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En flagrancia / Defendidos por el diablo

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Vincent
AutorGustavo Fondevila

El viernes pasado se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) el interno Roberto Zamarrón Atilano del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Desde que comenzó en 2012, un total de 12 internos han terminado sus estudios universitarios y posiblemente antes de fin de año, otros 17 internos se gradúen por diferentes centros universitarios, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y la UACM. Una buena noticia que llega desde un lugar donde generalmente vienen malas noticias. A pesar de la falta de agua, los problemas de atención médica, la violencia, los delitos, etcétera, de los reclusorios del DF, algunas personas se salvan o buscan salvarse por la vía de la esperanza, del esfuerzo y la legalidad. Y también es una señal de que quizás, si las cárceles no estuvieran tan hacinadas, se podrían hacer más cosas...

LOS NÚMEROS DE LA DEFENSA

¿Pero es posible hacer espacio? En el DF hay alrededor de 42 mil personas en prisión. De esa cantidad, aproximadamente el 43 por ciento está en prisión preventiva (Zepeda, 2013). Si ahora se considera que el 70 por ciento de los delitos reciben condenas menores a los 3 años, se puede pensar que el camino más sencillo es disminuir los números actuales de reclusos, si las autoridades se enfocan en la prisión preventiva. Habitualmente, todo el mundo cree que el problema del uso extensivo de la prisión preventiva es un marco institucional muy duro, ministerios públicos (MP) y jueces que no tienen incentivos para aplicar la libertad condicional y procesos judiciales prolongados. Pero hay otro factor que jamás se toma en cuenta: los defensores.

Uno de los derechos básicos de cualquier detenido es saber si tiene derecho al beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, solamente en el 15.6 por ciento de las detenciones por delitos no violentos se informa a los sospechosos (CIDE, 2014). Hay una responsabilidad indirecta del MP que debería informar...

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