Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal del Trabajo, Agraria, del Seguro Social, y General de Educación, con el objeto de tutelar los derechos laborales y de seguridad social de las y los jornaleros., de 28 de Abril de 2015

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal del Trabajo, Agraria, del Seguro Social, y General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD

Gloria Bautista Cuevas, diputada federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del Seguro Social y la Ley General de Educación, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La invisibilidad del dolor, de las terribles injusticias , la enfermedad y muerte cercanas que sufren las y los jornaleros y sus familias, especialmente las y los niños y adolescentes, en los campos de trabajo rurales (destacadamente los que destinan su producción a la exportación), localizados principalmente en diversos estados del norte del país, es un acto conculcatorio de sus derechos, no sólo como trabajadores sino como humanos, que no se debe permitir más al constituirse en una afrenta directa y permanente a nuestro estado de derecho, y que mientras perdure quita toda credibilidad y fuerza moral a las autoridades que reclaman en el extranjero un trato humano y de bienestar mínimo para los jornaleros migrantes mexicanos; estado de excepción aún más odioso cuando vuelve a golpear otra vez y de manera mayoritaria a los indígenas. Enfrentar, a este estado de cosas, con una tutela decidida de estos trabajadores es el propósito de la presente iniciativa, lo que implica al propio tiempo hacer a un lado la contrarreforma, en su parte conducente, de la Ley Federal del Trabajo de aquel negro 30 de noviembre del 2012.

Argumentos

Una y otra vez, diversos grupos parlamentarios, hemos denunciado la situación de violencia general a los derechos laborales de los jornaleros en el país, especialmente en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo. Sin que a la fecha, se hayan tomado las medidas de fondo que esta grave situación reclama.

Sabemos que muchos de los jornaleros, en general los trabajadores rurales, laboran en una verdadera situación de neoesclavitud, de manera que les es negado la posibilidad de desplazarse más allá de los confines de los respectivos centros de trabajo, sujetos a la expoliación de resurgidas tiendas de raya, con jornadas extenuantes, escasas o nulas condiciones de seguridad e higiene y salarios de hambre.

La abusiva conducta de estos empresarios, nuevos señores de “horca y cuchillo”, no podría prosperar si no contarán con la complicidad de las autoridades de todos los niveles, ante algo que es un hecho público.

Esto extremos, cobran niveles de crueldad, cuando las víctimas son niñas y niños desde la más tierna edad, que no sólo deben soportar jornadas extenuantes, sino riesgos permanentes para su vida y salud. Aunado a la violación de su derecho a la educación básica.

Ya no podemos seguir con la imposición de la “ley del más fuerte”; el sentido de Nación y de democracia exige un equilibrio en la legalidad y la justicia.

Y bien, los centros de trabajo rural que son receptores de los jornaleros y sus familias, están localizados principalmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz; mismos que por algunos periodos de cada año, se ven ocupados por cientos de miles de jornaleros y sus familias, quienes hacen los trabajadores más duros, en condiciones laborales y humanas durísimas e inconstitucionales, en perjuicio sobre todo de las niñas y niños, algunos de ellos casis bebés, que los acompañan.

La palabra jornalero, encuentra su origen en la referencia a la palabra “día” en latín; por lo que alude al “jornal”, es decir, el salario que percibe una persona por cada día de trabajo.

Dentro del derecho laboral, por jornalero se entiende a los trabajadores del campo o rurales que, prestan sus servicios de forma eventual, o por planta por temporada, siendo que muchos de ellos son migrantes, un ir y venir de sus hogares y pueblos hacia los centros de trabajo. Un ir y venir en compañía normalmente de su familia, incluidos sus hijos menores de edad. Esto ante las pocas o nulas oportunidades de trabajo digno (las zonas de origen de los jornaleros agrícolas tienen los índices más bajos de desarrollo humano), la existencia de violencia intolerable y, otros factores que los obligan a llevar a cabo estas marchas cíclicas en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

Este rezago que existe en materia de tutela de los derechos humanos de los jornaleros en el país, es simplemente brutal e inadmisible, especialmente, cuando su trabajo y sus conocimientos milenarios en materia del campo, son en gran parte la base para la viabilidad de nuestro país, ya que de sus manos y sabiduría nacen los alimentos que dan vida a las familias mexicanas, así como los productos y materias primas necesarios para las empresas de servicios e industrias de nuestro país; siendo paralelamente fuente importante de divisas, pues gran parte de estos productos son precisamente para la exportación.

Normalmente se hacen denuncias en torno a la migración de los mexicanos hacia el extranjero, especialmente hacia Estados Unidos; de los maltratos, de las discriminaciones, de los riesgos, de las pésimas condiciones laborales, de las muertes de que muchas veces son víctimas; en contraste la indiferencia es la que ha dominado en relación a la migración interna de los jornaleros agrícolas, mismos que provienen principalmente de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, y que reciben creciente marginación, maltrato y violación a sus derechos, en nuestra propia Nación, y ante la vista de nuestras autoridades y la sociedad toda.

En suma, estos aproximadamente, 3.1 millones de jornaleros agrícolas, 434 mil de los cuales son migrantes y muchos de ellos indígenas, son víctimas de una profunda explotación laboral, hacinamiento, graves riesgos a la salud por la exposición a sustancias tóxicas, endeudamiento, viviendas degradantes, entre otras. Todo lo cual, se facilita por el aislamiento que también caracteriza, por regla general, a estos centros de trabajo. Así, aproximadamente 90 por ciento de los jornaleros carecen de contrato por escrito, más de 700 mil son niñas, niños y jóvenes que trabajan como jornaleros y reciben una remuneración, 54 por ciento de los cuales están expuestos a los plagicidas (Sedesol).

En relación precisamente a las niñas y niños, la UNICEF señala: “...los datos arrojan que un 44.9 por ciento de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas, de manera que la migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultura e idioma.

Erradicar el trabajo infantil es, también, el reto de incluir a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas en las estadísticas nacionales, esto es, ver cuál es su acceso a los servicios básicos y los impactos que resultan de su nutrición, salud, desarrollo, educación, y perspectivas futuras considerando, además, que es necesaria una protección especial de sus derechos...

Cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos.

Alrededor del 42 por ciento de los niños y niñas hijas de jornaleros padece algún grado de desnutrición.

Es especialmente preocupante el problema educativo en relación a las y los niños y jóvenes jornaleros migrantes, ya que aunque existen esfuerzos gubernamentales a este respecto, sólo abarcan al 10 por ciento de éstos, y ante la falta de coordinación y constante movilidad hay fracturación en los estudios, por lo que se dificulta la acreditación y certificación de los mismos. De hecho, estos menores, tienen el mayor rezago educativo en el país.

Según datos del Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (Pronim) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 50 por ciento de estos niños y niñas se encuentra en el primer o segundo grado de primaria.

En general, los menores en estos centros de trabajo están expuestos a plagicidas, accidentes con herramientas y maquinaria, atropellamientos, parasitosis, picaduras de animales venenosos, infecciones de la piel, golpes de calor. Baste señalar que del 2007 al 2015, fallecieron 39 menores por accidentes de trabajo y las difíciles condiciones en estos lugares (Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”).

Por tal motivo, para presionar a que los patrones cumplan con las medidas de seguridad e higiene, y prevención de los riesgos de trabajo en relación a los menores, proponemos en la presente iniciativa, que: Cualquier accidente que sufran las y los niños en el centro de trabajo, sean o no trabajadores, se tendrá como un riesgo de trabajo para todos los efectos legales, sin menoscabo de otras responsabilidades incluidas las penales.

Por otra parte, el transporte de los jornaleros a los centros de trabajo suele ser precario y peligroso, el desplazamiento al punto de concentración se realiza en camionetas de redilas, que suelen contar con asientos adaptados.

Por lo que urge, crear la infraestructura jurídica necesaria para coadyuvar a la supresión de estas injusticias respecto a este grupo de trabajadores. Los derechos humanos, tiene como uno de sus principios su universalidad, por lo que no se justifica que existan islas en las que sigan perdurando actitudes atávicas contra los...

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