Frontera Invisible / Abuso de autoridad

AutorSergio Muñoz Bata

El reporte publicado por la oficina de investigaciones internas del Departamento de Justicia no admite duda. En las investigaciones posteriores al 11 de septiembre, los agentes encargados de procurar justicia abusaron de 762 inmigrantes, detenidos bajo la sospecha de tener vínculos con organizaciones terroristas.

A todas estas personas, en su inmensa mayoría musulmanes procedentes de Paquistán, se les trató de manera "excesivamente severa". Más grave aún: a todos ellos se les negó el proceso debido y el tratamiento honorable que toda persona merece, independientemente de su condición migratoria.

La mayoría de estos inmigrantes fueron detenidos por faltas menores, como violaciones de tráfico o por ser mencionados de manera anónima como "musulmanes sospechosos". Una vez bajo custodia se encontró que todos los detenidos habían cometido alguna violación a las leyes de inmigración. La mayor parte de ellos fueron deportados por las violaciones a las leyes migratorias. Pero a ninguno se le encontró vínculo alguno con organizaciones terroristas.

En términos generales, revela el reporte, las condiciones de su confinamiento contradicen las normas que imperan en un país democrático en el que rige el estado de derecho. Muchos de ellos estuvieron detenidos más de un mes sin ser informados de los cargos que enfrentaban; otros carecieron de asistencia legal; varios más fueron víctimas de abuso físico y verbal.

En todos los casos, la conducta de las autoridades violó las garantías constitucionales que esta nación orgullosamente proclama como propias. A pesar de las abundantes evidencias presentadas en el reporte, la vocera del Departamento de Justicia se niega a reconocer el abuso.

Según Barbara Comstock, Justicia actuó con apego a la ley y "no tiene que disculparse por haber utilizado todas las formas legales a su alcance para proteger al pueblo estadounidense de más ataques terroristas". La crítica del reporte coincide con las críticas hechas por organizaciones defensoras de los derechos civiles y por algunos miembros del Congreso.

Y no sólo eso. Según se asienta en el nuevo reporte, hubo también abogados del Servicio de Inmigración y Naturalización que expresaron su desacuerdo, de manera "vehemente," con el trato...

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