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En flagrancia / Juicio a la tortura

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Vincent
AutorGustavo Fondevila

En noviembre del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitió la Recomendación 14/2014 en la que se recopilaban 47 casos con 95 víctimas de tortura en el DF entre 2007 y 2013 (golpes, asfixia, choques eléctricos, aislamientos, humillaciones, vejaciones, tratos crueles, violencia sexual, tortura sexual, tocamientos, acoso, violaciones, etcétera). Se exigía la reparación del daño e indemnización para las víctimas y el inicio de procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos involucrados. Seis meses después de esta Recomendación, según una investigación de REFORMA, todavía no hay nadie consignado por este delito. Y esto es un tecnicismo. Lo realidad es que nadie ha movido un dedo (ni lo va a hacer).

EL ROL DE LOS JUECES

A pesar de la enorme gravedad de este asunto y lo doloroso que pueda ser para la conciencia moral de la sociedad, hay que reconocer que la tortura no es un verdadero problema para las autoridades. Es una preocupación para la Comisión de Derechos Humanos del DF, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, especialistas, activistas, etcétera, pero no lo es para las instituciones de seguridad y procuración de justicia. En una ciudad con una clase media y alta aterrorizadas por la criminalidad (real o imaginaria), la tortura es un problema menor propio de países desarrollados o de situaciones con menores índices de victimización. La Policía ha sido increíblemente eficiente en convencer con un argumento básico: la tortura consigue información vital para la resolución de un crimen. Esto es falso, pero a nadie le importa. Hay infinidad de estudios que señalan que la tortura no genera necesariamente información y que es usada habitualmente sólo para incriminar. Pero, se tortura a una población con escasas influencias y capacidad de presión política, económica, social, etcétera. Aunque con excepciones, se trata...

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