Humberto Musacchio/ Los culpables del espionaje político

AutorHumberto Musacchio

Joaquín López-Dóriga, haciendo uso de un derecho internacionalmente reconocido, pasó al aire la grabación de una charla telefónica entre Raúl y Adriana Salinas, conversación que si tiene algún valor jurídico resulta altamente comprometedora para el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y que, por eso mismo, es material de interés público y caso de gran valor periodístico.

Pasar al aire esa grabación ha dado pie para que, nuevamente, algunos académicos metidos a periodistas y políticos con larga cola pisable exijan amordazar a la prensa. Lo mismo ocurrió hace unos días, cuando Miguel Badillo, reportero de El Universal, hizo pública una conversación del Presidente electo presumiblemente grabada por el Cisen, lo que hizo que Fox pidiera que los periodistas revelen sus fuentes, demanda que ratificó alegremente su vocera, la señora Martha Sahagún.

Un caso más lejano, pero no olvidable, fue cuando Reforma reprodujo la grabación de unas conversaciones entre Joseph Marie Córdoba Montoya y una ex locutora cercana a personajes ligados al narcotráfico. No era algo de poca monta, pues el señor Córdoba había estado en el centro de los asuntos de seguridad nacional. Entonces como ahora, las almas buenas condenaron a este diario, no a quienes hicieron legal o ilegalmente la grabación ni mucho menos al citado personaje, quien fue una especie de vicepresidente en funciones durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Este afán de someter a los medios y a los periodistas equivale a buscar los objetos extraviados en la luz, aunque se hayan perdido en la oscuridad. Pero esta pretensión de obstruir las tareas informativas o de culpar a la prensa de todos los males, como el presunto suicidio de Raúl Ramos Tercero, es atacar los efectos, no las causas; es apuntar a los resultados, no a los males de origen.

No es cualquier cosa que el Presidente electo esté sometido a espionaje telefónico. Sin justificarlo, cualquiera se puede explicar que lo estén los periodistas y los líderes políticos y sociales. Pero que lo esté ni más ni menos que el Presidente electo resulta alarmante, porque, fuera del Presidente en funciones, se trata del personaje que se supone más protegido. Si a él le ocurrió eso, cualquier ciudadano está expuesto a esos métodos orwellianos y todos somos susceptibles de chantaje si así conviene a quien tenga las grabaciones, pues de otra manera puede revelar nuestra intimidades o hechos comprometedores.

Otra conclusión que arroja este caso es que...

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