Iniciativa De decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
| Fecha de publicación | 21 Agosto 2002 |
| Fecha de registro | 21 Agosto 2002 |
| Estatus | PENDIENTE EN COMISION(ES) DE ORIGEN, Pendiente, 21/08/2002 |
| Emisor | Cámara de Senadores |
| Autor de la iniciativa | Ejecutivo Federal |
| Legislatura | LVIII |
| Sesión | 2o Receso |
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.
Mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y el desarrollo del país, obedece en gran medida
al suministro de energía eléctrica, lo que ha motivado que se haya convertido en una de las
demandas sociales más sensibles y de oportuna atención.
La electricidad es una fuente de energía esencial para gran parte del quehacer económico y de las
actividades cotidianas de la población, por lo tanto, México requiere de un suministro eléctrico
oportuno y en cantidades suficientes para su cabal desarrollo económico y social. En ese sentido, el
avance del país dependerá sin duda de que cuente con un sector eléctrico moderno y en constante
expansión, que sea capaz de responder a los retos que impone el desarrollo económico y social,
vigoroso y sustentable que todo el país espera.
Por lo anterior, someto a la consideración de esa H. Soberanía la presente iniciativa de reformas y
adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual es parte de un proyecto
legislativo que tiene por objeto la regulación integral de la industria eléctrica, bajo el modelo de
organización industrial que, atendiendo a las circunstancias y necesidades actuales, el Ejecutivo
Federal a mi cargo considera debe adoptarse para que dicha industria alcance un mejor nivel de
desarrollo y esté en condiciones de asegurar en el futuro el abastecimiento de electricidad a la
población.
Las reformas que se proponen, robustecen y dan claridad a los principios constitucionales ya
consagrados, pues subsiste y se fortalece el servicio público de energía eléctrica como área
estratégica exclusiva del Estado. Asimismo, se confirma la posibilidad de inversión social y privada
en el sector eléctrico, y se consolida un marco legal que ofrezca seguridad jurídica y responda a las
necesidades presentes y futuras que requiere el país para su desarrollo.
La industria eléctrica del país ha transitado por distintas etapas en las que el papel de la
Administración Pública ha respondido a las cambiantes condiciones estructurales y a las
necesidades de la nación. La primera de ellas inició en 1897, cuando se construyó la primera planta
hidroeléctrica, y culminó en el año 1920, el cual se caracterizó por una fuerte participación de
empresas privadas nacionales y extranjeras. Las primeras plantas generadoras tenían el propósito de
satisfacer necesidades concretas de la industria. Gradualmente, diversos sectores industriales
comenzaron a demandar energía eléctrica, al constatar que sus procesos productivos mostraban
incrementos importantes en eficiencia, de manera que el servicio empezó a generalizarse.
Hacia 1920 dio comienzo la segunda etapa de desarrollo del sector. La demanda de electricidad
mantenía su incremento y era controlada por unas cuantas compañías, ya que la legislación
aplicable a la materia, constituida por un sistema de concesiones, y las condiciones tecnológicas
prevalecientes en ese momento, fomentaron la aparición de monopolios regionales. Sin embargo,
derivado de los problemas surgidos en el sistema de concesiones, se incrementó la participación del
Estado en el sector.
Dentro de esta etapa se crea la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generación
de Fuerza en 1923, y se expide la Ley de la Industria Eléctrica en 1937, en ese mismo año por
Decreto Presidencial se crea la Comisión Federal de Electricidad. Con ello, la industria eléctrica
operó bajo un esquema mixto, con participación de empresas privadas nacionales y extranjeras y del
gobierno, en generación, distribución local y comercialización.
El mencionado ordenamiento establecía los requisitos para la participación del sector privado en el
sector eléctrico, mediante el otorgamiento de autorizaciones, y la obligación de obtener una
concesión para la realización de todas aquellas actividades que implicaran el aprovechamiento de
recursos naturales de propiedad o dominio directo de la Nación y que a su vez comprendieran el
servicio público de abastecimiento. En aquellos casos no comprendidos en las condiciones
anteriores era suficiente el otorgamiento de un permiso. Esta fue la regulación aplicable hasta 1960.
régimen de concesiones a particulares y se estableció que corresponde exclusivamente a la Nación,
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía que tenga por objeto la prestación
del servicio público, reservándose a la Nación el aprovechamiento de los bienes y recursos naturales
que se requieran para dichos fines.
La tecnología utilizada para la generación de energía eléctrica en los años sesenta, requería de la
construcción de grandes centrales para aprovechar las economías de escala, por lo que la disyuntiva
era la de tener un monopolio privado o uno estatal, lo que orilló al Estado a hacerse cargo de
manera exclusiva de los esfuerzos para integrar el sistema eléctrico nacional y ampliar su cobertura
a todo el país. Con ello, se logró integrar a los distintos sistemas eléctricos regionales existentes en
aquella época y llevar energía eléctrica a prácticamente todas las regiones del país en un momento
en que la inversión pública era la mejor opción para alcanzar estos objetivos.
El gobierno federal estableció un sistema de tarifas único con la nacionalización de la industria
eléctrica, y aplicó un sistema de subsidios que permitió, en 1960, que las tarifas de la Comisión
Federal de Electricidad prácticamente se mantuvieran constantes en términos nominales, hasta
1973, mismo que significó su deterioro en términos reales. La dinámica de crecimiento de la
economía durante el desarrollo estabilizador (mayor al 6 por ciento anual) implicó un costo elevado
para el sector eléctrico, ya que las tarifas no cubrieron los costos de la paraestatal.
estratégica reservada al Estado. La inclusión en el listado de las áreas estratégicas, como sucedió
con los ferrocarriles, se explica en parte, como un reconocimiento al hecho de que el Estado
operaba ya en su totalidad el sistema eléctrico, y el monopolio estatal era considerado como la
mejor opción en ese momento.
El entorno de inestabilidad macroeconómica y de crisis de deuda externa, prevalecieron durante la
década de los setenta e inicios de los ochenta, lo que obligó a la instrumentación de políticas de
ajuste que motivaron una serie de importantes recortes presupuestarios durante los años ochenta y
noventa. Lo anterior limitó la disponibilidad de recursos de inversión pública asignados a la
industria eléctrica, por lo que los programas de obras e inversiones fueron insuficientes para
enfrentar el reto de crecimiento de la infraestructura del sector y garantizar con ello el abasto de la
creciente demanda en las condiciones de continuidad y calidad requeridas en la prestación de este
servicio.
Por la problemática mencionada, el gobierno federal buscó nuevas alternativas que permitieran
ofrecer un servicio confiable, con costos adecuados y mayor productividad y flexibilidad para
atender la demanda de energía eléctrica.
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