Industrias evitan pagar 1,500 mdp
Carlos Carabaña
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- En febrero de 2016, pocos meses después de que la empresa alemana Volkswagen enfrentara el descrédito internacional por haber alterado las mediciones de contaminantes en sus carros diesel, otro golpe llegaba a la automovilística. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de México (Profepa) anunciaba, orgullosa, que había impuesto una de las mayores multas de su historia: 168 millones de pesos por haber comercializado 45 mil Audis, Bentleys, Porsches, Seats y Volkswagens sin certificado ambiental.
Pero casi cuatro años después, el gobierno no ha visto un peso de semejante monto. La multinacional alemana presentó un recurso en el que aseguraba que todo se debió a un error administrativo interno y, hasta que concluya el litigio, no podrá cobrarse la multa. Esta historia es el esquema básico de la gran mayoría de las multas impuestas a la industria por parte de la procuraduría ambiental. De los mil 740 millones de pesos con los que han sancionado a casi 5 mil empresas desde 2012 hasta agosto de 2019, sólo se han cobrado 193. Un ínfimo 11%.
En el análisis de los datos de un enorme listado de multas y sanciones facilitado vía transparencia por la dependencia federal, se observa que la institución encargada de que se cumplan las leyes ambientales en México impuso 16 mil 923 multas a diversas industrias por todo el país. De éstas, sólo se pagaron 3 mil 728. Representantes de la procuraduría aseguran que se debe a que las empresas recurren a estrategias legales para retrasar al máximo el pago de las mismas.
Un problema sobre el que advirtió hace ya más de dos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que solicitó a la Profepa que evaluara y diera solución a "las causas por las que no fueron recaudados" esos cientos y cientos de millones de pesos. Expertos en derecho ambiental consultados por EL UNIVERSAL opinan que las multas en México, además de no pagarse, son muy bajas y esto causa que la misión principal de una sanción, que es servir de advertencia y ejemplo de las consecuencias a otros posibles empresarios e infractores que se estén saltando las leyes, se anule completamente.
"Digamos que pongo una sanción a una empresa automotriz, que tiene que obtener los certificados para sus automóviles estén conforme a la norma, pero no me acredita que los tenga", ejemplifica Silvia Rodríguez Rosas, subprocuradora jurídica de la Profepa: "Entonces le impongo una multa por...
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