Iniciativa parlamentaria que abroga la Ley de Seguridad Interior., de 19 de Septiembre de 2018
Que abroga la Ley de Seguridad Interior, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
Planteamiento del problema
El 21 de diciembre de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior (LSI). Dicho decreto fue antecedido en su discusión en las Cámaras del Congreso de la Unión por cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos debido al papel preponderante que se les atribuye a las Fuerzas Armadas para auxiliar a las autoridades civiles en las tareas de seguridad pública. De nada sirvieron los llamados y observaciones el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; los rectores de las más connotadas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; artistas; organización y civiles; y más de 250,500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo.
La LSI fue controvertida por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de enero de 2018, contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
En su acción de inconstitucionalidad la CNDH hace valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el hecho de que se desconozca lo previsto por el artículo 21 Constitucional, que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas; así como que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de éstos se hacen a nivel constitucional.
De acuerdo al ombudsman la LSI posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad, encontrándose entre estos motivos y cuestiones tan imprecisas como preservar el desarrollo nacional o el estado de derecho.
Si bien uno de los argumentos básicos que se utilizaron para apoyar la LSI es el que da certeza a la población y a los miembros de las fuerzas armadas, sobre la actuación de estos últimos en tareas de apoyo a la seguridad pública, lo cierto es que, la ley en sus términos actuales no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas, lo más preocupante es que la autoridad civil termine sucumbiendo a las acciones militares sin ningún tipo de controles democráticos, de ahí la importancia para las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática que proponemos que esta norma sea expulsada de nuestro marco jurídico mediante su respectiva abrogación.
Argumentos que la sustentan
A doce años que se tomó la decisión de enfrentar con el Ejército el narcotráfico, el país es hoy más violento e inseguro que hace una...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba