Iniciativa parlamentaria que expide una nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud., de 26 de Marzo de 2009
QUE EXPIDE UNA NUEVA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, diputados integrantes del Pleno de la Comisión de Juventud y Deporte, Elízabeth Morales García, Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Gustavo Fernando Caballero Camargo y Jorge Luis de la Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Alma Hilda Medina Macías, Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra, José Inés Palafox Núñez, Alma Xóchil Cardona Benavidez, Carlos Alberto Torres Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Batista, José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Ricardo Franco Cazarez y Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Daisy Selene Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana Yurixi Leyva Piñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso David Pulido Santiago, Martín Ramos Castellanos, Rafael Villicaña García y Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que expide la nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con la siguiente
Exposición de Motivos
Como una respuesta concreta a la creciente demanda para regular, coordinar, promover y operar programas y estrategias de atención a la juventud, a principios del año 1999 se crea el Instituto Mexicano de la Juventud, como un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.
Su creación, y la naturaleza con la cual surge, obedeció a las necesidades de la dinámica social de esa época y respondió positivamente a dichas exigencias; así, lejos de engrosar el aparato gubernamental y traslapar o duplicar funciones, surgió como una entidad con la capacidad de gestión necesaria para coordinar, evaluar, promover e impulsar programas y acciones de la administración pública en materia de juventud.
Hoy día, el objetivo del Instituto de definir e instrumentar la política nacional de Juventud sigue en pie; sin embargo, las exigencias sociales se han incrementado.
Basta mencionar que, de acuerdo con el INEGI, en 2005 se estimó una población de 103 millones 263 mil 388 habitantes del territorio nacional, de los cuales los jóvenes de 15 a 29 años de edad representan el 28.5 por ciento, es decir, hasta 2005 había en México 27.2 millones de jóvenes, de los cuales el 48 por ciento son hombres y 52 por ciento mujeres.
Las proporciones de población joven no muestran diferencias significativas entre las Entidades federativas y así, la brecha entre la Entidad con el mayor porcentaje de jóvenes (Quintana Roo) y la de menor proporción de jóvenes (Oaxaca) es de apenas 5.8 puntos porcentuales.
Tan sólo en el Distrito Federal, de acuerdo con el Consejo de Población del Distrito Federal, hasta el año 2005 la población de jóvenes era de 2 millones 241 mil 362, cantidad que representa el 9.1 por ciento del total de jóvenes del país; en este sentido, se menciona que uno de cada tres habitantes del Distrito Federal es joven. Según las proyecciones de población, se espera que para 2010 sean 2 millones 374 mil 904 jóvenes, que representarán el 26.9 por ciento del total de la población del Distrito Federal.
Como consecuencia directa, encontramos inquietudes y necesidades generalizadas entre la juventud mexicana que requieren atención y que al rebasar las acciones del Estado se han definido como problemas.
Situaciones como estas evidencian que la dinámica de la sociedad nacional exige un Estado más fuerte, con Instituciones sólidas, autónomas y no sólo de gestión, sino de análisis, planeación, programación, ejecución y evaluación de las políticas nacionales, que permitan hacer frente eficaz a los retos de la sociedad contemporánea.
En este orden de ideas, si bien el Instituto Mexicano de la Juventud es un organismo público descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con un amplio espacio de movilidad para instrumentar las políticas en materia de juventud, también es verdad que al estar sectorizado a la Secretaría de Educación Pública no cuenta con la rapidez que se requiere para responder a las inquietudes y necesidades de los jóvenes mexicanos, lo que lleva como consecuencia a una merma en su capacidad de respuesta más dinámica.
Es decir, el instituto es autónomo, pero en las decisiones realmente importantes está obligado a observar las pautas y directrices de la Política Educacional de la Secretaria de Educación Pública, o sea, forma parte de un organismo de la Administración Pública Federal centralizada que lo somete a sus instancias y sistemas, que si bien se justifican perfectamente en el beneficio social, en el trabajo operativo limitan al Instituto para desarrollar una verdadera política en materia de juventud, además de retardar los efectos de las mismas, ocasionados al formar parte de un procedimiento administrativo que se alarga al depender de un ente del Estado, y no gozar de verdadera autonomía, que permita hacer frente de manera directa e inmediata a las necesidades de la sociedad. Se trata de políticas con metas perfectamente diferenciables en búsqueda de un mejor nivel de desarrollo de la nación, pero que no deben estar concentradas en una sola dirección, bajo una sola política y con una respuesta lenta derivada del largo proceso que conlleva el formar parte de un aparato Institucional más grande.
Al Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo descentralizado, se le ha confiado el encargo de la política de Juventud en toda la República mexicana, actividad que implica una independencia de toda Secretaría de Estado a fin de dar cumplimiento a los objetivos, tales como la toma de decisiones y respuesta eficaz a las necesidades de los jóvenes. Sin embargo, formalmente el Instituto no se puede apartar de la Secretaría de Educación Pública, ya que está sectorizado a ésta y en consecuencia dificulta la efectividad de las acciones que implementa en su encargo.
En este sentido, la descentralización del Instituto Mexicano de la Juventud ha respondido a una autonomía técnica, entendida ésta como un encargo administrativo que aún forma parte de la política y decisiones de su sector; sin embargo, por la creciente dimensión de actividad que le es inherente, requiere de una verdadera autonomía para elaborar sus políticas y acciones en materia de Juventud, de acuerdo con las atribuciones que se le otorguen.
A pesar de que el Instituto Mexicano de la Juventud cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y es responsable de su actuación, estar sectorizado a una Secretaría de Estado lo limita en la toma de decisiones trascendentes y relevantes para fortalecer la Política de Estado en materia de Juventud y dificulta conducir las políticas de Juventud insertas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Todo lo anterior hace relevante para los legisladores promoventes establecer una política integral, efectiva y eficaz que resuelva las exigencias de este sector de la sociedad mexicana, la Juventud, tales como acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la participación de las y los jóvenes, etcétera.
Igualmente resulta importante dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de la personalidad jurídica que le permita desempeñar una eficiente cooperación y coordinación con los Estados, Municipios y Órganos del Gobierno Federal, partiendo de la aplicación de una política de atención a la juventud de manera transversal.
De igual forma, el Instituto Mexicano de la Juventud debe ser el órgano obligado de consulta, asesoría, coordinación y seguimiento en las políticas públicas de los tres niveles de Gobierno, partiendo de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de la Juventud.
En el mismo sentido, resulta prioritario fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud mediante la creación del Consejo Técnico de la Política Nacional en materia de...
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