Gabriel Quadri/ El legado de los segundos pisos
| Autor | Gabriel Quadri |
La saga del segundo piso al Viaducto y al Periférico podría parecer una simple comedia de enredos administrativos y políticos, de no ser por los inquietantes rasgos de atropello a la legalidad, a la razón técnica y al interés público que va desarrollándose. Empezó, al margen de todo marco de planeación, como una simple ocurrencia para atraer nuevas clientelas a causas partidarias. Siguió adelante saltándose las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Se marginó a las dependencias del gobierno local que están expresamente facultadas para emprender este tipo de proyectos (Secretaría de Obras, Secretaría de Transporte y Vialidad), y, de manera extravagante se encargó la obra a instancias con atribuciones muy distintas e incluso contradictorias (Secretaría de Medio Ambiente). Con ello, además de manifestarse un desdén absoluto por la lógica institucional, se creó un fuerte riesgo de duplicidad e ineficiencia, además de configurarse un evidente conflicto de interés entre quien promueve una obra y quien por Ley está obligado a llevar a cabo su dictaminación.
Enseguida, y en contra de la legislación que regula las adquisiciones y la obra pública, se adjudicó sin licitación el contrato para realizar el proyecto. Tampoco se licitaron los estudios de impacto ambiental y de impacto urbano, los que se realizaron sobre las rodillas y en tiempos y condiciones inaceptables en los términos de la letra y el espíritu de la ley, y fuera de toda referencia en lo que respecta a los procedimientos administrativos que en la materia se llevan a cabo de manera normal. Más aún, el documento resultante no será dictaminado por la autoridad ambiental federal, como lo establece la legislación para proyectos que afectan a más de una entidad federativa (en este caso al Distrito Federal y al Estado de México), sino por las mismas personas y entidades que promueven la obra -algo contrario a principios elementales del derecho.
El estudio de impacto ambiental, que debiera estar a disposición real de cualquier interesado, se "abre" a consideración de la ciudadanía de una manera que sólo puede provocar enojo, estupor o una sonrisa irónica: se trata de un único ejemplar en papel que no puede ser fotocopiado ni reproducido por ningún otro medio electrónico, ni removido de la mesa en que se ha colocado. Con ello se justifica una llamada "Consulta Pública" que tendrá lugar dentro de pocos días y que en una sola jornada pretende ventilar...
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