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Gasolina, dinero público y elecciones

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Vincent

César Astudillo*

EL UNIVERSAL

Hace cuatro décadas comenzó la reformulación del sistema representativo mexicano. Era 1977 y con el propósito de sembrar la semilla del pluralismo político se procedió inicialmente al reconocimiento constitucional de los partidos, se les dotó de representación proporcional para garantizar su presencia en el Congreso, y se instrumentaron apoyos para impulsar el enraizamiento de un sistema de partidos estructurado, competitivo y de alcance nacional.

A partir de entonces el financiamiento público constituyó el combustible que permitiría hacer más competitiva y plural nuestra democracia electoral. Hoy, paradójicamente, el incremento a los combustibles está orillando a tomar drásticas decisiones, entre las que debería encontrarse la cancelación, o reducción al menos, del dinero público que se destina a la política.

Y es que las reformas electorales impulsadas desde 1977 han incidido en varios aspectos de nuestro edificio electoral, pero lo que no dejaron de hacer fue abonar privilegios para acrecentar la escalada de prerrogativas de los partidos políticos. Inicialmente se les concedió el uso permanente de los medios de comunicación social, enseguida se les abrió la puerta del financiamiento público para el sostenimiento de su actividad política y para hacer frente a las campañas electorales, de manera complementaria al financiamiento proveniente de sus militantes y organizaciones simpatizantes; asimismo, se les exentó del pago de impuestos y derechos, se les reconocieron franquicias postales y telegráficas y se les apoyó en sus labores editoriales. Más tarde se le aprobó el reembolso del 50% de los gastos realizados en actividades de educación y capacitación.

En 1996 se institucionalizó el apoyo a la gestión de los partidos mediante las arcas del Estado al establecerse que el dinero público debía primar sobre el privado, y como consecuencia de ello, se acordó que al margen del financiamiento aportado por la federación, debían incorporarse 32 fuentes de financiamiento adicionales para que los partidos tuvieran acceso al financiamiento ordinario y de campaña a través de distintas fórmulas de cálculo y, por ende, en diferentes parámetros económicos, en las respectivas entidades federativas en las que competían por el poder. A esta escalada de apoyos se sumó la gratuidad del acceso a miles de spots en radio y televisión, producto del nuevo modelo de comunicación política, y se adicionó una nueva y...

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