Iniciativa parlamentaria que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción., de 22 de Marzo de 2018

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En la opinión pública, el balance entre corrupción y delincuencia organizada resulta en una balanza que los equipara. Por ejemplo, resultado de una larga cadena de corrupción en Tlalpan que concluyó con el colapso del colegio Rébsamen el 19 de septiembre del 2017 durante el sismo que asoló a la capital del país, como denuncian las madres de los niños fallecidos; es claro para la opinión pública que los efectos de la corrupción pueden llegar a costar vidas. 1

El efecto en la economía es una preocupación, pues se estima que la corrupción produce pérdidas de hasta 5 por ciento en la inversión productiva y los ingresos de las empresas. 2

En un enfoque por demás crítico, también se asume que la corrupción forma redes de complicidades que pueden incluir a personas ajenas a la función pública. 3

Sobre este último aspecto de la corrupción, en la opinión pública la balanza se equilibra cuando se presumen los nexos entre política y organizaciones criminales. 4

En América Latina, la respuesta de los estados nacionales frente al fenómeno de la corrupción se relaciona con la capacidad de intervenir o auditar el ejercicio del gasto público. Sin embargo, hay limitaciones que no son exclusivas de un solo país sino que corresponden con la propia lógica contable en que se actúa. En su estudio sobre la corrupción en Guatemala, Melgar 5 encuentra:

En otra esfera de seguimiento, destaca la inefectividad de las unidades de auditoría interna, como dependencias responsables de evaluar permanentemente todo el ámbito operacional (sistemas, procesos y actividades) de las instituciones. El problema radica en que no brindan la seguridad razonable para garantizar la consecución de los objetivos de las entidades públicas, relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como al cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias aplicables para el control interno.

Las deficiencias existentes en los sistemas de vigilancia de los actos de los servidores públicos se vuelven más relevantes cuando se trata de la relación entre corrupción y delincuencia organizada. En México, dicha relación presenta una vinculación cuyo carácter es imperativo definir como una noción dentro del derecho a fin de combatir sus efectos perniciosos. Los estudios en América Latina se apuntalan bajo la hipótesis de que, la existencia de prácticas de corrupción crean los escenarios adecuados para una mejor actuación de organizaciones delictivas, como señala Aldas: 6

Con ello se pretende destacar la corrupción como causa de primer orden para entender la particular implantación del crimen organizado en la región. Hipótesis que, a su vez, obliga a buscar los motivos que explican la existencia de corrupción endémica en la mayoría de los Estados latinoamericanos. En este sentido, se apuntará que la imposibilidad del Estado para imponer el imperio de la ley, de manera permanente, en todo el territorio y a todos los ciudadanos, sin excepción alguna, favorece dicha corrupción. Cuanto menor sea esta capacidad, mayores serán las posibilidades de evadir el cumplimiento de la ley. La corrupción es el mejor instrumento para lograr la excepcionalidad ante la ley. Esta posibilidad es la que garantiza la impunidad al crimen organizado para realizar sus negocios ilegales, ya que los representantes estatales corruptos no sólo no aplican la ley sino que protegen sus actividades, llegado el caso. Sólo esta protección puede explicar la sofisticada huida de uno de los principales narcotraficantes mexicanos de una cárcel de alta seguridad o la de tres peligrosos narcotraficantes de otra cárcel de máxima seguridad en Argentina, ambos casos en 2015. Tampoco se puede entender sin dicha complicidad el caso de la desaparición en Iguala en 2014 y que además no esté todavía esclarecido. Éstos son algunos de los casos con mayor efecto...

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