Gilberto Rincón Gallardo / Lo que no caduca

AutorGilberto Rincón Gallardo

En los sistemas jurídicos nacionales siempre existe la prescripción de los delitos, es decir, límites temporales dentro de los cuales la autoridad puede ejercer la acción penal contra un presunto delincuente, y superados los cuales el delito no puede ya ser perseguido. Esta figura de la prescripción es necesaria, entre otras cosas, para no inundar al sistema judicial con una cantidad inmanejable de casos abiertos y, desde luego, para apurar al propio sistema de justicia a que resuelva en plazos relativamente cortos los procesos que conduce. Sin embargo, en lo que tiene que ver con cierto tipo de delitos esta figura jurídica es discutible.

En el caso particular de la llamada Fiscalía especial para delitos políticos del pasado, la figura de la prescripción se está convirtiendo en un fantasma que amenaza con dar al traste con todos los procesos que esta instancia legal ha abierto. A partir de la consideración de un juez de Nuevo León de que los delitos de secuestro, homicidio, torturas y otros que persigue esta fiscalía ya han prescrito, es muy probable que atestigüemos, en el corto y mediano plazos, una serie de resoluciones jurisdiccionales que limiten la persecución de delitos de lesa humanidad que se dieron en décadas pasadas en México, principalmente contra opositores políticos.

Sería una verdadera derrota para la democracia mexicana que fracasaran los intentos de arrojar luz, en términos legales, sobre uno de los periodos más ominosos de nuestra historia reciente. Uno de los efectos no deseados del disfrute de las libertades democráticas en un país es que a veces conllevan el olvido o la minimización de la ferocidad del autoritarismo del pasado. Esto pasa no sólo en México, sino en países como España o Chile, donde las transiciones democráticas, bienvenidas en todos los sentidos, han sido poco estimulantes para alimentar la memoria histórica de las nuevas generaciones.

Si la democracia no genera de manera inercial el ambiente de reclamo social para castigar los crímenes políticos del pasado, es una obligación de las instituciones democráticas hacer justicia en este terreno para mostrar la superioridad de la propia democracia respecto de cualquier otro régimen.

De la misma manera en que un sistema democrático tiene compromisos con las generaciones presentes y futuras, también los tiene, y acaso más concretos, con las generaciones previas que pagaron los costes del proceso de democratización. En México, la represión gubernamental contra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR