Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor., de 8 de Diciembre de 2010
Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3092-V, martes 7 de septiembre de 2010 Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3092-V, martes 7 de septiembre de 2010 Iniciativas Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT Que expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI De decreto, que establece las características de una moneda de cuño corriente conmemorativa del vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT Que expide la Ley de Justicia Cívica, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia Que expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza del Ejército Mexicano, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del PT Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, y Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia Iniciativas Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
La política social y de fomento a las actividades productivas son herramientas de política económica que tienen como objetivo contribuir a resolver las inequidades sociales, incrementar las capacidades económicas de la gente y desarrollar una base económica productiva, altamente competitiva, generadora de empleo y de bienestar social.
Estas políticas públicas, diseñadas por el Ejecutivo y también por el Poder Legislativo, ven su materialización en instrumentos jurídicos administrativos denominados reglas de operación. Las reglas de operación fueron empleadas por primera vez con la aparición de los primeros programas explícitos de combate a la pobreza en los años 80.
Su utilización se fue ampliando hacia otras áreas de política como la de fomento y la agropecuaria, ya que proveía de un instrumento jurídico-técnico dentro de la esfera de facultades de las áreas administrativas, que permitía utilizarse con flexibilidad y adaptarse a las necesidades específicas de cada programa.
Sin embargo, la popularización en su utilización generó una dispersión abrumadora de instrumentos regulatorios que derivaron en una complejidad para su administración, en un universo de trámites y requisitos para los posibles beneficiarios y que llevaron a los programas a la ineficiencia, la opacidad e ineficacia.
Aunado a este problema regulatorio, las dependencias del Ejecutivo no contaban con plazos definidos para el diseño de las reglas para su publicación, entrada en vigor y operación, lo que generó que muchos programas vieran publicadas sus reglas a mediados de años, y que otras jamás vieran sus reglas de operación publicadas y se ejecutaran en la incertidumbre, provocaran subejercicios, o simplemente los recursos jamás llegaron a sus destinatarios.
Fue así como en 2006, a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, se decidió poner un orden en el proceso de diseño, elaboración, consulta pública y contenidos de las reglas de operación de todos los programas del gobierno federal. En el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció de manera general, un proceso de diseño y de dictaminación regulatorio de las reglas de operación, un contenido mínimo y estructura como que fueran autocontenidas, que definieran claramente la población objetivo, el objetivo general, los criterios de selección, la descripción del mecanismo de selección o asignación de recursos, el nombre de todos y cada uno de los trámites de las reglas, los casos o supuestos que dan derecho a realizar un trámite para obtener beneficios, la forma de realizar el trámite, la obligación de no exigir datos y documentos que aquellos estrictamente necesarios para acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad.
Se establecieron los plazos para su elaboración y entrega ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los plazos para que éstas fueran entregadas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, instancia que tiene como objetivo realizar un análisis del diseño regulatorio y de llevar a cabo la consulta pública con las organizaciones sociales, organizaciones de beneficiarios, entre otros.
Al cabo de 4 años de vigencia de esta reforma, hemos visto avances dentro del diseño de estas políticas públicas. Hoy día existe uniformidad en el contenido estructural de las reglas de operación, de todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Esto ha traído consigo un elemento de certeza y predictibilidad en los momentos de publicación de las reglas, en que los instrumentos no pueden cambiar a gusto de los funcionarios de un día para otro puesto que existe un proceso en ley, lo que brinda un elemento de certeza jurídica para todos los beneficiarios.
Sin embargo, seguimos observando problemas en el diseño regulatorio, problemas que obstruyen al final de cuentas la operación de los programas y genera que los recursos no lleguen a quienes más lo necesitan.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), instancia encargada de evaluar el impacto de los programas sociales, señala que las reglas de operación de los programas al menos tienen los siguientes problemas: a) 75 por ciento de los programas no tienen metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de desempeño. b) 87 por ciento de los programas no tienen establecidos claramente los resultados que buscan alcanzar. c) 87 por ciento de los programas no cuentan con planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. d) 42 por ciento de los programas no tienen mecanismos para establecer y definir metas e indicadores. e) Ningún programa cuenta con métodos para cuantificar la población objetivo y potencial. f) Ningún programa cuenta con una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo. g) Ningún programa recolecta información veraz y oportuna sobre sus indicadores de propósito y fin. h) Sólo el 50 por ciento de los programas ha llevado a cabo evaluaciones externas que le permitan medir impacto.
En lo personal, he realizado revisiones al contenido de las reglas de operación de las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Reforma Agraria, y pueblos indígenas, y he encontrado que las dependencias operan con reglas que tienen objetivos ambiguos y no medibles; la población objetivo no es definida con precisión; cobertura inexacta; los requisitos implican altos costos a los beneficiarios; incertidumbre en los plazos de resolución de las dependencias; indicadores que no permiten evaluar el desempeño e impacto de los programas y falta de claridad en los mecanismos de entrega de apoyos.
Por otro lado, al analizar el proceso de dictaminación formal de las reglas de operación encontramos, con datos obtenidos en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que esta instancia ha elaborado dictámenes regulatorios sobre las reglas de operación para mejorar el contenido regulatorio y de un 100 por ciento de comentarios entregados a las dependencias durante el ejercicio de 2008, para las reglas que entrarían en vigor en 2009, sólo 5 por ciento fueron atendidos por las dependencias y entidades e incorporados en el texto de las reglas.
El que las dependencias no realicen un buen diseño regulatorio de las reglas de operación, que no existan periodos amplios de consulta a los beneficiarios y las organizaciones sociales, que no atiendan los dictámenes regulatorios de la Cofemer, que no atiendan los comentarios que los legisladores realizamos, deriva en instrumentos inoperantes que generan altos costos administrativos a los beneficiarios y al propio gobierno, y generan los subejercicios que tanto daño provocan en los que menos tienen. Por mencionar un ejemplo, la Secretaría de la...
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