Francisco Martín Moreno / Una infamia política
| Autor | Francisco Martín Moreno |
Quién es más culpable ante la ley, ante la nación y ante la historia, ¿el extorsionador profesional que descubre un escandaloso desfalco en las arcas públicas y en lugar de denunciar al presupuestívoro ante las autoridades competentes y de aplicar la ley para guardar y hacer guardar la Constitución, decide ilícitamente chantajear al delincuente, amenazándolo con la pérdida de su libertad personal y la de sus prestanombres, de no someterse a sus designios para incrementar su poder político?
El Presidente de la República o cualquier funcionario comete el delito de extorsión si amenaza a un gobernador o a un legislador o a un ministro de la Corte, magistrado o juez con revelar o compartir públicamente hechos de relevancia que hagan referencia a su vida personal que involucren a su familia o círculo social a cambio de obtener una recompensa, en este caso política, de beneficio único para el chantajista.
El Artículo 390 del Código Penal Federal establece que quien "sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa".
El texto continúa en los siguientes términos: "Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza... por servidor público... En este caso, se impondrá además... la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público".
En los hechos, son incontables los gobernadores de la oposición, entre otros funcionarios, auténticos malhechores, que podrían ser acusados de desfalcos, de malversación de fondos, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero, entre otros severos cargos justificados, de no garantizar el triunfo electoral de los candidatos presidenciales extraídos de los pozos mefíticos de la 4T, que no sólo prostituye nuestro servicio exterior al nombrar representantes diplomáticos que deberían purgar penas corporales en prisiones federales, sino que todavía les permite disfrutar en el extranjero su fortuna espuria obtenida después de haber defraudado a la nación.
La estrategia es muy simple: se trata de auditar las finanzas personales de los gobernadores salientes de la oposición, para encontrar hechos constitutivos de delito, como la adquisición de propiedades inmobiliarias en México o en el mundo, durante sus respectivas gestiones oficiales, o...
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