Iniciativa parlamentaria que expide la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones y reforma el artículo 479 de la Ley General de Salud., de 27 de Septiembre de 2017
Que expide la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones y reforma el artículo 479 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones y se reforma el artículo 479 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos
Problema
Entre 2008 y 2015 se presentaron casi una decena de iniciativas en torno a la regulación del uso de drogas y el manejo de adicciones, 1 hasta que el 4 de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió permitir el uso de la marihuana con fines terapéuticos y medicinales, así como recreativos a 4 personas (237/2014). A partir de esta sentencia quedó claro que correspondería al Congreso realizar los ajustes pertinentes en el marco jurídico para corresponder con los preceptos esenciales ponderados por la máxima corte. Fue así como, en respuesta a ese espíritu y a sus premisas, se presentaron 5 iniciativas en el Congreso de la Unión, una de las cuales fue impulsada por el propio presidente de la República Enrique Peña Nieto, y en la cual se buscaba elevar a estándares internacionales la dosis permitida en el consumo personal. Bajo esta lógica, sería posible revisar muchos casos de personas sentenciadas por haber sido aprehendidas portando pequeñas dosis, pero por encima de lo que permite la Ley General de Salud, lo cual estaba en sintonía con el criterio de la Suprema Corte al permitir el uso medicinal y lúdico de marihuana.
El problema consiste en que, si bien el 13 de diciembre de 2016 el Senado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de permitir en el país el uso medicinal y científico de la marihuana, 2 el hecho es que esos cambios en el marco legal, aunque valiosos, no son suficientes para dar respuesta a los graves problemas largamente acumulados y acendrados incluso a nivel cultural en las estructuras de la sociedad mexicana, y que se relacionan con el uso, disfrute y control de las drogas. Peor aún, falta mucho para desarraigar la visión punitiva en el tratamiento a los pequeños consumidores, especialmente. Bastaría observar, por ejemplo, el título Décimo Primero, Programa Contra las Adicciones, de la Ley General de Salud, para confirmar que no existe propiamente ninguna planeación para el manejo de las adicciones relacionadas con los narcóticos, sino con el alcoholismo y el tabaquismo que, por cierto, representan un impacto social directo más negativo en muertes y daños a terceros, que las drogas. La diferencia es que en este caso su tratamiento es más judicial que de salubridad.
De manera que el propósito del presidente de transitar hacia el establecimiento de un nuevo paradigma con una visión de respeto a los derechos humanos, sin claudicar al combate al crimen organizado, ha quedado en vilo porque mientras sean criminalizados los pequeños consumidores por exceder los 5 gramos que señala la LGS todo esfuerzo legislativo será incompleto. Esto significa que todavía nos hace falta pasar de un enfoque judicial de las adicciones y consumo de drogas o substancias psicotrópicas hacia otro de auténtica salud pública.
Pero una empresa de esta naturaleza requiere de todo nuestro esfuerzo, como legisladores y como sociedad, vale decir, involucrando responsablemente en una cruzada nacional contra las adicciones a todas nuestras instituciones políticas, jurídicas, educativas y de salud, en el diseño de una Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones.
Argumentación
El tema de las drogas se encuentra ineluctablemente ligado tanto al de sus adicciones, como al de su trasiego y venta (narcotráfico). Puede decirse que, desde hace poco más de medio siglo, ocupa la atención de los gobiernos de todo el mundo. No sólo por los cuantiosos recursos ligados al tráfico de drogas y a las miles de víctimas que arroja su combate, sino por sus efectos sobre la salud de consumidores y no consumidores, pues no cabe duda de que afecta a la sociedad entera.
Evidentemente no es nuestro propósito hacer la apología de la lucha contra el narcotráfico en México y menos en el mundo, pero sí queremos partir de esos dos temas sobre su combate y las nocivas repercusiones a la salud, para plantear –desde ahora– que el gran tema ha sido desde principios del siglo XX la instauración del modelo prohibicionista en la política de drogas y la consiguiente criminalización no sólo del traficante sino del usuario común. De suerte que el problema de la salud ha sido, más bien, una preocupación característica de las últimas décadas del siglo XX y de nuestros días, cuando el paradigma de los derechos humanos ha encontrado mayor aceptación mundial.
Se trata, pues, de un grave problema que se metió en nuestras vidas, que camina en las calles, que no hace excepción de nadie ni de nada y que, más lacerante aún, ha tocado a nuestras familias, a nuestros hijos.
Por ello, hemos dividido nuestra exposición en 3 partes: 1. El impacto económico-social; 2. Impacto del consumo en la salud y la adicción; y 3. El marco legislativo.
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Impacto económico
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2016 publicado en el marco de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, se estima que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años en todo el mundo, consumieron por lo menos una droga en 2014. De esas personas, más de 20 millones padecen trastornos relacionados con su consumo, de las cuales 12 millones son consumidores de drogas por inyección; de esta cantidad, 14 por ciento vive con el VIH 3 por lo que se considera que el impacto del consumo de drogas en lo que respecta a sus consecuencias para la salud sigue siendo devastador. De hecho, según este Informe, el número de muertes relacionadas con las drogas en 2014 se calculó en aproximadamente 207 mil 400 personas de entre 15 y 64 años.
Esto ayuda a dimensionar que se trata de un problema de salud pública en escala global, en estrecha relación con el funcionamiento de un sistema económico al servicio del narcotráfico, como lo demuestran las cifras de su impacto económico.
Así, mientras en 1990 la ONU calculaba que el tráfico global de drogas alcanzaba los 500 mil millones de dólares, en 2013 llegó a la suma de 683 mil millones de dólares, es decir aproximadamente 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, de los cuales 70 por ciento es lavado en el sistema financiero y en los paraísos fiscales. 4
Por su parte, el estudio “El problema de las drogas en las Américas”, patrocinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), reveló que alrededor de dos terceras partes de los ingresos totales se concretan al final de la cadena, con ventas al menudeo. De modo que, según estimaciones de la ONU, tan sólo las ventas minoristas de drogas pueden llegar hasta unos 320 mil millones de dólares (0.9 por ciento del PIB global). 5
Un problema que nos aqueja directamente, es que en los países sudamericanos los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a 150 mil millones de dólares, de los cuales la región de América del Norte genera la mayor parte del total en el hemisferio. 6 En ese contexto, México ha dejado de ser un país de tráfico de drogas (hacia uno de los mayores mercados de consumo de droga, como Estados Unidos), convirtiéndose en un país de consumo, especialmente de marihuana. Esta droga, por ejemplo, representa 70 por ciento del mercado ilegal de drogas en el mundo.
Según Rodrigo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), los cárteles mexicanos obtienen hasta 216 millones de dólares por cada tonelada de droga enviada a los mercados asiáticos, llegando a alcanzar 3 mil 400 por ciento al exportar cocaína. 7
De acuerdo con otras fuentes, el negocio del narco representa un valor de 40,000 millones de dólares por año para las organizaciones criminales mexicanas y sus afiliadas, que dominan el abastecimiento y distribución de la mayoría de las drogas ilícitas en Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la página especializada en la valuación de mercados ilícitos havocscope.com. 8
Pasando ahora al tema del impacto social, hay que decir que, prácticamente desde principios del siglo XX, con la Convención Internacional del Opio de 1912 que establece el primer tratado de fiscalización internacional, se instituye gradual pero inexorablemente (en la mayoría de los países) una política prohibicionista que, a la postre, implicó la criminalización del consumidor y la judicialización de los procesos de tratamiento de éstos.
La política prohibicionista se funda en la premisa de que “...ciertas drogas tienen invariablemente un impacto negativo en la vida de las personas (por lo que), los Estados deben trabajar para reducir el daño que causan a la sociedad y, de hecho, los obliga a ello, e incluso mediante el derecho penal”. 9
Ello no obstante, de manera muy marginal, se fue abriendo paso un paradigma menos agresivo que busca, desde el Estado, preservar la salud física y mental de las personas (lo que veremos más adelante). Lo que, sin embargo, obligó a la mayoría de los Estados a decantarse por el prohibicionismo fue, en primer lugar, la relación entre su combate y el incremento de la violencia directa 10 y, en segundo, su relación en la...
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