FRONTERA INVISIBLE / Fuego cruzado
| Autor | Sergio Muñoz Bata |
Como era de esperarse, los acercamientos del Papa Benedicto XVI a los inmigrantes durante su gira por Estados Unidos y su exhortación a los obispos norteamericanos a "acogerlos compartiendo sus gozos y sus esperanzas; apoyándoles en sus desventuras y tribulaciones y ayudándoles a que florezcan en su nuevo hogar", le han generado una crítica feroz desde los sectores más xenofóbicos del país.
Peor aún, el mismo día en el que el Papa Benedicto XVI y el Presidente George W. Bush destacaban la centralidad del respeto a los derechos humanos de los inmigrantes y la protección de la unidad familiar, el Servicio de Inmigración realizaba redadas en plantas de procesamiento de pollos en Texas, Arkansas, Florida, Virginia del Oeste y Tennessee; en una fábrica de donas en Houston y en una cadena de restaurantes mexicanos en el estado de Nueva York, que significarán la deportación de cientos de trabajadores y por ende la separación de familias.
Tampoco le fue bien al alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, por criticar las incursiones del Servicio de Inmigración a centros de trabajo con el consiguiente "severo y perdurable impacto negativo" a la economía local. Un impecable argumento que subraya la innegable dimensión económico-laboral del fenómeno migratorio.
Otro personaje público importante que en estos días ha estado bajo fuego cruzado por un asunto relacionado de manera tangencial a la inmigración ilegal, es el jefe de la policía de Los Angeles, William Bratton. Concretamente, Bratton ha tenido que enfrascarse en una serie de batallas defendiendo la Orden Especial 40, que le prohíbe a los policías de la ciudad detener a una persona con el único propósito de indagar su situación migratoria en el país.
La Orden Especial 40 data de 1979 y fue aprobada por Darryl Gates, un jefe de la policía que aún cuando nunca se distinguió por su aprecio a la comunidad latina, siempre entendió que para asegurar la cooperación de los latinos en investigaciones sobre actos criminales era necesario garantizarles la separación total entre los agentes de la policía y los del Servicio de Inmigración.
Desde su origen, la orden fue controvertida y mal entendida hasta por los policías pero, en realidad, el texto de la Orden Especial establece que ante un ilícito, la policía sí puede indagar sobre el status migratorio de la persona que lo comete, pero nunca sin que medie la presunción de un delito.
La evidencia de su funcionamiento es copiosa. El año pasado, por ejemplo...
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