Iniciativa parlamentaria que expide la Ley Federal de Presupuesto Público y deroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal., de 10 de Abril de 2003
QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO Y DEROGA LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA, BEATRIZ PAREDES RANGEL Y DAVID PENCHYNA GRUB, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 10 DE ABRIL DE 2003
Chávez Presa, Jorge Alejandro; Paredes Rangel, Beatriz, y Penchyna Grub, David a nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa para promulgar la Ley Federal de Presupuesto Público y derogar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con fundamento en la siguiente:
Exposición de Motivos
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Razones para promulgar una nueva Ley Federal de Presupuesto Público
La presente iniciativa de Ley Federal de Presupuesto Público, por su alcance, representa una de las aportaciones más importantes de la LVIII Legislatura. Con ella el Congreso de la Unión refleja su vitalidad y a su vez el grupo parlamentario del PRI da muestra clara de su compromiso y voluntad para promover e impulsar reformas estructurales fundamentales para la Nación.
Objetivos:
La iniciativa de Ley Federal de Presupuesto Público que hoy se pone a consideración de los legisladores está orientada a: 1) Fortalecer la relación institucional en materia presupuestaria entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal:
Al establecer normas claras y equilibradas para dar transparencia a la aprobación y ejercicio del presupuesto público.
Facilitar y promover una interacción constructiva entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para examinar con mayor anticipación el presupuesto público y con ello facilitar su aprobación y procurar que todas las asignaciones estén debidamente fundadas.
Mejorar la calidad, oportunidad, relevancia y pertinencia de la información que el Ejecutivo Federal envía al Congreso, que permita concentrar la atención en los temas fundamentales para el desarrollo nacional.
Orientar la discusión del paquete económico en los niveles de vida de la población, en la equidad en la mejora de la distribución del ingreso y en los costos y las fuentes de ingresos para programas y proyectos.
2) Asegurar la disciplina fiscal a través de:
Concretar las bases del presupuesto público incluidos en los artículos 25; 26; 73, fracción VII; 74, fracción IV, y 126 de la Constitución al integrar en un mismo ordenamiento jurídico las normas y los principios de los ingresos incluyendo el endeudamiento, el gasto y la contabilidad gubernamental.
Armonizar el proceso presupuestario con los principios que aseguren la estabilidad de la economía nacional.
Evolucionar el concepto de disciplina fiscal, de uno que sólo se concentra en el control del flujo de efectivo, a otro que evalúe la productividad de las erogaciones, vigile la transparencia y la rendición de cuentas, y fortalezca la hacienda pública de la Federación con mayores ingresos.
Contemplar compromisos multianuales de gasto con base en principios de responsabilidad fiscal.
Transformar la contabilidad gubernamental para valuar el patrimonio de la Federación y que ésta sea parte de la toma de decisiones
Fortalecer la disciplina fiscal.
Precisar y fortalecer la disciplina fiscal y con ello contribuir a mejorar la calidad crediticia de la nación.
3) Dar una mayor transparencia y certidumbre a la administración de las finanzas públicas a través de:
La estabilidad de las normas del presupuesto público, evitando que cada año se tengan que aprobar en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (DAPEF) y en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) disposiciones básicas.
Establecer con claridad el significado de los términos que se utilizan en finanzas públicas a fin de dar certidumbre a su administración y disminuir su aplicación discrecional, como lo son: el gasto neto total, el gasto primario, el balance primario, el balance económico, el gasto corriente y la inversión pública.
Definir y precisar el alcance de la autonomía presupuestaria.
Dar certeza jurídica al proceso de examen, discusión y aprobación del presupuesto público.
Normar para hacer predecible el comportamiento del Gobierno Federal, reduciendo las decisiones y las acciones discrecionales.
Establecer las reglas que observarán todos los ejecutores de gasto para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.
Otorgar flexibilidad a los ejecutores de gasto sin perder el control y la transparencia de gasto, ni relajar la disciplina fiscal.
Superar los vacíos y las insuficiencias de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF), que han sido subsanados de manera parcial año con año en el DAPEF y en la LIF.
4) Fortalecer el proceso presupuestario, a partir de:
Uniformar la formulación de las siguientes disposiciones e informes y documentos de finanzas públicas: Criterios Generales de Política Económica; Presupuesto de Egresos de la Federación; Ley de Ingresos de la Federación; los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Vincular todas las etapas del proceso presupuestario para que sigan un patrón homogéneo y sistemático de esfuerzos y con ello promover su integralmente su unidad.
Establecer normas claras para el otorgamiento de subsidios y para la evaluación de programas y proyectos que se incluyan en el PEF. II. Introducción
México ha vivido un intenso proceso de transformación en las últimas dos décadas. La realidad política, caracterizada por la pluralidad, obliga a construir nuevas instituciones que permitan una interacción constructiva entre los Poderes Federales. Ello demanda también una buena disposición, además de una actitud convincente, clara, transparente y respetuosa al presentar propuestas y buscar una aprobación.
Por lo que respecta al Congreso de la Unión, éste también requiere mostrar una nueva actitud para estar a la altura de las circunstancias actuales; con buena información y normas claras y responsables para el examen y aprobación de las iniciativas podrá contar con todos los elementos necesarios para la aprobación del paquete económico.
Problemática
En materia de finanzas públicas es un hecho que el país requiere avanzar más allá de las iniciativas fiscales y financieras que se han aprobado en los últimos dos años, como la del Impuesto sobre la Renta, la del Código Fiscal de la Federación y la Ley del SAT, las reformas a la Banca de Desarrollo y las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras. Si bien representan un avance, éstos aún son insuficientes.
La realidad es clara: las finanzas públicas enfrentan actualmente un gran desafío: los ingresos provenientes de los impuestos no son suficientes para cubrir el costo de operación de las dependencias y las entidades, y para cerrar esta brecha se consumen, por un lado, los recursos provenientes del petróleo, y por el otro, el ahorro cautivo de los fondos de pensiones de los trabajadores en forma de endeudamiento público, lo que generará riesgos a nuestra economía y al desarrollo del país en el futuro.
Uno de los problemas principales radica en la insuficiente captación de impuestos. A través de ellos recaudamos apenas el 11% del PIB, porcentaje que se ubica muy por debajo de lo obtenido por países con características económicas similares a la nuestra, en los que llega a alcanzar en promedio el 20%. Para dar un ejemplo claro de esto, los ingresos por concepto de IVA -un impuesto de naturaleza fundamentalmente redistributiva- no alcanzan a cubrir el presupuesto anual de los recursos destinados a la educación pública básica. Incluso, dos de los impuestos más importantes, el IVA y el Impuesto sobre la Renta, también son insuficientes para sufragar la educación, la salud y la seguridad social.
También tenemos un importante desafío en el ámbito de la administración tributaria. Estudios de diversas instituciones académicas de prestigio ubican la tasa de evasión y elusión fiscales entre 3 y 5 puntos del PIB, a los que debemos agregar la recaudación que el fisco federal deja de percibir por diversas excepciones, deducciones autorizadas, tasas diferenciadas, regímenes especiales y exenciones que alcanzan un poco más de 5 puntos del PIB, según lo consignó el Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Gastos Fiscales que envío a la Cámara de Diputados el año pasado.
Por ello, la prudencia dicta que antes de proponer aumentos de impuestos o creación de nuevos gravámenes requerimos fortalecer la capacidad del Gobierno Federal para aumentar las fuentes de ingreso a través del combate a la evasión y la elusión fiscales, la transformación de la administración tributaria en un órgano eficaz y eficiente así como aumentar la productividad del gasto público.
En adición al problema de captación de ingresos, el gasto público ha dejado de orientarse a la ampliación de la capacidad productiva del país a través de la infraestructura, actividad que sólo puede llevar a cabo el Gobierno Federal como las escuelas, las carreteras y autopistas, los hospitales, los puertos, los aeropuertos y la infraestructura hidráulica.
En los últimos dos años las erogaciones corrientes de consumo han venido desplazando a la inversión física, al grado que hoy casi el 90% del gasto programable se destina a gasto corriente de consumo. En términos del PIB, el gasto corriente se incrementó en 1 punto del PIB en sólo dos años, mientas que la inversión física se ha mantenido estancada.
Este crecimiento sin precedente del gasto corriente, explicado principalmente por el aumento del costo de los servicios personales, ha prácticamente rebasado la recaudación adicional derivada de las reformas fiscales emprendidas.
Actualmente las presiones al gasto público amenazan la estabilidad económica...
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