, y del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de la diputada María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal María Olimpia Zapata Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, párrafo 1, fracción I, 77, párrafo 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, conforme a lo siguiente: Exposición de motivos
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Planteamiento del problema
En los primeros días de la semana inicial del mes de septiembre de dos mil diecisiete las autoridades y los medios de comunicación nacionales anunciaban el arribo inminente del huracán Katia a las costas del Golfo de México. Se ultimaban los preparativos para atender la catástrofe en esa zona cuando, en la noche del jueves siete de septiembre, un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el suroeste de Pijijiapan, Chiapas, cimbró las regiones centro y meridional del país, causando numerosas pérdidas humanas y materiales en diversos municipios chiapanecos y del Estado de Oaxaca. Casi setenta y dos horas después, el ciclón tropical pronosticado tocó las playas de Veracruz, afectando a setenta y tres municipios de la entidad y a quince del estado de Puebla. 1 No transcurrieron dos semanas sin que el panorama se ensombreciera aún más. El martes diecinueve de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 cuyo origen se localizó a doce kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos 2 azotó las comunidades morelenses, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Guerrero y, de nuevo, Oaxaca.
En uno de los reportes que difundió el ocho de septiembre, el Coordinador de Protección Civil Luis Felipe Puente informó que el movimiento telúrico de la jornada anterior había dejado cuarenta y cinco personas muertas en Oaxaca, diez en Chiapas y tres en Tabasco. 3 Los números finales fueron ochenta y dos, dieciséis y cuatro respectivamente, 4 amén de sesenta y tres mil trescientos treinta y cinco viviendas dañadas en la jurisdicción oaxaqueña y cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y seis en la chiapaneca. 5 El doce de septiembre, el periódico “La Unión” reportó que los deslizamientos de tierra provocados por las precipitaciones derivadas de Katia habían cobrado en Jalapa la vida de dos personas y la estabilidad de por lo menos setenta casas habitación. 6 El veintidós, el Coordinador Puente dio cuenta de ciento cincuenta y cinco defunciones en la capital de la República ocasionadas por el terremoto que rememoró de la peor manera el acontecido en mil novecientos ochenta y cinco. Al diecinueve de octubre esta cifra de víctimas mortales se había incrementado a doscientos veintiocho, más las ciento cuarenta y una repartidas entre las demás entidades impactadas por el mismo hecho. 7 Ciento ochenta mil setecientas treinta y una viviendas trastocadas en mayor o menor grado es, conforme a los censos, el saldo de los dos sismos, 8 los cuales deterioraron además la estructura física del 16.1 % de los establecimientos económicos sitos en las áreas colapsadas según declaraciones de sus propietarios al Inegi. 9 Súmense a lo anterior miles de heridos y damnificados patrimoniales, y un conjunto no minúsculo de planteles educativos, centros de salud y monumentos históricos disminuidos o derrumbados a causa de la tríada septembrina.
La filtración y actualización constante de tales datos en los comunicados oficiales, en las notas periodísticas y noticieros, así como en las redes sociales, nos dio a conocer paso a paso la magnitud de la tragedia. Hoy, la aproximación a sus efectos es casi completa, aunque un mínimo de empatía con los deudos y con quienes acusan las secuelas en su integridad corporal y económica nos impone cautela respecto a plegarnos sin escepticismo a las estadísticas que se pretende sean las definitivas.
Lo cierto, es la dimensión descomunal de esta triple embestida de la naturaleza. De ella dieron testimonio las ruinas del Colegio Enrique Rebsamen de Tlalpan; la estatua tolsiana de la Esperanza desplomada del ático de la Catedral de México; los escombros de Juchitán, de San Gregorio Atlapulco y de Jojutla.
También es cierto que el Gobierno de la Nación, en su rol de agente subsidiario de las aptitudes comunitarias, cuenta con instrumentos financieros de gestión de riesgos para mitigar las consecuencias de los fenómenos naturales perturbadores. Entre ellos destaca el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyo fin primordial es canalizar recursos federales a la reconstrucción o restitución de los bienes perjudicados por la ocurrencia de eventos geológicos o hidrometeorológicos severos y otros similares. A la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados compete fiscalizar la...
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