Iniciativa parlamentaria que expide la Ley General de Protección Civil., de 9 de Marzo de 2010
QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO MORALES MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, diputados Fernando Morales Martínez, Onésimo Mariscales Delgadillo, Enrique Torres Delgado y Avelino Méndez Rangel, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de Ley General de Protección Civil; con arreglo a la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
En lo que se refiere a los aspectos legales del sistema, el primer documento que sustentó y orientó las actividades en la materia fue el denominado "Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil". Sin duda portentoso ejercicio de investigación, interpretación y capacidad propositiva que delineó las acciones, estrategias y estructuras de lo que actualmente es el Sistema Nacional de Protección Civil.
En este documento se hace un recuento de los principales desastres que han afectado la República Mexicana, se presenta un diagnóstico y se establecen los objetivos y principales problemas que se van a enfrentar.
Así se exponen de manera clara las estrategias, orientaciones, principios y políticas del sistema en donde el principio básico es conservar y proteger a la sociedad mediante la articulación de políticas, el establecimiento de nuevas relaciones de cooperación y gobierno, la participación social y la descentralización.
Programa de Protección Civil 2001-2006. De las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil al Programa de Protección Civil 2001-2006 sucedieron varias cosas que vinieron a enriquecer el panorama nacional y en este documento se presenta un diagnóstico de la situación que guarda el Sistema Nacional de Protección Civil, los objetivos, estrategias y políticas específicas entre las que destacan las de consolidar la normatividad, planeación, coordinación y concentración; fortalecer la comunicación social y fomentar la cultura de protección civil; reducir la vulnerabilidad de sistemas afectables; capacitación, adiestramiento y formación de personal directivo, técnico y operativo; mejorar la administración de emergencias, ampliar la cooperación internacional y fomentar la investigación y el desarrollo tecnológicos. Y sobre todo transitar de un sistema reactivo a uno preventivo.
Ley General de Protección Civil. Publicada el 12 de mayo del 2006 en el Diario Oficial de la Federación, en términos generales esta ley expone las políticas como estrategias y mecanismos de coordinación entre las distintas entidades, la federación, los estados y municipios para atender situaciones de emergencias.
El 9 de febrero de este año, la Conago entregó una agenda temática a la Comisión Especial en Materia de Protección Civil, la cual resulta del esfuerzo coordinado entre las Direcciones Estatales de Protección Civil, así como de las autoridades federales responsables de la materia, la cual contiene entre otros puntos, promover el proyecto de la Nueva Ley General de Protección Civil y su reglamento, gestionar ante los poderes federales la asignación de partidas presupuestales para acciones de protección civil y proponer que se gestione ante las instancias federales la actualización de las reglas de Operación del Fonden y Fopreden.
La historia moderna de la Protección Civil en el mundo nace el 12 de agosto de 1949, en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra "Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales", disposición que se crea con el fin de facilitar las labores de la Cruz Roja, la cual define a la Protección Civil como: "el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.
Estas tareas son por ejemplo: servicio de alarma, evacuación, habilitación y organización de refugios, aplicación de medidas de oscurecimiento, salvamento, servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; lucha contra incendios; detección y señalamiento de zonas peligrosas; descontaminación y medidas similares de protección; provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas; medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables; servicios funerarios de urgencia, etcétera.
El citado protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 21 de diciembre de 1982, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1983, y promulgado el día 22 de diciembre de 1983.
Riesgos y desastres naturales: una cuestión global
Las consecuencias de fenómenos naturales y otros problemas originados por el hombre ya han trascendido fronteras de países y regiones, y han llegado a tornarse en inminentes riesgos o desastres susceptibles de afectar a la humanidad en su conjunto, o a vastos sectores poblacionales.
El calentamiento global con el consecuente cambio climático ha colocado a la humanidad ante un incierto escenario. En la actualidad trae serios efectos que se traducen en perturbaciones en el delicado equilibrio y la productividad de los ecosistemas, las cuales impactan el aprovechamiento de los recursos naturales y la actividad económica. Ese fenómeno ha intensificado la fuerza de los huracanes y ciclones, provocando graves inundaciones con secuelas devastadoras que se traducen en la pérdida de vidas humanas y daños irreparables a las diversas actividades productivas, tanto en el campo como en las ciudades. Por tal motivo, son más los éxodos grupos humanos en la búsqueda de rehacer formas de vida y patrimonio, o crisis alimentarias agudas y hasta hambrunas, derivadas de la dislocación de la actividad económica.
De continuar las emisiones de gases de efecto invernadero y el consecuente calentamiento del planeta, se acelerará el deshielo de los glaciares en los polos, lo cual traerá una seria afectación en los grupos y comunidades más frágiles y vulnerables; es decir, en los conglomerados humanos en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad.
De hecho ya ocurre a gran escala, la presentación de fenómenos de origen hidrometeorológico, como los huracanes. También presenciamos otros siniestros de naturaleza geológica como los tsunamis, maremotos y sismos que han sacudido a diversas naciones, contabilizándose por tales causas las pérdidas humanas en cientos de miles de personas.
Los riesgos y desastres naturales en México
En nuestro país los desastres naturales son sucesos periódicos, cada vez más fuertes y ampliándose a la mayor parte del territorio. Fenómenos que hasta hace poco eran considerados típicos o regulares, han variado en intensidad por el cambio del clima a nivel global, aumentando la fragilidad del entorno natural, provocando mermas drásticas en producción y productividad en actividades esenciales como la pesca, la agricultura, la ganadería y la silvicultura.
Datos recientes dan cuenta de la incidencia anual de más de cuarenta frentes fríos en buena parte de las entidades federativas; de precipitaciones que saturan y rebasan arroyos, ríos, sistemas hidrológicos y diversos cuerpos de agua, ocasionando serios daños en ciudades y en actividades productivas en la industria, los servicios y el sector agropecuario; otras veces, en las mismas o en otras zonas del país, ocurren incendios forestales que destruyen la cubierta vegetal; o bien los huracanes que se centran con mayor énfasis en las zonas costeras al inicio del verano, tanto del lado del Pacífico como por el Atlántico, produciendo la destrucción de la infraestructura social y productiva, especialmente en el campo.
Igual sucede a lo largo de las costas, como lo han señalado el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Comisión Nacional del Agua. Casi la totalidad de ellas enfrentan algún tipo de fragilidad por huracanes o ciclones. Los mismos organismos informan de la forma en que han aumentado en intensidad y número las tormentas en los últimos años, lo que a cada momento pone a prueba la infraestructura productiva y social del país y, evidencia con mucho el desorden urbano y territorial que permite la construcción de asentamientos, infraestructura o viviendas en lugares indebidos; son éstas muestras de indolencia o de una falta de aprendizaje para evitar que muchos fenómenos naturales desemboquen en situaciones catastróficas.
No se deben olvidar situaciones desastrosas como la vivida hace un año en Tabasco, cuya economía se colapsó en más de tres cuartas partes por el desbordamiento de sus sistemas hidrológicos; y graves secuelas de destrucción también en Chiapas, Tamaulipas, Zacatecas y nuevamente Veracruz, que han puesto una vez más al descubierto la inoperancia en los sistemas de alerta temprana, en el Sistema Nacional de Protección Civil y los sistemas estatales, los cuales han mostrado también lentitud para hacer llegar los apoyos inmediatos y para contribuir a la reparación de daños. De ahí las justas y múltiples quejas de comunidades y municipios damnificados y formalmente declarados zona de desastre, donde, una vez pasado el impacto mediático, no se informa con objetividad y veracidad sobre cuáles, cuántos y en qué forma se resarcen los daños, si es que lo son en alguna medida. Esto ocurre en especial con las iniciativas que se emprenden en lo que se refiere a los apoyos para los campesinos y grupos rurales más vulnerables...
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