Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública., de 22 de Septiembre de 2005
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO ROGER DAVID ALCOCER GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Roger David Alcocer García, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que propone la reforma y adición de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En la actualidad, la realidad histórica que los mexicanos estamos viviendo, exige reacciones inmediatas de parte del Gobierno Federal para abatir la delincuencia. Esta soberanía también es gobierno a la luz de la teoría clásica de la división de poderes y tiene sobre sus hombros la importante responsabilidad de crear leyes y promover reformas que solucionen la problemática nacional en materia de seguridad pública, por lo que la presente iniciativa forma parte de una serie de reformas constitucionales y legales, que la fracción parlamentaria de la que formamos parte, piensa instrumentar para dar respuesta al clamor social que en materia de seguridad pública se torna cada vez mas homogéneo y generalizado entre la población nacional y que se suma a la iniciativa presentada por este mismo diputado para la independización del Ministerio Público del Poder Ejecutivo y su concepción normativa como organismo constitucional autónomo.
Así, la presente iniciativa que hoy presentamos, pretende la creación de un archivo criminal confiable en el que aparezcan identificados, tanto los más peligrosos delincuentes, como las personas que hayan sido declaradas penalmente responsables por un órgano jurisdiccional y mediante sentencia firme e irrevocable, sin conculcar garantías individuales y a partir del inicio de la compurgación de la pena correspondiente, lo que otorgaría certeza jurídica a las personas que habiendo sido procesadas, no fueron declaradas responsables de los hechos que se les imputaron, reintegrándolas de manera más pronta a la vida productiva nacional.
Actualmente el sistema de identificación administrativa de los procesados resulta polémico e inseguro y no cuenta con el pleno respaldo del poder judicial. Por ejemplo; existen tesis jurisprudenciales como la emitida bajo el rubro "identificación administrativa del procesado. Procedencia de la suspensión contra el acto que la ordena" que consideran que es violatorio de garantías la orden de identificación del procesado, simplemente al dictar el auto de formal prisión, lo que ocasiona que la gran mayoría de los afectados que fueron absueltos, acuda al juicio de garantías para contrarrestar sus efectos.
Sin embargo en algunas otras circunstancias, cuando los procesados son absueltos, no todos cuentan con los recursos necesarios, ni la información suficiente para revertir los registros de identificación en los archivos criminales, creando así confusión entre las autoridades encargadas de la seguridad pública a nivel nacional, pues como ya lo hemos visto, en ocasiones se emiten comunicados o boletines de búsqueda de personas que son consideradas como enemigos públicos y que no se percatan las autoridades que en ocasiones esas personas que están buscando asiduamente, ya se encuentran purgando una condena en el interior de una prisión. En el peor de los casos, se confunde a ejemplares ciudadanos con peligrosos delincuentes y se les investiga como peligrosos narcotraficantes, para después decirles...
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