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Ganan españoles pago de 45 mdd por caso Zimapán

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Vincent
AutorVíctor Fuentes y con información de Verónica Jiménez

México deberá pagar entre 42 y 45 millones de dólares a las empresas españolas Abengoa y Cofides, por la negativa del Ayuntamiento de Zimapán, Hidalgo, de permitir la operación de un confinamiento de residuos peligrosos que ya había sido construido.

Luego de más de tres años de litigio, un tribunal arbitral resolvió que el ex Presidente Municipal de Zimapán, el perredista José María Lozano, violó el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre México y España al bloquear la operación de un confinamiento que contaba con los permisos para funcionar.

"Estaba probado que el confinamiento tenía permiso de la Semarnat e incluso del ayuntamiento, pero éste fue desconocido por el Alcalde", confió una fuente del Gobierno federal cercana al caso.

"La violación al tratado internacional derivó exclusivamente de la conducta de la autoridad municipal".

El panel de tres árbitros, integrado en el Centro de Resolución de Controversias de Inversión del Banco Mundial, emitió su laudo el 18 de abril, y el documento se mantiene en reserva, pero la fuente gubernamental consultada confirmó el monto de la condena, que no está fijado en definitiva porque dependerá del tipo de cambio al momento del pago.

REFORMA solicitó la versión pública del laudo por medio de la Ley Federal de Transparencia desde el 26 de abril, pero hasta ahora no ha sido entregada por la Secretaría de Economía (SE).

Las firmas españolas, representadas por el despacho mexicano Solórzano, Carvajal, González y Pérez Correa, demandaron 96 millones de dólares, pero lo habitual en estos litigios es pedir un monto lo más elevado posible.

Hasta ahora, la secretaría no ha apelado el laudo arbitral por la vía judicial y es probable que no lo haga, pues en el pasado esa estrategia sólo ha servido para incrementar el costo de este tipo de litigios, en los que México es representado desde hace más de quince años por tres despachos de Estados Unidos y Canadá que, entre 2003 y 2010, cobraron casi 18 millones de dólares por honorarios.

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