Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear los sistemas nacionales de fiscalización, y anticorrupción., de 25 de Noviembre de 2014
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
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Planteamiento del problema
México requiere con urgencia de sistemas que ayuden a combatir la corrupción, así como para establecer mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en la esfera pública, y de un marco jurídico que ayude a emprender acciones coordinadas entre las autoridades que tengan competencia en estas materias, ya que la falta de transparencia y rendición de cuentas en las prácticas gubernamentales y la corrupción registrada tanto en el sector público, como entre los particulares que proveen servicios al gobierno, a los órganos autónomos y a las entidades públicas, se ha acentuado y alcanzado niveles endémicos que impiden el desarrollo económico, político y social del país. Argumentos
I.I. Corrupción
Uno de los grandes rezagos históricos en México ha sido la corrupción , que ha causado graves problemas de gobernabilidad y legitimidad del Estado de Derecho ; ha provocado con ello la obstaculización del desarrollo , y representa un mal ético que no permite la transición ni la alternancia política, generando problemas de administración pública con grandes costos para el país con beneficios para unos cuantos y pagados por muchos , es decir en detrimento del bienestar de la ciudadanía.
La pluralidad en las sociedades democráticas implica que los individuos que la integran tienen y defienden legítimamente intereses propios. Sin embargo, en lo que respecta al ejercicio público, en cargos de responsabilidad pública en el gobierno requiere el apego a principios como la imparcialidad, objetividad, eficiencia, eficacia, ética, honradez y simplificación en su actuar; anteponiendo el interés general al propio.
El impacto negativo de la corrupción inhibe los esfuerzos para el combate a la pobreza, desigualdad y marginación social; mermando la eficacia para fomentar el crecimiento económico, ahuyentando con ello inversiones productivas para el país por la falta de confianza o encontrando aquí una gran oportunidad (de corrupción, de corrompibles) para continuar abusando de los que menos tienen y enriqueciéndose a los mismos. Las causas principales de la corrupción en los ámbitos gubernamentales son la falta de transparencia ya que no garantiza una verdadera rendición de cuentas, aunado a la mala gestión de cargos públicos, lo que conlleva a una impunidad creciente.
El factor primordial para comenzar a combatir dicho mal es por medio de la prevención, con acciones que contrarresten el tráfico de influencias, el conflicto de interés, soborno, el mal desempeño de los servidores públicos, el mal uso de los recursos destinados a las entidades federativas programadas para que brinden servicios básicos, la carencia y dificultad del derecho al acceso a la información.
La falta efectiva rendición de cuentas y la tolerancia a la corrupción por parte de las esferas más importantes dentro de los cargos de gobierno, son causas que conducen a un fallo en las naciones. Es una realidad que prolifera el cáncer de la corrupción y que produce un estancamiento del orden social y económico de un país.
Se ha comprobado que la corrupción tiene los siguientes efectos negativos: • Obstruye los objetivos de eficiencia, eficacia y efectividad de cualquier reforma estructural; • Ineficiente ejecución de políticas sociales; • Afecta severamente al sector de la población, que se encuentra en un rango de menor percepción económica, elevando la desigualdad social; • Genera privatizaciones corruptas de empresas y bienes públicos, que propician el enriquecimiento de personas y corporativos económicos ineficientes, que a su vez incrementan la ineficiencia global del sistema económico del país. Es decir, produce distorsiones en la asignación de recursos; • Origina el inadecuado ejercicio de la programación y asignación del gasto público; • Genera externalidades negativas en la actividad económica, es decir, causa daños a terceros, por ejemplo, una expansión irracional del crédito bancario que impacta directamente en la sociedad, reflejado en sus ingresos; • Afecta negativamente la productividad y el crecimiento económico programado a largo plazo; • Los sobornos generan polaridad social y económica, provocados entre las pequeñas y grandes empresas, es decir, el influyentismo en los costos y pago de impuestos que son desproporcionados; • Propicia la venta de activos públicos subvaluados a los particulares eliminando el patrimonio del erario nacional; • Genera la privatización de paraestatales y bienes públicos que pone en desventaja al patrimonio nacional, proceso que se transfiere en el incremento o creación de nuevos impuestos; • Desalienta la confianza de la inversión extranjera en nuestro país; y • Provoca un panorama de informalidad, poca responsabilidad y nula competitividad entre el sector privado.
En síntesis la corrupción genera deficiencias: a) En la aplicación de la ley; b) En el trato entre instituciones estatales y la ciudadanía, gobernantes-gobernados; c) En el acceso al poder judicial y a un proceso justo; y d) En el desarrollo económico y social.
Considerando la dimensión global de la economía mexicana -una de las economías más abiertas del mundo-, y el hecho de que los grupos de interés económicos y políticos nacionales y extranjeros dominantes en México, que son algunos de ellos quienes recurren a la corrupción, resultan ser un factor decisivo de influencia, que sólo puede afrontarse exitosamente con una respuesta política altamente cohesionada, ésta no puede ser otra que el combate decidido e intransigente a dicha práctica ilegal.
La corrupción también es entendida como la desviación de la conducta de un funcionario público, que se aparta de las normas establecidas, para ponerlas al servicio de intereses ajenos a la gestión gubernamental y buen gobierno, se ha observado que tales prácticas, privilegian las relaciones de poder, es decir, como una especie de intercambio de favores, de los cuales se pueden destacar cuatro factores: • Violación sistemática a los marcos legales institucionales; • Intercambios clandestinos entre lo público e intereses políticos y económicos; • Actuación de grupos con intereses propios en escenarios políticos; y • La aceptación intrínseca de las relaciones de poder en la toma de decisiones.
En referencia al párrafo anterior, es prudente mencionar el cómo se conjetura este mal que aqueja al ámbito gubernamental y perjudica a la ciudadanía, según Klitgaard (1988: 74-75), la ecuación básica de la corrupción se compone de la siguiente manera: • Corrupción = Monopolio de la decisión pública + Discrecionalidad de la decisión pública - Responsabilidad (en el sentido de obligación de dar cuentas) por la decisión pública adoptada.
Lo anterior nos conduce a señalar un desconocimiento intencional del Estado de Derecho, ausencia de transparencia por la importancia del secreto, obtención de un bien o servicio extra oficial y el fortalecimiento del comportamiento corrupto, es decir, la legitimación desde el espacio institucional de la conducta ilícita en la función pública.
Por eso debemos de aprovechar la coyuntura de manera inteligente y cohesionada para una efectiva intervención en contra la corrupción.
I.II. Tipos de corrupción
Si bien las causas de la corrupción son multifactoriales como lo señalamos anteriormente, se hace necesario realizar una taxonomía rigurosa de la misma, para ubicar en su exacta dimensión y en orden de importancia, las manifestaciones de corrupción existentes, esto en virtud de que tienen efectos sociales y económicos diferenciadores, con el agravamiento de que son escasos los recursos para su combate y nulos los resultados.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tipifica 11 actos de corrupción: • Soborno de funcionarios públicos nacionales; • Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas; • Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público; • Tráfico de influencias; • Abuso de funciones; • Enriquecimiento ilícito; • Soborno en el sector privado; • Malversación o peculado de bienes en el sector privado; • Blanqueo del producto de los delitos de corrupción; • Encubrimiento; y • Obstrucción de la justicia.
Aún y cuando el Estado Mexicano en materia de combate a la corrupción ha ratificado importantes compromisos para prevenir, detectar, sancionar, erradicar y reparar el daño que ha generado dicha práctica, poco se ha avanzado en estos factores; por lo que primero tendríamos que empezar por definir y tipificar el concepto de “corrupción” dentro del marco jurídico mexicano.
Sin embargo y de lo que si tenemos certeza es respecto a la falta de legitimidad de la función pública; del inadecuado uso de recursos financieros; del mal desempeño en los cargos de Gobierno; del abuso y enriquecimiento ilícito de servidores públicos y el conflicto de interés en los que se ven envueltos con un mayor número de incidencia.
La corrupción ha sido definida por el Banco Mundial como al “abuso de poder público para el beneficio privado”, ataca al ámbito público y privado, ya que existen casos claros donde las empresas son responsables de un elevado volumen de abusos en materia de desvíos de recursos que perjudican en las esferas gubernamental y social. Contrario a ello, una economía estable se mantiene por un sistema certero de rendición de cuentas, aplicando controles efectivos en el gasto de recursos públicos y responsabilidades con la población, logrando un desarrollo creciente y efectivo ejercicio del Estado de Derecho, con pleno reconocimiento de la ciudadanía participativa.
Con base a datos cuantitativos provenientes de la encuesta de percepción del Informe Ejecutivo 2010 del Índice...
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