Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Consejo Económico y Social de Estado y elevar a rango constitucional la participación social de los ciudadanos en las decisiones públicas., de 11 de Diciembre de 2008

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR RUIZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, somete ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar los artículos 25, 26, 35, 36 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el consejo económico y social de estado, y elevar a rango constitucional la participación social de los ciudadanos en las decisiones públicas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Hoy en día uno de los problemas más importantes de la gobernabilidad democrática que se pretende instaurar en nuestro sistema político es la forma de articulación y el equilibrado funcionamiento de los componentes de la democracia representativa en sentido estricto, es decir: sufragio, elecciones, partidos y gobiernos con relación a otros aspectos que van más allá del carácter estrictamente electoral de la misma democracia directa y que reclaman mayor participación de la ciudadanía, como es el caso de la democracia participativa, cuyas figuras del referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular permiten a los ciudadanos expresarse a favor o en contra de las políticas públicas y de legislaciones impulsadas por los gobiernos. Sin embargo, otro aspecto sobresaliente en las democracias consolidadas es el fenómeno de la participación social, esto es, de la participación de la ciudadanía organizada principalmente en consejos consultivos de la sociedad civil, observatorios ciudadanos, o contralorías ciudadanas que constituyen formas de inclusión social, que atienden a la necesidad dentro del proceso de consolidación de las democracias, de promover la institucionalización de la participación ciudadana más allá del voto electoral.

En ese sentido, la creación de los consejos económicos y sociales en varios países de Europa y de Latinoamérica, inclusive, en Naciones Unidas, cumple con en éste propósito, ya que tales instancias tienen una fuerte relación con el fortalecimiento de la vida institucional y la democracia, tanto en el plano nacional como el internacional; son espacios de diálogo, deliberación, y acuerdos para generar propuestas e interlocución con el poder público, lo cual implica la coexistencia de distintas formas de pensamiento y de diferentes maneras de actuar y de opinar, hasta alcanzar consensos y acuerdos, lo mismo en la determinación de los objetivos que en los caminos y opciones para su consecución. También, respecto a las prioridades y la prevención de los plazos y recursos necesarios. Prevalece ante la diversidad y la pluralidad, la visión de conjunto y de largo plazo, pero sobre todo, voluntad de actuar en razón del bien común y la justicia social.

Los consejos económicos y sociales involucran un proceso continuo y colectivo de representación, participación, concertación y propuesta, para asegurar objetivos y metas comunes de desarrollo nacional, social y económico. De ahí que el funcionamiento de los consejos demanda y concreta una amplia participación de la sociedad civil en la instrumentación de las políticas de desarrollo.

Es por ello que más de sesenta países han incorporado estos consejos a su legislación, para replantear las relaciones tradicionales entre gobernados y gobernantes, con la integración de un poderoso instrumento de concertación social, que opera para la identificación de consensos y soluciones, partiendo de posiciones distintas e incluso contradictorias. Mediante la discusión se buscan alternativas y propuestas que se vinculen o complementen, en una visión de futuro que afecta e interesa a todos los participantes. El propósito esencial es lograr un equilibrio entre los planteamientos y soluciones económicas, sociales, ambientales y culturales.

Estos consejos se integran por representaciones plurales, y tienen como uno de sus propósitos centrales orientar a la opinión pública y favorecer la adopción de acuerdos en asuntos sociales y económicos relevantes, a través de su análisis y discusión permanente, y en el que intervienen todos los sectores representados. La profusa labor que han realizado permite señalar que han sido de gran utilidad para alcanzar consensos o acuerdos fundamentales entre los sectores participantes. Situación que les ha permitido adoptar posturas coincidentes ante las instancias de gobierno involucradas, bien sea para impulsar tal legislación o normatividad o para la realización de determinada acción o apoyo gubernamental a determinado proyecto.

Los consejos económicos y sociales tienen una naturaleza coadyuvante, por ello no suplen ni duplican las atribuciones y responsabilidades de otras instancias gubernamentales o instancias políticas y sociales. Sus análisis, informes y conclusiones pueden generar recomendaciones o adquirir un carácter vinculatorio para las autoridades gubernamentales, y únicamente de recomendación para los agentes participantes. En todos los casos les compete hacer el seguimiento de las propuestas, recomendaciones y resoluciones que emiten. La representación que ahí se ejerce sólo involucra a los miembros del consejo, no se entiende como la representación de toda la sociedad civil y la participación es voluntaria.

La instauración de los consejos económicos y sociales ha posibilitado una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, ya que opera como una vía fundamental de democratización, garantía y gobernabilidad, y promueve la transparencia de los mecanismos y de los usos del poder. La participación comprometida de la sociedad es, por tanto, uno de los instrumentos fundamentales de los consejos. Su acción ha permitido...

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