En flagrancia / Menores peligrosos
| Autor | Gustavo Fondevila |
La semana pasada, dos menores de edad fueron detenidos bajo la acusación de robar automovilistas en Avenida Constituyentes (Delegación Miguel Hidalgo) con una réplica de arma de fuego. Por la edad de los chicos, el caso no se judicializó y fueron liberados cuando los padres fueron a buscarlos.
Pocos días después, una cámara del C5 los grabó nuevamente asaltando a conductores en la misma Delegación. Al parecer pertenecen a una banda delictiva llamada "Los Diablitos" de la zona de Colonia Ampliación Daniel Garza (Alatorre y Rincón Gallardo).
En general, el Ministerio Público se desentiende de estos casos porque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes indica que solo se puede imputar delitos a partir de los 14 años sin importar el daño que hayan causado. Técnicamente se debe implementar un protocolo y ordenar el tratamiento en el DIF con los familiares. Pero en la práctica, si el MP no puede acusar e imputar, no muestra mayor interés.
HAY QUE PENSARLO AL REVÉS
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH), Nashieli Ramírez, objetó la liberación y mala aplicación de los protocolos para dar seguimiento al caso. Pero lo cierto es que el MP no se equivocó porque en el fondo es poco lo que se puede realmente hacer. Al punto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Pérez Juárez, declaró que era necesario reformar la Ley de Justicia para Adolescentes y el Sistema de Justicia para poder sancionar a infractores sin necesidad de privarlos de la libertad.
Todos tienen razón: hay que hacer algo. Pero la solución "institucional" es un riesgo. De hecho, solo hay que darle una mirada al funcionamiento actual de los centros de internamiento de adolescentes para comprender que están lejos de tener el efecto deseado: reinsertar correctamente a los menores y evitar que sigan el camino de la delincuencia.
Según el Inegi (Enasjup, 2017), en los centros de la Ciudad de México al 25 por ciento de los adolescentes victimizados le robaron sus pertenencias y el 12 por ciento sufrió lesiones. De los que tuvieron que pagar (corrupción) para acceder a servicios y beneficios, el 31.3 por ciento pagó para acceder al médico, 28.7 por ciento para tener comida, 26.9 por ciento para tener agua, 23.7 por ciento para ir al Juzgado (audiencias) y 22.9 por ciento para poder ir al baño.... No parece ser el mejor escenario para reinsertar a un chico.
Y las sanciones internas no se quedan atrás e incluyen...
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