Iniciativa parlamentaria que expide la Ley General de Educación., de 24 de Julio de 2019
Que expide la Ley General de Educación, recibida de los diputados Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2019
Quienes suscriben, diputados federales Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annía Sarahí Gómez Cárdenas, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Felipe Fernando Macias Olvera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción 11 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
La reforma constitucional en materia educativa publicada el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación estableció la obligación del Congreso de la Unión de realizar reformas a la legislación secundaria correspondiente para generar nuevas leyes y armonizar la Ley General de Educación.
El quinto y séptimo transitorio de esta reforma constitucional determinan que el Congreso de la Unión deberá realizar las leyes secundarias y las reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación del decreto.
Para cumplir esta obligación las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República del H. Congreso de la Unión convocaron a audiencias públicas con el fin de escuchar y recibir propuestas para la elaboración de los proyectos de leyes secundarias, bajo el principio de parlamento abierto.
Las propuestas en general versaron sobre las nuevas leyes secundarias: la Ley General de Sistema de Carrera para las Maestras y los maestros y, la Ley sobre el Centro de Mejora Continua de la Educación, en el entendido de que la Ley General de Educación sólo requería una armonización.
La Secretaría de Educación Pública, por su parte, organizó también diversas mesas de trabajo para avanzar en la redacción de las leyes en comento, pero con la idea de que serían tres nuevas leyes, a pesar de que la Constitución no mandata una nueva Ley General de Educación ni estableció derogar la Ley General de Infraestructura Física Educativa. En estas mesas del Ejecutivo federal, el Partido Acción Nacional fue excluido de participar en ellas.
El pasado 18 de julio se presenta en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación suscrita por diversos coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Cámara 1 .
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no suscribió el proyecto en comento, toda vez que además de que fue excluido de las mesas, considera que la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 no derogó la Ley General de Educación vigente y la jurisprudencia imposibilita emitir leyes generales sin mandato constitucional expreso. Lo que sí es obligatorio para el Congreso es armonizar la Ley General de Educación, según establece el séptimo transitorio.
La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados evidencian que independientemente de lo que establece el marco jurídico constitucional y del Congreso van a expedir una nueva Ley General de Educación.
Ante este atropello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en particular las y los integrantes de la Comisión de Educación no podemos dejar pasar esta iniciativa que requiere una cirugía mayor, toda vez que carece de técnica legislativa, como se presenta enseguida:
La iniciativa en comento reitera textos completos de la ley vigente y presenta múltiples redundancias, imprecisiones y dispersión de disposiciones, además de integrar artículos enunciativos que restan fuerza a la legislación; contiene un articulado excesivo y confuso, de 85 artículos de la ley vigente pasa a 181 artículos.
El proyecto de decreto introduce disposiciones sin estructura y sin claridad de contenido, toda vez que además de regular la educación con una nueva ley que retoma varios aspectos de la ley vigente, incluye temas que no son propios de su materia, como la educación superior y la ciencia, tecnología e innovación, sobre regula aspectos normados en otras leyes como la educación indígena y la educación inclusiva para personas con discapacidad, e introduce disposiciones de carácter reglamentario, por ejemplo, en la educación impartida por los particulares.
Es un proyecto de ley programática, el proyecto parece presentar las directrices del Programa Nacional de Educación de esta administración, más que ser una ley general que regule la distribución de la función social educativa. Tal es así que promueve un acuerdo educativo nacional; la nueva escuela mexicana; una programación estratégica para que la formación docente y directiva, la infraestructura y los métodos educativos y sus materiales didácticos se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación.
La iniciativa es incongruente, refiere que este proyecto de leyes una implantación normativa del acuerdo educativo nacional y después establece disposiciones para promoverlo. Dicho acuerdo no se ha convocado y en su caso debiera ser plural, democrático, transparente e imparcial.
No hay un modelo innovador respecto “la nueva escuela mexicana”. La regulación de este tema en el proyecto, además de retomarse del modelo educativo de 2013, no resulta ser innovadora, pues sólo cambia algunos términos como calidad por excelencia, agrega algunos temas en el currículo, y considera a las escuelas como centros de aprendizaje para las familias y la comunidad. Al ser parte de la estrategia política de la actual administración, debiera estar en su programa nacional educativo y no en una ley, pues los planteamientos parecen más una lista de buenos deseos y no hay estrategias puntuales para llevar a cabo su ejecución.
Regula la educación inicial de forma deficiente. No considera el derecho a recibir servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil con el fin de garantizar el interés superior de la niñez. Y no logra introducir de manera integral en el cuerpo de la ley a la educación inicial, ésta queda al margen de los demás niveles educativos pertenecientes a la educación básica.
El proyecto promueve que esta educación se dé en el seno de las familias y a nivel comunitario, y se establezca una política y una estrategia nacional sin una adecuada articulación al sistema educativo nacional y sin considerar disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
No debe abrogar la Ley General de Infraestructura Física Educativa. No existe mandato al respecto en la reforma constitucional y, en su caso, solo se debió armonizar algunas disposiciones. Por lo que se asume como orden la declaración del presidente López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed). En el proyecto las autoridades educativas de las entidades federativas asumen las facultades del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, sin prestar atención a su capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción.
La iniciativa desaprovecha la oportunidad para legislar adecuadamente a favor de los jóvenes. Aun cuando la actual administración ha puesto en marcha varios programas para atender algunas problemáticas de los jóvenes en edad de cursar educación media superior y superior, el proyecto no realiza regulaciones puntuales para hacer de ello una política de Estado y no de gobierno.
El proyecto no realiza una regulación adecuada de la educación media superior, ignora la complejidad de su organización y su diversidad, no toma en cuenta sus problemáticas particulares, y pretende regularla a la par de la educación básica sin respetar el federalismo educativo. Se hace explícito en el bachillerato profesional técnico bachiller, sin regulación concreta alguna; lo mismo sucede con la educación dual, para la cual sólo acota que es con formación en escuela y empresa. En este tipo educativo y en los demás, genera confusión en el uso de las modalidades y lo que nombra como opciones educativas.
Presenta un amplio impacto presupuestal. El proyecto establece una diversidad de apoyos, becas y acciones que podrían ser letra muerta, toda vez que el sexto transitorio determina que las erogaciones serán en función de la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para el sector educativo en cada ejercicio fiscal y de manera progresiva para cumplir las obligaciones correspondientes. La austeridad republicana se ha traducido en recortes y fuertes subejercicios, por lo que no se prevé cómo se logrará cumplir con una educación universal y de excelencia.
Entre muchas otras debilidades que se observan en el proyecto, la Iniciativa presentada el 18 de julio nos deja muchas preocupaciones de lo que el Ejecutivo Federal, su partido y aliados, pretenden que sea la nueva Ley General de Educación.
Por ello, queremos hacer patente con la presente Iniciativa de nuestra bancada que no estamos de acuerdo con la Iniciativa de los coordinadores, que lo que se tenía que realizar es una armonización para adecuar la Ley General de Educación vigente a las recientes reformas constitucionales en materia educativa, en: el ejercicio del derecho de la educación pública de excelencia, inclusiva, laica, obligatoria, universal y gratuita; atribuciones de los tres ámbitos de...
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