El Informe Oppenheimer/ ¿Será histórico el acuerdo contra los 'golpes civiles'?
| Autor | Andrés Oppenheimer |
Cuando el Secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, y 33 Cancilleres latinoamericanos y caribeños se encuentren en Lima, Perú, el 11 de septiembre, anunciarán con bombos y platillos lo que llamarán un histórico acuerdo para la defensa colectiva de la democracia en la región.
¿Lo será, en serio? Tras leer las 13 páginas del borrador del documento que planean firmar, tengo mis dudas. El acuerdo será un paso adelante, pero su texto tiene tantas escapatorias que me temo que los autócratas del futuro encontrarán la forma de evitar que se les aplique.
El documento, provisoriamente llamado Carta democrática interamericana, está destinado a prevenir "golpes civiles" o "autogolpes" llevados a cabo por Presidentes democráticamente elegidos que una vez en el poder empiezan a asumir poderes extraordinarios.
La necesidad de un documento como éste surgió cuando el ex Presidente peruano Alberto Fujimori clausuró el Congreso en 1992, y los países del hemisferio se dieron cuenta de que tenían acuerdos colectivos para sancionar los golpes militares, pero no los "autogolpes".
Tras la salida de Fujimori, muchos diplomáticos temen que el Presidente populista de Venezuela, el ex militar golpista Hugo Chávez, podría intentar un camino similar. Chávez critica públicamente la democracia representativa, que según dice no satisface las necesidades de los latinoamericanos.
En la reciente Cumbre de las Américas en Quebec, el Presidente estadounidense, George Bush, y los líderes de 33 naciones del hemisferio acordaron revisar los tratados de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la defensa colectiva de la democracia, y acordar una nueva Carta Democrática para la región. El documento ha sido objeto de una tensa negociación desde el mes de abril.
Según varios diplomáticos que participaron en las negociaciones, Venezuela fue el mayor obstáculo para la aprobación de un documento con sanciones severas para una vasta gama de medidas antidemocráticas. Varios países caribeños también objetaron los proyectos de resolución iniciales, pero por motivos más de forma que de fondo.
Argentina, apoyada por Estados Unidos y Canadá, se había inclinado hacia un documento que, recogiendo el lenguaje de la Cumbre de Quebec, ordenara la suspensión en la OEA de todo Gobierno que incurriera en "cualquier" interrupción o alteración inconstitucional del orden democrático.
Esta propuesta hubiera cubierto no sólo casos como el "fujimorazo" de 1992, sino, también, violaciones...
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