Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona los artículos 21, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública coordinada., de 22 de Noviembre de 2018
Que reforma y adiciona los artículos 21, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputadas y diputados a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta honorable Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública coordinada , de acuerdo a la siguiente:
Planteamiento del Problema
Uno de los principales problemas que aqueja a nuestra sociedad es, precisamente, la falta de seguridad, derivado de un largo período de tiempo de descuido y desvíos de recursos financieros que, en consecuencia, han disminuido las capacidades de los cuerpos policiacos. Es indispensable e ingente proponer un nuevo esquema de coordinación que atienda la problemática actual entre las instituciones federales, estatales y municipales, pretendiendo la complementación y subsidiariedad de las actividades.
Es en este sentido que proponemos la posibilidad de que existan convenios de actuación complementaria o subsidiaria que planteen la posibilidad de recomponer la situación que la genera. Sin embargo, las propuestas que se han realizado, plantean la fragmentación de las facultades de las entidades federativas y los municipios, ya que no establecen ningún ámbito de protección y restitución de las atribuciones sustituidas. En el esquema que hemos diseñado, se privilegia la integridad de la soberanía municipal y estatal de tal manera que se haga más eficiente la actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Argumentación
En México, la violencia ha hecho del crimen organizado un fenómeno emergente que se ha integrado a la agenda de gobierno y, el vínculo que existe entre una y otro ha incrementado la gravedad del problema. Asimismo, se ha favorecido, gracias a los nexos de las organizaciones criminales con pandillas, una violencia más irracional expresada en ejecuciones, torturas y masacres, y por la presencia de grupos armados más profesionales provenientes de la deserción de cuerpos de seguridad gubernamentales en los tres órdenes de gobierno.
La sociedad se ha manifestado en contra de esta violencia producida y por el ejercicio indiscriminado de la fuerza pública que lo ataca, debido a que se han provocado muertes de civiles inocentes, en virtud de que no existe una verdadera coordinación de los tres niveles de gobierno, para su combate. El gobierno federal, que centraliza las fuerzas policiacas con armamentos más sofisticados y con un presupuesto suficiente para su capacitación y los niveles estatal y municipal, con graves carencias en el aspecto operativo y de armamento los cuales, adicionalmente, no gozan de alguna vinculación con los sistemas de inteligencia federales que les permita actuar coordinadamente y coadyuvar en el éxito de sus operativos.
Múltiples ocasiones hemos escuchado sobre la necesidad de la participación de los gobiernos locales y municipales, así como de sus instituciones, con el objeto de que asuman su responsabilidad, sin embargo, no sólo han sido omisos a este llamado, permitiendo que los grupos organizados de delincuencia corrompan a sus autoridades y se apoderen, por ende, de sus territorios sino que, además, generan diversos factores de desestabilización al actuar en connivencia de las organizaciones de la delincuencia organizada.
Es por ello indispensable que los estados y los municipios, a través de sus autoridades, enfrenten el problema seriamente e inicien con la construcción de cuerpos policiacos fuertes, con mecanismos ideales de control de confianza, bien capacitados y cuyos elementos gocen no sólo de un salario profesional digno sino con un esquema de seguridad social que les permita a ellos y sus familias contar con servicios de salud, vivienda y becas escolares.
Como ello no ha sido posible, en el periodo de 2006 a 2015, se han cometido en el país 129 homicidios de mujeres y hombres, de acuerdo con cifras reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Asociación de Autoridades Locales de México, AC, sin contar con los resultados en secuestros y desapariciones forzadas, entre los cuales, se encuentran un ex gobernador, 42 alcaldes, 12 ex alcaldes, 2 alcaldes suplentes, un alcalde con licencia, 4 alcaldes electos, 4 presidentes de comunidades, 3 regidores, 2 ex regidores, 4 síndicos, un precandidato a alcalde y jefes policiacos, entre otros. Lo anterior a pesar de la reforma constitucional y las leyes que dieron vida a un esquema de coordinación diverso al existente desde 1994 pero que no resultó suficiente para solventar las necesidades de la seguridad en México. Esto dio como resultado que, según cifras no oficiales, los homicidios superen los 104 mil, que el 2017 haya sido considerado como el año más violento y que el último proceso electoral se haya visto manchado por ser categorizado como en el que más homicidios de políticos se produjeron.
Lo anterior ha demostrado que el diseño de la política para combatir el crimen organizado ha evidenciado los conflictos en la normativa y la dificultad para articular la política de seguridad pública con la de seguridad nacional, respetando los límites de ambas. Asimismo, se sigue mostrando que el objetivo de la política no es combatir al crimen organizado sino la violencia que éste provoca y que la estrategia utilizada se ha fundado principalmente en el ejercicio de la fuerza pública, es decir, que la táctica declarada se sustenta principalmente en la política de seguridad pública y no en un asunto de seguridad nacional, considerándose equivocadamente que el uso de la fuerza y no los sistemas de inteligencia de los tres niveles de gobierno, es suficiente para alcanzar los objetivos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dados a conocer mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (Envipe), 1 las instituciones/autoridades que los mexicanos perciben como más corruptas son la policía de tránsito (con el 77.3 por ciento) y la policía preventiva municipal (con 69.1 por ciento), en tanto las mejores posicionadas son la Marina (con el 21.6 por ciento) y el Ejército (con un 27.6 por ciento).
Sin embargo, las instituciones policiales, la estatal y la federal, no constituyen excepciones a la percepción ciudadana de corrupción, por un lado, la policía estatal se posiciona con un 65.2 por ciento, en tanto que la Policía Federal con un 57.4, esto es, comparativamente con los cuerpos policiales municipales, las policías estatales y la federal corren la misma suerte de desaprobación ciudadana.
No obstante que la situación es igual, ha habido manifestaciones de actores públicos, específicamente del gobierno saliente y del presidente electo, que pretenden desaparecer, nulificar o restringir a sus más ínfimas expresiones a las fuerzas del orden en el primero de los ámbitos competenciales de operatividad policial: el municipio.
Las razones pueden ser —y son— muy variadas, incluso muchas de ellas resultan atendibles, pero para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la iniciativa que aquí se presenta no tiene la finalidad de presentarse como una más que incluso abone a la discusión, sino como una verdadera propuesta que permita hacer efectiva la obligación del Estado para proteger el derecho humano a la seguridad.
Para esos fines, se parte de la premisa indiscutible de que el tema a debate en torno a tal función estatal es la adopción del llamado Mando Único Policial (MUPol), cuya propuesta se erige como solución a la “preocupación sobre la corrupción y el abuso de la fuerza por parte de los agentes encargados de la prevención del delito y el control social”, 2 propuesta cuyas raíces las encontramos en la “agenda pública por primera vez durante el mandato del Presidente Felipe Calderón, cuando en octubre de 2010 se presentó una iniciativa que proponía introducir un Mando Único Policial Estatal subsidiario o flexible”.
Esta idea se encuentra basada en una premisa fundamental: “las policías estatales funcionan mejor que las municipales” y, como lo mencionan los estudios recientes “esto no es necesariamente cierto”3, pues centrar el debate a los mecanismos de regulación del comportamiento de las instituciones policiales basadas en la “redefinición de la jerarquía y estructura” 4 podría dar respuestas no complementarias.
Así, desde hace ya algunas décadas el poder político ha planteado la necesidad de implementar políticas criminológicas que parten de las ilusorias bases siguientes: 5 1) El incremento de la criminalidad; 2) Conclusiones basadas en números estadísticos formados fantásticamente; 3) Conjeturas con tendencias de dogma; 4) La sociedad ha sido desastrosamente impresionada por las nuevas formas y por las públicas manifestaciones que ha presentado la criminalidad; 5) La prensa se ha encargado de hacer resaltar más estos hechos; 6) La sociedad juzga, por el cinismo de los delincuentes, que el mal ha llegado al grado más alto, deduciendo de esto, que la justicia se ha extinguido y que se protege al criminal, y 7) La lamentable participación de agentes del Estado en algunos de los eventos de violaciones graves a los derechos humanos más emblemáticos que han signado a nuestro país como Ayotzinapa o Tlatlaya.
En estos términos, la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal en el año 2014 basa su argumentación en la premisa de que las instituciones policiales no funcionan adecuadamente en el...
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