Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona los artículos 77 Bis 1, 77 Bis 5, 77 Bis 6, 77 Bis 9 y 77 Bis 30 de la Ley General de Salud., de 24 de Agosto de 2016
Que reforma y adiciona los artículos 77 Bis 1, 77 Bis 5, 77 Bis 6, 77 Bis 9 y 77 Bis 30 de la Ley General de Salud, recibida del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2016
Cirilo Vázquez Parissi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 57 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 77 Bis 1, 77 Bis 5, 77 Bis 6, 77 Bis 9, y 77 Bis 30 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
Es mandato constitucional garantizar a toda persona la protección de la salud, para lo cual la ley definirá las bases y modalidades para el acceso y cobertura de los servicios de salud.
Desde esta perspectiva constitucional, el Estado mexicano ha hecho grandes esfuerzos por tratar de consolidar un modelo de cobertura universal, el cual se inserta en la meta nacional número 2, “ México incluyente”, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; concretamente la estrategia 2.3.4 se orienta en “garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”, sin embargo estimo que el Sistema de Salud debe aspirar por principio de cuentas en homologar los servicios en las diferentes instituciones de salud, tanto públicas como privadas, de manera equitativa para todos los mexicanos.
El objetivo es que asegurados y no asegurados cuenten con los mismos beneficios de una atención decorosa así como, cobertura especializada y completa, cumpliendo con estándares de calidad rigurosos para los hospitales del sector salud y de los servicios estatales de salubridad, para que casos como la defunción de Marisol Martínez Guzmán en Chiapas no vuelvan a ocurrir por la falta de especialistas y equipo para su atención, y en donde todos los mexicanos puedan elegir dónde quieren ser atendidos.
Sabemos que múltiples son las demandas y rezagos que enfrenta el país. Son muchas las voluntades que nos dicen a menudo que hay graves fallas en cuanto a la provisión y cobertura de servicios básicos como la salud. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) nos ha mostrado que el acceso a instituciones de salud pública es mayor para las ciudades más grandes. En promedio, 39 por ciento de los habitantes de las grandes metrópolis tienen acceso a instituciones de salud, comparado con 45 por ciento de la población de ciudades con más de 1 millón de habitantes.
Diversos son los retos que enfrenta el sector salud, pero es de recalcar el llamado que han hecho miles de médicos el pasado veintidós de junio en 82 ciudades por la falta de abasto de medicamentos y mejores condiciones de seguridad e higiene para ejercer su profesión. A ello se suma a la movilización de 2014, viralizada en redes sociales con el hastag #soymédico17 y de la que derivó un pliego petitorio cuya agenda posicionó algunos temas por atender como la relación médico-paciente, justa remuneración, internos y residentes, construcción de más hospitales públicos de segundo y tercer niveles, además de la construcción de corredores para dialogar con los Poderes de la Unión.
En la actualidad, diferentes sistemas cubren las necesidades de salud de la población según su condición de derechohabiencia; aunque existe una porción significativa de población que aún no cuenta con protección alguna. Además, la limitada cobertura presenta importantes rezagos a enfrentar. Tan sólo el IMSS y el ISSSTE que presentan agudos déficits operativos, reportan falta de insumos en clínicas y hospitales, así como en obras de modernización y adecuación de las instalaciones y equipos existentes.
De acuerdo con el Estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2014, los tiempos de espera por paciente para ser atendidos son de 86.4 minutos, tiempo superior a los 30 minutos que establece la Secretaría de Salud (Ssa) como parámetro de calidad y, en cuanto a la medición de satisfacción por surtimiento de medicamentos, ésta es inferior en 15.7 puntos porcentuales respecto al estándar de la propia Ssa, que es de 95.0 por ciento. Lo que indica que los afiliados acaban comprando con recursos propios medicamentos que debiera surtirles su centro de salud.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) señala en el Informe anual 2015 que los médicos perciben la existencia de deficiencia en el armado y contenido del expediente clínico, lo que demerita su trabajo para realizar un diagnóstico completo así como la dilación de la atención en cuanto a programaciones quirúrgicas, referencia y aplicación de tratamiento, circunstancias todas ellas que constituyen algunas de las razones por las cuales los ciudadanos presentan quejas en contra de ellos, todo ello advierte fallas organizacionales que son susceptibles de mejora.
Por otra parte, no debe pasarse por alto para esta legislatura que de 2013 a mayo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 8 mil 498 quejas en contra de personal de instituciones públicas de salud, ello sin mencionar los centenares de denuncias penales que se contabilizan y los que no se hacen por negligencia médica en las entidades federativas. Tan sólo para 2015, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico reportó 2 mil 4 quejas, siendo las principales inconformidades el trato médico irrespetuoso, la mala relación médico-paciente, errores en cirugías y el diagnóstico equivocado.
Un aspecto que llama la atención es la gran cantidad de personas que no cuentan con seguridad social, se estima que 8 millones 994 mil 528 personas actualmente están fuera de los sistemas institucionales de salud, llámese seguridad social y seguro popular, cifra que equivale casi a la totalidad de la población de Veracruz.
Otro punto que debe subrayarse es que, en opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su dictamen 2014, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud otorgó financiamiento para que 57 millones 300 mil personas sin seguridad social contaran con un esquema de aseguramiento en salud; sin embargo, no se dispuso de información para evaluar los servicios otorgados en términos del acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
Otro aspecto alarmante es la figura de un catálogo que reduce el financiamiento a un paquete de intervenciones en salud, la ASF en múltiples ocasiones ha señalado que el paquete apenas abarca 2.4 por ciento de los 14 mil 418 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Destaca también, para las consideraciones de oportunidad de esta iniciativa, el análisis crítico derivado del informe de la Conamed correspondiente a 2015, el cual puntualiza como áreas de riesgo en el sector salud: la falta de oportunidad de la atención, la carencia de radiografías y laminillas de patología...
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