Iniciativa parlamentaria que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Protección Civil en los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México., de 15 de Diciembre de 2021
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
Esther Martínez Romano, diputada federal por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y los artículos 47-A y 47-B a la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Protección Civil en los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con base en la siguiente Exposición de motivos
Desde hace ya varias décadas se ha venido observando el aumento en el número e intensidad de los fenómenos naturales causantes de desastres en todo el mundo.
Es cierto, que dichos fenómenos se presentan y afectan a todas las naciones del orbe, sin embargo, son los países en vías de desarrollo, por sus condiciones de pobreza, donde se dejan sentir con mayor crudeza sus calamidades, el ejemplo más claro de lo anterior es Haití.
El terremoto ocurrido en Haití la tarde del 12 de enero de 2010, ilustra lo devastador que puede resultar un desastre natural para un país pobre.
El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7 grados, la ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití, resultó devastada, las autoridades haitianas contabilizaron 316 mil personas muertas, 350 mil heridas, y más de un millón y medio de personas se quedaron sin hogar, muchas de ellas debieron huir de su país y buscar refugio en otras naciones.
Haití ya era desde entonces considerado el país más pobre del continente americano, las perdidas por el terremoto se cuantificaron en 8 mil millones de dólares y según datos de su propio gobierno, requerían 11 mil 500 millones de dólares para la reconstrucción de su nación.
Los recursos para la reconstrucción nunca llegaron en los montos necesarios, millones de haitianos se vieron obligados a salir de su país debido a la falta de agua y alimentos para su subsistencia. A causa del movimiento telúrico la crisis humanitaria de Haití empeoró, desde entonces se multiplicó el éxodo de haitianos por todo el continente en busca de mejores condiciones de vida.
El 14 de agosto pasado, a poco más de 11 años de aquella tragedia, un terremoto de magnitud 7.2 se sintió en Haití, causo 2 mil 189 muertes, 332 personas desaparecidas, 53 mil viviendas destruidas, 77 mil construcciones dañadas y 650 mil personas que demandaban ayuda humanitaria urgente.
La condición de extrema pobreza de Haití le ha impedido poder afrontar la emergencia que han significado ambos sismos; carecer de equipo, personal capacitado para operar un sistema de protección civil ha dejado a sus ciudadanos vulnerables a las fuerzas de la naturaleza.
Si bien, nuestro país cuenta a nivel federal con un sistema de protección civil efectivo y bien coordinado, no podemos aseverar lo mismo sobre los unidades estatales y municipales de protección civil.
El rezago que padecen los sistemas municipales de protección civil es monumental, solo el 20 por ciento de los municipios del país cuentan con su atlas de riesgo.
La debilidad de las unidades municipales de protección civil no solo impide prestar acciones preventivas de desastres, frena la atención inmediata de cualquier emergencia y agrava los daños causados por el fenómeno perturbador.
Según el resumen ejecutivo 2020 del Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México 2020, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 2020, fue un año con un alto índice de desastres ocurridos en territorio nacional.
El estudio señala que son los desastres de origen geológico e hidrometeorológicos los que reportan la mayor cantidad de daños y pérdidas, en 2020 el 83.4 por ciento del valor de las afectaciones totales fue generada por este último tipo de desastres, como se aprecia en la siguiente figura, misma que forma parte del estudio:
Asimismo, el análisis señala que, durante 2020, se contabilizaron 398 muertes, una disminución de 35.4 por ciento respecto a 2019, si bien es cierto, el dato resulta alentador, al colocar a 2020 como el cuarto año con menos muertes solo detrás de 2000, 2001 y 2004, no hay que perder de vista que se trató de un año atípico, debido a que se paralizo la actividad económica y social del país.
Sin embargo, resulta preocupante que el monto de los daños y pérdidas, considerando del año 2000 al 2020, representa la octava mayor cifra con 31 mil 862 millones de pesos, esto refleja un incremento de más de 202 por ciento con respecto al año anterior y equivale a 0.14 por ciento del PIB de 2020.
Del estudio se concluye que los fenómenos de origen hidrometeorológico -huracanes, tormentas tropicales, lluvias...
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