Iniciativa parlamentaria que adiciona la fracción XV al artículo 17 del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005., de 21 de Octubre de 2004
Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1610-II, jueves 21 de octubre de 2004 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1610-II, jueves 21 de octubre de 2004. Iniciativas Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN. Que adiciona un segundo párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del PRD. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de donaciones, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional del Federalismo, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN. Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de secuestro, a cargo del diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del PRD Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma el artículo 52 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD. Que reforma el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del PRI. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Guillermo Huízar Carranza, del grupo parlamentario del PRD. Que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Guillermo Huízar Carranza, del grupo parlamentario del PRD. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre "Pastor Rouaix", a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI. Que adiciona la fracción XV al artículo 17 del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.
Iniciativas
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Juan Bárcenas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Exposición de Motivos
Uno de los problemas que ha tenido mayor impacto negativo en nuestro país durante las últimas décadas es, sin lugar a dudas, la carencia y mala distribución de recursos financieros que den sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo en nuestro país. La oferta de servicios de captación y ahorro está concentrada en los grandes centros urbanos, y dentro de ellos en las zonas donde habitan las personas con mayor nivel de ingreso o en los sitios de gran actividad comercial, industrial y de negocios. También encontramos este desequilibrio en el campo mexicano, ya que las grandes empresas bancarias suelen atender prioritariamente los centros de producción, almacenamiento, transporte y comercialización de productos agropecuarios.
Existe entonces una problemática asociada al desequilibrio territorial de la oferta de servicios bancarios de ahorro y préstamo. Pero también se encuentran barreras, por ejemplo, a nivel de los montos, tasas de interés y garantías que hacen poco atractiva, o de imposible acceso, la oferta de servicios bancarios a una gran parte de la población.
Frente a la concentración territorial de la oferta de servicios de ahorro y préstamo se encuentra el fenómeno de la dispersión demográfica en miles de pequeñas comunidades, muchas de ellas aisladas o mal comunicadas en nuestra accidentada geografía nacional. Además debemos considerar las resistencias culturales de las pequeñas comunidades, especialmente las indígenas, cuyos usos y costumbres no son compatibles con el concepto de economía de mercado globalizada de la gran banca comercial.
No obstante, los pobladores de las pequeñas comunidades rurales y urbanas, así como de los pueblos y las ciudades de mediano tamaño desarrollaron un sistema institucional de ahorro y préstamo de carácter popular. Estas instituciones de la llamada banca social, con base en la confianza y el conocimiento mutuo entre las personas, dieron sustentabilidad financiera y, por tanto, sostenibilidad durante las últimas décadas, a una parte considerable de la actividad económica en nuestro país. Y eso ocurría mientras el sector globalizado de la economía sufría descalabros sexenales o entraba en crisis cada vez que el sistema financiero internacional colapsaba.
No es exagerado considerar que el sector de ahorro y crédito popular tiene un valor estratégico muy importante para sustentar sobre bases firmes el crecimiento de nuestra economía. Su debilitamiento dejaría sin mecanismos duraderos y estables de financiamiento las actividades productivas a un vasto sector de la población mexicana, que suele acudir a las cajas de ahorro y a las cooperativas de ahorro y préstamos populares, con la finalidad de colocar sus recursos financieros y obtener así lo que necesita con el propósito de financiar sus necesidades de consumo.
Hay además un fuerte sentimiento de deuda social con las instituciones, grupos y personas del sector de ahorro y préstamo, que durante décadas de trabajo arduo tuvieron la capacidad de ofrecer estos servicios bancarios básicos a la gran mayoría de la población, que la banca comercial globalizada no atendía por considerarla de riesgo, o simplemente porque la rentabilidad de su inversión era mucho mayor financiando las grandes empresas que operaban a una escala mayor.
En suma, el carácter estratégico del sector de ahorro y crédito popular ofrece un eficiente blindaje financiero a una parte muy importante de la actividad económica nacional, cuando las crisis cíclicas y coyunturales de la economía globalizada llevan a la quiebra al sector productivo orientado hacia el mercado externo, y con él a la banca comercial que financia sus necesidades de crédito. No debemos olvidar que su rescate por parte del gobierno federal constituye una derrama enorme de recursos públicos, que dejan de invertirse, por ejemplo, en desarrollo humano, con un alto costo social para los amplios sectores de la población en pobreza extrema.
Es una potestad del gobierno nacional establecer una regulación específica y un sistema de supervisión de todas las instituciones del sector financiero en nuestro país. Sin embargo, toda buena actividad regulatoria gubernamental debe incorporar en su diseño a los actores políticos, económicos y sociales que participan en la actividad por regular, de forma que la acción del gobierno en esa materia tenga el éxito deseado.
En caso de no atenderse esta regla básica del diseño de políticas públicas, los costos de implementación de la actividad regulatoria gubernamental se elevan al punto de hacer imposible su correcta vigilancia y aplicación, con lo que el efecto regulador queda neutralizado. Pero si el gobierno incorpora a los actores como diseñadores activos de una legislación, gana que las asimetrías de información se reduzcan, y, con ellas, los costos de transacción de implementar la regulación también caen.
El día 4 de junio del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual se derivó de un proceso de consulta y consenso con las organizaciones representativas del sector de las finanzas populares en México. Este ordenamiento legal tuvo como propósitos fundamentales los siguientes:
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Disminuir los riesgos sistémicos del sector, los cuales se habían evidenciado con las experiencias de fraudes que afectaron a miles de ahorradores, los cuales en su mayoría se perpetraron sobre la base de la laxitud y obsolescencias de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
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Promover mecanismos efectivos de protección y seguridad de los ahorradores, mediante la autorización expresa para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, la supervisión auxiliar a través de las federaciones y el establecimiento del fondo de protección de los ahorros y depósitos.
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Profesionalizar las finanzas populares, mediante una regulación adecuada para intermediarios financieros con características especiales y enfoque social.
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Extender servicios financieros a grandes segmentos de la población, mediante el crecimiento ordenado, viabilidad institucional y competitividad del sistema financiero popular. La generalidad de los intermediarios financieros del sector popular, así como sus federaciones de representación y servicios especializados, de inmediato se sometieron a procesos de saneamiento y estabilización financiera, fortalecimiento de esquemas de gobernabilidad y ampliación de ventajas competitivas, sin menoscabo de su...
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