Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, relacionado con los delitos cometidos por servidores públicos., de 29 de Abril de 2010
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL FEDERAL, Y FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los el Título Decimo del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los servidores públicos desempeñan un papel preponderante en el desarrollo de la administración pública y son la base operativa de las políticas y acciones gubernamentales que tienen por objeto el propiciar el mejor desarrollo para la población mexicana.
Sus limitaciones están enmarcadas en diferentes ordenamientos jurídicos de la legislación nacional, lo cual constituye un amplio régimen de responsabilidades donde se encuentran sus atribuciones y compromisos, siendo los más importantes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.
La responsabilidad de los servidores públicos es importante, pues en sus manos se encuentra la gestión gubernamental, la administración de los recursos públicos, la procuración y administración de justicia, la seguridad pública, el desarrollo de infraestructura y la dotación de servicios sociales; por tal motivo sus actividades y responsabilidades están sujetas a los establecido por la normatividad marco de los servidores públicos.
Las acciones y omisiones de un servidor público deben ser analizadas con sumo cuidado, pues el incumplimiento de sus funciones o la realización de hechos sancionados por ley deben generar algún tipo de responsabilidad que subsane las afectaciones sociales y del Estado.
El incumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos debe ser sancionado, pues el Estado debe ser responsable respecto de los daños ocasionados por sus funcionarios.
Los delitos que cometen los funcionarios públicos tienen afectaciones de carácter general en la sociedad, trasmitiéndole altos costos presupuestales, deficiencias administrativas, fracasos de política pública, violaciones a los derechos humanos, inseguridad, rezago e inequidad y problemas en el orden social.
Los delitos de los funcionarios públicos se relacionan y avivan el penoso fenómeno de la corrupción, el cual sufre el país desde tiempos remotos y que se traduce en la agudización de los numerosos problemas sociales y en el debilitamiento del estado de derecho.
Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el mismo Código Penal Federal disponen de los mecanismos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos cuando son transgredidos por los servidores públicos, aunque cabe decir que aún son necesarias rectificaciones para hacer de esta normatividad un elemento que corresponda con la realidad y gravedad que representa la corrupción de los funcionarios al servicio del Estado.
El andar de la legislación nacional en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos en la época moderna del país se remonta a 1982, cuando se creó la Ley Federal de Responsabilidades del los Servidores Públicos, la cual reglamentó las modificaciones hechas al Título Cuarto de nuestra Carta Magna y correspondió con los debates de reforma en la materia en el Código Penal Federal.
El objetivo de estas reformas era reglamentar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos y de esta forma hacer exigibles sus responsabilidades ante el Estado mexicano y la sociedad, además de mejorar la legislación nacional incorporando nuevas doctrinas y enriqueciendo al derecho positivo.
Sin embargo, la preocupante situación actual en torno a la corrupción vivida en México y sus nuevos instrumentos de operación invitan a reflexionar sobre la pertinencia de adecuar nuestro marco legal en la materia, con la finalidad de responder de forma eficaz ante las acciones indebidas de los funcionarios públicos que las llevan a cabo.
Lo anterior es trascendental para el funcionamiento operativo del Estado mexicano, pues la corrupción en el país desafortunadamente tiene consecuencias en distintos ámbitos, como los son en lo político, presupuestal, administrativo además de afectar a la estabilidad, el orden social, el éxito de los programas, la impartición de justicia, el respeto a los derechos humanos, la seguridad pública y la vida pública nacional.
La corrupción, sobre todo en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y cohecho, alimentan a la desigualdad social, el desvió de recursos presupuestales, la mala utilización de fondos públicos y, por ende, representan un alto costo para el Estado y el patrimonio de los mexicanos.
Un ejemplo de lo anterior se refleja en los resultados del índice nacional de corrupción y buen gobierno de 2007, el cual estima que 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales...
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