Ignacio Salazar Mariscal / Descriminalizar las drogas

AutorIgnacio Salazar Mariscal

Ante los elevados costos de violencia social y de salud pública que conlleva el consumo de drogas ilícitas, varios expresidentes de América Latina han propuesto su descriminalización para quitarle el carácter punitivo.

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch ha pedido a los países miembros de la OEA la despenalización del consumo de drogas y la aplicación de políticas preventivas que contribuyan a disuadir el consumo de estupefacientes (MURAL, 05/06/13).

Ambas propuestas coinciden en el sentido de no penar el consumo de drogas. Ello es razonable si consideramos que se castiga con prisión a un gran número de personas de grupos marginados por poseer un poco más del mínimo autorizado por la ley para su consumo.

La mayor parte de los efectos más graves de la droga sobre la salud y el status social del drogadicto dependen de las condiciones en las que el consumo de la droga ilícita se realiza en un régimen de prohibición; la calidad de las sustancias que llegan a la calle, no controladas, por el hecho de ser una mercancía ilícita; los precios elevados de la droga, que tienden a colocar a los adictos en los ámbitos criminales del comercio para procurársela.

Los efectos negativos de la criminalización de la droga sobre el sistema de la justicia penal han polarizado una parte de la opinión pública nacional. No obstante los éxitos de los que los medios de comunicación cotidianamente nos informan (detenciones, confiscación de sustancias prohibidas), no se puede notar un considerable impacto de la represión penal sobre la circulación de la droga y su consumo.

El aumento de la población carcelaria debido a las detenciones por drogas, así como el consumo de ellas y sus derivados baratos en las cárceles del País, son parte de los costos sociales de la criminalización sobre el sistema de justicia penal. Resulta paradójico que personas que consumen droga son arrancadas de la calle y confinadas, como reacción a esta actitud, en lugares cerrados en los que la circulación de la droga se presenta en una concentración mucho mayor que en el mundo exterior.

El elevado índice de reincidencia y el escaso éxito preventivo, que son características de la intervención penal, exponen al sistema de la justicia a una potencial crisis de legitimación y credibilidad, más evidente aún de la que se produce en general con respecto...

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