Iniciativa parlamentaria que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas., de 5 de Diciembre de 2002
QUE CREA LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VITALICO CANDIDO COHETO MARTINEZ (PRI), EN NOMBRE DE DIPUTADOS DEL PRD Y DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2002
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de los diversos grupos parlamentarios por mi conducto presentan a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley que Crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y abroga la Ley del Instituto Nacional Indigenista, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Instituto Nacional Indigenista (INI) fue creado por ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1948, siendo Presidente de la República Miguel Alemán. Condicionada por su momento histórico, la creación del INI respondió tanto al interés del gobierno mexicano por crear una instancia de atención integral a los pueblos indígenas como a los compromisos internacionales adquiridos por México en el seno de la Organización de Estados Americanos, en el marco del I Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, en 1940.
El resultado de dicho congreso fue la aprobación, en diciembre de ese mismo año, de la Convención Internacional relativa a los congresos indigenistas interamericanos y al Instituto Indigenista Interamericano (Carta de Pátzcuaro). Vale la pena señalar que México es el depositario de dicho instrumento internacional y sede oficial del Instituto Indigenista Interamericano, instalado en la Ciudad de México en 1953, con la participación de 17 países americanos como Estados miembros y Canadá y España como observadores.
Desde su creación, en 1948, el INI instrumentó la política indigenista del Estado mexicano y en su evolución institucional fue limitando sus posibilidades para abatir las condiciones de aislamiento y marginación de las poblaciones indígenas.
En 1983, al INI se asignó el rango de organismo público descentralizado y fue colocado bajo la directriz de una cabeza de sector, la SEP, y unos años más tarde, en 1992, con la creación de la Sedesol, pasó a depender de ésta, sujetándose a sus directrices. Esta decisión gubernamental demostraba que la cuestión indígena era concebida como un simple asunto educativo y de combate de la pobreza, respectivamente.
Se depositó en el INI la responsabilidad de satisfacer las necesidades indígenas con recursos siempre escasos, hasta que la acción pública se circunscribió a esa sola institución, mientras que el resto de las dependencias de gobierno se sentían relevado de la atención a las comunidades indígenas. En muchas regiones indígenas, hasta nuestros días, el INI es la única institución pública que se hace presente para atender las condiciones de marginación y pobreza en que viven más de 12 millones de indígenas. Esta ausencia de la acción de otros sectores gubernamentales contribuyó a ahondar las condiciones de marginación indígena.
El INI emprendió todo tipo de acciones, que desarrolló en forma precaria. Hizo caminos, bodegas, puentes y un sinnúmero de proyectos en muy diversos campos del desarrollo productivo, de la cultura, etcétera. Sin embargo, la situación de los pueblos y comunidades indígenas, la precariedad de la institución y el agotamiento del modelo de atención institucional son datos suficientes para que sea urgente y necesaria una reforma de la institución encargada tradicionalmente de los asuntos indígenas, pero también lograr el compromiso de todas las instituciones del Gobierno Federal con el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas.
El Instituto Nacional Indigenista es una institución que manifiesta inequívocos signos de agotamiento. Se encuentra en una situación de cuestionamientos constantes de grupos académicos, organismos de la sociedad civil, del movimiento indígena y hasta de los partidos políticos.
En las diferentes etapas del indigenismo se han formulado nuevos enfoques teóricos y propuestas de trabajo con los pueblos indígenas, pero no se registraron transformaciones en sus estructuras operativas básicas creadas por sus fundadores, que representaran cambios sustantivos en la intervención institucional.
El instituto perdió autenticidad al quedar subordinado a otras estructuras, al no reclamar su campo de acción propio y específico, como la atención de una población culturalmente diferente, perdió sus espacios de interlocución interinstitucional y se convirtió en simple mano de obra operativa.
En sentido estricto, ha sido el principal y, muchas veces, el único organismo público encargado de atender las demandas de los pueblos indígenas, situación que corrobora su limitada cobertura de atención y explica en gran medida las condiciones de exclusión de los indígenas de los beneficios del desarrollo.
En la práctica, no ha habido voluntad para transformar la estructura orgánica creada por sus fundadores, diseñada para la acción integracionista y reproduciendo su vocación de asistencia social, manifestada claramente en sus funciones de suplencia institucional. A partir de 1977 se desechó la riqueza conceptual de Aguirre Beltrán y sus contemporáneos, sin que se propusiera un cuerpo teórico alternativo en la acción indigenista.
La extrema pobreza y marginación de los pueblos indígenas es una realidad que ofende a la nación y cuestiona cualquier proclama de desarrollo y progreso en México. Esta situación menoscaba la consolidación democrática de nuestro país y dificulta la gobernabilidad.
A partir de 1982, las reformas económicas del Estado mexicano transformaron el escenario de acción de los pueblos indígenas y contribuyeron al desfasamiento del INI respecto a la realidad sobre la que actúa. Se inicia el proceso de desincorporación y venta de empresas paraestatales y fideicomisos de atención al campo. Como manifestación de estas políticas, se profundizó el proceso de retiro de subsidios y apoyos al sector social y reducción o cancelación de las fuentes de crédito, liberación de precios de los productos básicos y apertura comercial de las fronteras a éstos.
Por otra parte, a partir de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, la demanda indígena se transformó cualitativamente, articulando nuevos derechos políticos y culturales, radicalizando sus posturas, fortaleciendo sus alianzas con el EZLN y la corriente de antropólogos académicos, de diferentes tendencias políticas. Esto ha puesto al descubierto la burocracia tradicional del instituto, que ya no funciona para dar respuesta satisfactoria a estas demandas, que no reacciona articulando una nueva oferta institucional a través de nuevos programas y proyectos. Ante esta realidad, el instituto se ha quedado en el simple discurso del reconocimiento del carácter pluricultural de la nación, pero sin concretarlo en nuevas estrategias y acciones de política pública que le den contenido.
Esto es así porque el Estado mexicano no cuenta actualmente con una estrategia para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas. El indigenismo de la transición debe ser un replanteamiento profundo del cuerpo teórico, metodologías, estrategias, objetivos estratégicos y formas de ejecutar las políticas públicas; y esto significa transformar necesariamente las instituciones públicas.
Por eso proponemos la creación del Consejo Federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como la nueva institucionalidad del Estado mexicano encargada de promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas.
El consejo y la comisión tendrán como objetivo fundamental la promoción del desarrollo integral de los indígenas mexicanos, superando los esquemas que se agotan en políticas asistenciales o que sólo buscan paliar los efectos más lacerantes de la pobreza.
Para lograr estos objetivos, es preciso que el consejo y la comisión tengan amplias facultades en materia de políticas públicas indigenistas en todo el país. De este modo, la comisión podrá convocar y coordinar a las diversas instituciones gubernamentales para definir las estrategias de desarrollo integral para los indígenas.
Si no existen cambios estructurales en la política indigenista, no se podrá hablar de nueva relación entre Estado, sociedad...
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