Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incorporando aspectos inherentes a la gestión integral de riesgo de desastres., de 14 de Diciembre de 2017
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, diputada integrante de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incorporando aspectos inherentes a la gestión integral de riesgos de desastres, al tenor de lo siguiente Exposición de Motivos
Por la ubicación geográfica del país y sus condiciones geológicas, se encuentra expuesto a fenómenos naturales, como: sismos, ciclones tropicales, inundaciones, lluvias intensas, deslizamiento de laderas, erupciones volcánicas, heladas, sequías, etc. Estos fenómenos seguirán ocurriendo debido a la naturaleza dinámica de nuestro planeta, aunado a esto los escenarios previstos como consecuencias del cambio climático -incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos.
Durante muchos años, el propio desarrollo del país sin una planeación adecuada y sin un ordenamiento territorial que considerara el riesgo de desastres, ha creado condiciones de vulnerabilidad que ante la presencia de fenómenos perturbadores, se traducen en desastres. A esto hay que sumarle la degradación ambiental, la concentración en grandes urbes, el surgimiento de nuevos fenómenos destructivos de origen químico-tecnológico, sanitario ecológicos y socio-organizativos, dando como resultado una tendencia a incrementar los daños a la propiedad, a los servicios y a la ecología.
El impacto económico de esos desastres ha representado cuantiosos daños y pérdidas para el país y las inversiones públicas, además de la lamentable pérdida de vidas humanas. Los estudios sobre el impacto realizada por el Cenapred, entre el 2000 y el 2015, suma más de 410 mil millones de pesos.
Por otro lado, los desastres tienen también implicaciones en el bienestar y desarrollo de la población. Tan solo en 2013, 3.1 millones de habitantes, 61 mil 635 viviendas, 2 mil 360 escuelas y más de 980 mil hectáreas resultaron afectados por algún desastre.
Un desastre que evidenció la alta vulnerabilidad y un enorme impacto económico fue el sismo de 1985. El terremoto del 19 de septiembre, con una magnitud de 8.1, provocó daños que se extendieron desde la costa occidental hacia la meseta central de la República, aunque los más graves se concentraron en áreas específicas como el Distrito Federal, actualmente ciudad de México.
Esto último se explica por una combinación de factores entre los que cabe citar el que muchas edificaciones – especialmente aquellas de entre 8 y 15 pisos de altura– entraron en resonancia debido a la larga duración del sismo, a las frecuencias con las que se movió el terreno y al tipo del suelo en el valle de México -depósitos lacustres. Adicionalmente las normas de construcción vigentes en ese entonces preveían amplitudes muy inferiores a las que en realidad ocurrieron.
El desglose por sectores del daño directo señala que entre los rubros más afectados por el sismo están los edificios que ocupaba la administración pública (el 34 por ciento del total), la vivienda (15.7 por ciento), la de salud (15.4 por ciento), la infraestructura educativa (11.4 por ciento) y la pequeña industria y comercio (8.9 por ciento). En orden de importancia decreciente seguirían los sectores de las telecomunicaciones (con el 6.3 por ciento) y el turismo con menos del 5 por ciento de participación en el daño total. De acuerdo con esto, cerca de la mitad de las pérdidas corresponden al sector público.
Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos...
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