¿Gasto social o reforma fiscal? La paradoja

Fecha de publicación29 Septiembre 2023

Por Jimena Ortiz

México ha transitado, desde el año 1990, por diferentes medidas de política social, que se mantuvieron en lo esencial hasta 2018, pero que con la administración del gobierno del presidente López Obrador se modificaron sustancialmente, con resultados muy divergentes -al menos en las cifras oficiales- que deberían ir acompañadas de cómo sustentar tales políticas, pues deben provenir de un sistema fiscal sólido y equitativo. Esto nos lleva a la pregunta de quién debe “subsidiar” tales medidas: o bien a través de una reforma fiscal necesaria, que podría volver a transitar hacia el cobro del IVA a alimentos y medicinas, a cambio de mayores programas sociales, o bien si el gasto social se debería financiar con impuestos generales.

Para generar mayores recursos para el desarrollo social, el presidente Fox promovió sin éxito, durante el 2001 una reforma fiscal con el objetivo de lograr un menor nivel de endeudamiento público y un aumento del ahorro interno del sector privado de 3 puntos del PIB. Pese a que el gobierno de Fox reconoció el grave rezago y la inequidad social existente entre etnias, regiones y generaciones en México, argumentó la insuficiencia de recursos para impulsar y fortalecer los programas sociales. Entonces, el gobierno federal propuso a la Cámara de Diputados homologar la tasa general de impuesto al valor agregado (IVA) que el presidente Zedillo había logrado subir a 15%, y retirar la exención del pago del IVA a alimentos, medicinas, servicios médicos, colegiaturas, libros, periódicos y revistas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales de aquel tiempo, para el ejercicio fiscal 2003, se esperaba recaudar 225 mil 154 millones de pesos (mdp) por concepto de IVA, cantidad equivalente a 3.4% del PIB. Se señalaba que la tasa de 0% en alimentos y medicinas era la principal causa de erosión en la recaudación del IVA, para el ejercicio fiscal 2003 se estimaba en casi 82 mil mdp por ambos conceptos, según documentó el mismo Congreso.

Las críticas a la propuesta del entonces Ejecutivo Federal fueron numerosas. Varios sectores la consideraron regresiva en términos de derechos fundamentales, incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual obliga a México a tomar medidas para aumentar gradualmente el gasto social, mejorar la distribución de la riqueza y combatir la creciente desigualdad en los ingresos. La reforma fiscal de Fox, en teoría, se comprometía a fortalecer la responsabilidad social del Estado en áreas como la educación, salud, seguridad social, desarrollo agrícola y lucha contra la pobreza. También prometía abordar la evasión fiscal y crear equidad en los impuestos...

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