Iniciativa parlamentaria que abroga la Ley de Seguridad Interior., de 27 de Septiembre de 2018
Que abroga la Ley de Seguridad Interior, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez
Quien suscribe, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y demás relacionados, someto a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior, al tenor de los siguientes Exposición de Motivos
Mientras continué la militarización no podrá empezar a construirse la paz y la reconciliación. Así termina el comunicado emitido por el Colectivo #SeguridadSinGuerra el comunicado el 28 de agosto de 2018, en el que exige la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, así como una propuesta de plan responsable de retiro gradual de las Fuerzas Armadas , la adopción de las medidas necesarias para el fortalecimiento de las policías y el combate a la impunidad de elementos castrenses que hayan estado vinculados con violaciones de derechos humanos .
Nuevamente, desde que en noviembre de 2016 se reactivó la propuesta de legislar en materia de seguridad interior para “otorgar un marco jurídico” a las tareas de seguridad pública que desde diciembre de 2006 realizan en un despliegue masivo las Fuerzas Armadas, este colectivo de sociedad civil conformado por víctimas, expertos, especialistas y organizaciones de sociedad civil ha puesto en alerta la gravedad de que se haya aprobado una legislación inconstitucional de seguridad interior que ha servido como camuflaje para que las autoridades civiles declinen su responsabilidad de preservar la seguridad de las y los ciudadanos mexicanos.
Esta iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior es un reconocimiento explícito al trabajo de análisis del Colectivo #SeguridadSinGuerra sobre las consecuencias de mantener y profundizar un paradigma fallido de militarización de la seguridad, así como de su esfuerzo sólido e informado para la construcción de propuestas alternativas en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la recuperación de la paz en beneficio de los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que sufren por la violencia epidémica que vivimos y la crisis humanitaria que implica.
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Antecedentes
El 26 de septiembre de 2016, el senador Roberto Gil Zuarth presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para expedir una Ley de Seguridad Interior; el 8 mes de noviembre de 2016, los entonces diputados César Camacho Quiroz y Martha Tamayo Morales, hicieron lo propio en la Cámara de Diputados y presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Seguridad Interior. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se presentaron otras iniciativas en la misma tónica, sin embargo, no se les considera pues en términos reales, las únicas iniciativas que realmente fueron objeto del debate nacional fueron las dos iniciativas arriba mencionadas.
El antecedente fue una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, el 23 de abril de 2009 1 cuyo objeto era reformar varios artículos de la Ley de Seguridad Nacional, pero principalmente adicionar un Título Séptimo de Seguridad Interior para regular un procedimiento de declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior (artículos 68 a 81).
Esta iniciativa fue propiciada por la exigencia, del entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván quien, desde el 26 de abril de 2007, en comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, señaló que, por instrucciones del presidente , según el reportaje de Paula Ordorica en la Revista Nexos, 2 realizaban tareas de combate a los grupos de narcotraficantes y de delincuencia organizada y, por tanto, el 19 de febrero de 2008, por primera vez en público, demandó que se dotara de un marco jurídico a las tareas de las Fuerzas Armadas en las actividades de lucha contra el crimen organizado; demanda que repitió nuevamente el 19 de febrero de 2009.
La iniciativa presidencial de 2009 fue inmediatamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos que alertaron sobre la instauración de un régimen de controles militares en materia de seguridad; ante la presión del Ejecutivo federal y de las Fuerzas Armadas se dictaminó en el Senado en el mes de abril de 2010 con modificaciones sustantivas que no fueron aceptadas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por lo que la Minuta fue congelada en la Cámara de Diputados, hasta que nuevamente en el mes de abril de 2011, se reactiva su discusión a partir de una propuesta de dictamen de la Minuta del Senado que recuperaba la iniciativa original de corte estrictamente militarizante.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se unió a las críticas de las organizaciones de derechos humanos y los expertos y en el Diálogo sostenido con los representantes del Poder Legislativo el 28 de julio de 2011, presentó su oposición tajante a que se dictaminara esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional que incorporaría a la seguridad interior como un eufemismo de las tareas de seguridad pública que desde 2008 están expresamente asignadas en el artículo 21 constitucional a las autoridades civiles. La fuerza del movimiento social en contra de esta legislación permitió que no avanzara.
Pero, señala Ordorica, en su análisis, para los mandos del Ejército era aún necesario avanzar, por lo que reseña que un grupo de oficiales de alto rango (el subjefe de Doctrina Militar, el jefe de Asesoría Jurídica, el subjefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estrategia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el jefe de la Sección Quinta) asistieron al Senado para urgir la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional que defina conceptos clave, como el de seguridad interior; que aclare el uso de la inteligencia militar y explique cómo y con qué facultades intervendrá el Ejército en las afectaciones a la seguridad interior.
La presión de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina para contar con un “marco jurídico” que diera sustento a tareas que, dentro de los propios juristas de las Fuerzas Armadas, reconocían como irregulares, propició la reactivación del tema en el año 2016 con la presentación en ambas Cámaras de las dos iniciativas referidas anteriormente.
Desde sociedad civil que estaba en el proceso de construcción de propuestas de combate a la impunidad, una de ellas, la de una Fiscalía independiente y autónoma, se despertó una alerta que dio origen a una amplia conjunción de víctimas, organizaciones y expertos en derechos humanos y en seguridad nucleada en el Colectivo #SeguridadSinGuerra. Durante 2017, se desplegaron acciones para visibilizar los estragos del paradigma militarizante de la seguridad, esencialmente del incremento de la violencia a partir de la letalidad perfecta y del aumento de víctimas de violaciones a derechos humanos, lo que obligó a que, desde el Congreso se abrieran espacios en los que nunca se escuchó realmente ni a expertos ni a víctimas.
En el mes de noviembre de 2017, se aprobó en Cámara de Diputados un dictamen que recuperó esencialmente la iniciativa de los diputados Camacho y Tamayo. La Minuta de la Ley de Seguridad Nacional fue turnada al Senado de la República el 30 de noviembre.
En el Senado, las Comisiones de dictamen simularon convocar a sociedad civil a foros de discusión en un esquema al que llamaron Parlamento Abierto (sin realmente serlo) y el dictamen se procesó con algunos cambios cosméticos con el objetivo de poder argumentar que habían escuchado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Federación de Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tanto la asentada en Ginebra como la de México, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a las universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Iberoamericana, entre otras, a un colectivo de 40 doctores en derecho provenientes de El Colegio de México, del CIDE, de la Ibero, del ITAM, de la UNAM, de la Universidad Anáhuac, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e incluso del Parlamento Europeo, que expresaron de diversa manera e intensidad su rechazo a la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior alertando los graves riesgos que para los derechos humanos y el sistema democrático representaban.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el 15 de diciembre en el Congreso de la Unión y publicada el 21 de diciembre de 2017. Para impugnarla legalmente, se presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por las instituciones del Estado mexicano facultadas para ello, así también un cúmulo de amparos. Al momento está en proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la preparación del proyecto que habrá de discutirse para determinar la inconstitucionalidad de la norma sobre seguridad interior emitida por el Congreso de la Unión.
No abundaremos en el contenido de los recursos jurisdiccionales presentados para impugnar la legislación ante el Poder Judicial ni sobre las dos resoluciones emitidas por jueces de distrito sobre la inconstitucionalidad de la ley, pues nos interesa que el Poder Legislativo ejerza su facultad de control constitucional a través de la facultad constitucional de crear leyes o de abrogarlas si éstas son contrarias al espíritu democrático y al régimen constitucional que las y los mexicanos nos hemos dado.
Acompañamos y hacemos propias las inquietudes de las víctimas, los expertos y organizaciones que conforman el Colectivo #SeguridadSinGuerra, en el sentido de que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior no da solución a...
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